“Estas personas prendían fuego y dejaban atravesadas las unidades en cada una de las arterias viales por todo Puerto Vallarta”, cuenta Mauricio Lira Camacho. “Transcurrieron más de 10 horas sin ningún pronunciamiento del gobierno local, la estatal tampoco salió, las unidades de bomberos no salieron, tenían orden de no salir, tampoco las unidades de tránsito”. 

El caso de la regidora de Ocotlán, Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez, exhibe un grave ejemplo de posesión ilegal de fauna silvestre y posible tráfico de especies en peligro de extinción. Tras viralizarse un video donde golpea a un mono araña, la funcionaria negó ser la propietaria del animal, pero imágenes y publicaciones previas la contradicen. Expertos advierten que al mentir a la Profepa agravó su situación jurídica, pasando de una infracción administrativa a posibles delitos federales de posesión, transporte y tráfico de fauna silvestre, con penas que podrían alcanzar hasta nueve años de prisión. El caso, que involucra a un animal catalogado en peligro de extinción, refleja tanto la impunidad con la que operan servidores públicos como las fallas estructurales en la vigilancia ambiental en México.