Sinaloa se ha consolidado como el epicentro de la violencia de género en México durante el primer trimestre de 2026, encabezando la lista nacional con 15 feminicidios, cifra que representa el 10.1% del total del país y supera en cuatro veces la media nacional. Esta crisis de seguridad tiene su foco rojo en Culiacán, municipio que por sí solo concentra casi uno de cada diez feminicidios en México y donde se registra, en promedio, un asesinato de mujer a la semana. Pese al discurso oficial de la Secretaría de las Mujeres que resalta las políticas de la administración saliente, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo revelan una realidad cruda: una estela de inseguridad heredada por el gobierno de Rubén Rocha Moya, caracterizada por 19 denuncias diarias de violencia familiar y una alarmante incidencia de delitos sexuales que contradicen los informes de resultados institucionales.

La estructura de poder que llevó a Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa en 2021 se encuentra hoy bajo el escrutinio internacional, tras las graves acusaciones del Departamento de Justicia de los EE. UU. que vinculan a su administración con una presunta colusión con la facción de "Los Chapitos". Este grupo, que presuntamente cogobernó el estado con el crimen organizado, está integrado por una cúpula de alto nivel que incluye al expresidente Andrés Manuel López Obrador como el "gran elector", a operadores políticos de peso como Mario Delgado, Citlalli Hernández, Américo Villarreal y Ricardo Monreal, así como a un staff de campaña —encabezado por figuras como Enrique Inzunza y Alejandro Higuera— cuyos miembros saltaron de la movilización electoral a puestos clave en el gabinete estatal y municipal, consolidando una red política hoy señalada por utilizar el aparato público para favorecer intereses delictivos.

El jefe del Ejecutivo estatal y la presidenta Sheinbaum encabezaron en Bahía de Lobos la firma del decreto de restitución de tierras e inauguraron el Comedor Escolar de la Niñez, como parte del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui. El Plan de Justicia registra avances sustantivos en agua, tierra y territorio, con restitución de 45 mil 794 hectáreas y una inversión acumulada de 18 mil 356 millones de pesos en acciones de justicia social para la etnia.