Las irregularidades en los cateos de la Fiscalía de Guanajuato 

Abogados denuncian cateos ilegales en Guanajuato. (Imagen ilustrativa)

EMEEQUIS.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato arrastra un estigma: actos ilegales durante sus cateos, tanto en la administración de Carlos Zamarripa como en la actual gestión de Gerardo Vázquez Alatriste. Estas prácticas han generado problemas de acceso a la justicia para las personas afectadas y un caldo de cultivo para la corrupción, según denuncia un grupo de abogados entrevistados por EMEEQUIS. Asimismo, esta casa editorial realizó una revisión documental sobre denuncias y casos de presuntas malas actuaciones por parte de la institución, que han llegado hasta instancias internacionales.

Esta historia inicia durante la administración de Zamarripa, quien desde distintas tribunas, tanto de la oposición como del Gobierno federal, fue señalado por participar en un sistema de corrupción y colusión que contribuyó a la crisis de violencia en Guanajuato, estado gobernado actualmente por el PAN y que registra una de las tasas más altas de homicidios del país. 

En este contexto, según los abogados consultados por EMEEQUIS, los cateos con irregularidades se dispararon durante la actual administración. Hay que entender este fenómeno en medio de una alta inseguridad dentro del estado. Por dar algunos datos, Guanajuato fue para abril (mes de corte de las autoridades federales) el estado con más homicidios, en un empate con Chihuahua, con un total de 129 homicidios durante ese mes. Guanajuato acumuló el 8.2% de los homicidios a nivel nacional, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La información obtenida por transparencia también señala que, de enero de 2016 a 28 de febrero de 2026, se realizaron 7 mil 569 cateos hasta febrero de 2026, según cifras de la propia Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Fue el propio fiscal quien presumió en sus redes sociales y en su informe presentado en marzo que su administración había realizado, durante 2025, 2,150 técnicas de investigación de cateo, es decir, 87% más que el año previo. Esto significa que el 28.41% de los cateos realizados durante estos 10 años se realizaron en la nueva administración de la fiscalía.

Cabe recordar que la institución admitió por transparencia haber gastado 485 mil 906.60 pesos en este primer informe, incluidos 33 mil 834 pesos destinados a la difusión de ejemplares del texto, “además de los estuches o empaques para contenerlos”.

CASOS DE VIOLENCIA Y TESTIMONIOS SOBRE EL MODUS OPERANDI

Uno de los casos recientes más controversiales fue el de un hombre que murió después de un operativo en marzo. Habría sido en Purísima del Rincón, y el fallecimiento se dio luego de que el hombre sufrió “lesiones internas” tras una golpiza de agentes de la Fiscalía General del Estado (según denunciaron los familiares). Su esposa también sufrió golpes como parte del ataque. La institución negó el hecho y aseguró que la víctima mortal sufrió una caída el 31 de marzo, sin relación con el operativo, que ocurrió el 26 de marzo.

Cabe destacar que diversos cateos han sido denunciados por presuntos actos de extorsión, manipulación de pruebas y violaciones al debido proceso, entre otras irregularidades. Además, existen más señalamientos sobre actuaciones violentas por parte de agentes ministeriales. Un ejemplo es el caso documentado por Artículo 19 sobre un reportero que fue golpeado brutalmente por elementos de la Fiscalía y que ha sido confirmado por comunicadores de Guanajuato con los que EMEEQUIS tuvo contacto.

Guanajuato: La historia de irregularidades de la Fiscalía y las anomalías que continúan

“(El reportero) Macario Sierra, de los medios Guanajuato Sur Noticias y La Crónica de Guanajuato, fue agredido físicamente, amenazado y sufrió robo de su equipo de telefonía por parte de seis elementos del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato”, explica un comunicado de la organización.

“Durante la cobertura de un operativo y cateos en la comunidad de San Antonio de las Maravillas, en Juventino Rosas, Macario Sierra documentó con fotografías y vídeo las agresiones a varias mujeres por parte de los elementos y el decomiso de una motocicleta”.

“Cuando el periodista Macario Sierra se encontraba solo en un punto en el que no hay cámaras del C5 fue abordado por elementos del grupo GERI, quienes, de acuerdo con el testimonio del periodista, descendieron de dos unidades y sin cruzar palabra ni atender las identificaciones de prensa que mostró, lo amagaron, golpearon en la cabeza y cuello con las cachas de las armas y le propinaron golpes con puños y patadas en el cuerpo hasta quitarle el teléfono celular con el cual el periodista había documentado el operativo”.

Sin embargo, los cuestionamientos no terminan ahí. En la primera entrega sobre las irregularidades de esta Fiscalía, Guanajuato: La historia de irregularidades de la Fiscalía y las anomalías que continúan, EMEEQUIS documentó cómo este tipo de cateos presentaba diversas anomalías. Uno de los principales críticos de estas prácticas ha sido Roberto Saucedo, abogado y activista, quien actualmente impulsa varios casos contra la institución junto con un grupo de abogados especializados.

Al respecto, Saucedo sostiene que existe un modus operandi común en este tipo de actuaciones.

“El tema es que hay un exceso de cateos, lo encontramos de voz a voz con los abogados que se dedican a defender en materia penal y también con el informe (de administración de la Fiscalía). En el informe viene que es un promedio de seis cateos por día en todo el estado”.

Según su testimonio, los agentes ministeriales cometen atropellos durante los operativos, alentados por la dificultad para probar irregularidades: “Una vez que un juez, al que le pide el Ministerio Público una orden de cateo, revisa de manera muy general que reúna aspectos formales”.

Un juez ordena un cateo “porque en la casa número cinco de la calle tres aparentemente hay una casa de seguridad (…) el problema de los cateos es que no hay testigos sociales, no hay testigos externos, muchas veces lo primero que hacen (los agentes) al llegar a un cateo es revisar que hay cámaras”.

“Hay cámaras de circuito cerrado de televisión y lo que hacen es desconectarlas y se roban, literalmente (…) la memoria de las grabaciones”, agrega.

Varios abogados entrevistados por EMEEQUIS actualmente llevan procesos de ciudadanos que sufrieron robos de bienes por parte de agentes, y coinciden en las prácticas que describe Saucedo.

“Se encuentran dinero o reportan la mitad, o no reportan nada y para probar que había dinero en la casa (es difícil) (…) dependiendo de los hallazgos, si encuentran armas, por ejemplo, si encuentran drogas, pueden asegurar los inmuebles, y luego viene la segunda parte del negocio”, añade.

Ya que para liberar el inmueble, hay que litigar; es ahí cuando los funcionarios piden dinero para liberarlo. El área encargada de la aprobación y ejecución de estos cateos, según el organigrama de la Fiscalía General del Estado, es la Agencia de Investigación Criminal, a cargo de Faustino Parra Rivera. EMEEQUIS buscó al funcionario a través de la propia fiscalía para pedir su versión de los hechos, sin embargo, no recibió respuesta. Cabe resaltar que los canales de contacto de la fiscalía, como un correo que no enlaza o una línea de atención que no responde, así como la falta de un botón para mensajes en redes sociales como Facebook, dificultan el acercamiento a la institución.

Por otro lado, Félix (nombre ficticio de uno de los abogados, por motivos de seguridad), representa a varios clientes que han sufrido presuntas violaciones al debido proceso durante cateos. Aunque los casos están protegidos por el secreto profesional, señaló que presentan características similares:

“Es frecuente que las reglas que tienen en esta técnica de investigación de la fiscalía se vean infringidas; en mi experiencia, regularmente fallan. Una de las primeras formalidades que deben cumplirse está el que la orden de cateo le sea notificada a la persona que encuentran en el lugar a revisar y que se le haga su derecho a nombrar los testigos para que se practique la diligencia: es frecuente que no se haga la entrega materialmente, que no hagan la entrega de la orden de cateo”.

“De suerte que toda el acta la van practicando desde el escritorio, no la van haciendo sobre la carpetita, cuando se va desarrollando la técnica de investigación (…) los agentes de investigación criminal, los fiscales que desarrollan esta técnica, pues rompen chapa, se pasan, no notifican la orden”.

“Le permite a la fiscalía entrar y poder despacharse con manga ancha y hacer la técnica de búsqueda no circunscrita, no a lo que ordenó el juzgado (…) es casi siempre de rigor”, afirma.

Describe que las autoridades defienden que sí entregan el acta a los afectados. “Como no hacen la designación de testigos, (los agentes) encuentran dinero, porque el dinero prácticamente lo convierten en un objeto del delito; encontramos este dinero (…) (dicen) el dinero es de los rescates (de una persona acusada de secuestro), porque se le ocurrió al agente de investigación decir este dinero estaba por los rescates que se cobraba”.

Pone un ejemplo de otros delitos que cometen los agentes, como el robo: encuentran mil pesos, y en lugar de reportar toda la cantidad, “reportan 500”.

“Habrá quien pueda tener en su buró, por dar una cantidad, 100 mil pesos porque no le gusta el banco (…) o porque le acaban de pagar la venta de algún bien o de un servicio (…) la fiscalía en automático supone que ese dinero es producto de una actividad ilícita y lo asegura”.

El problema es acreditar la licitud del dinero. “Hay muchas situaciones complicadas, como que (el cateo) no se practicó en el lugar donde debía ser: se practica en otro lugar (…) que dicen venimos a la casa con el número 4 y pues aprovecho, me paso a la 5”.

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ABUSO DE AUTORIDAD Y DENUNCIAS INTERNACIONALES

A su vez, uno de los abogados miembro de una asociación de profesionales del Derecho, Pedro (seudónimo), sostiene que hay más irregularidades que comentan por los abogados dentro de la organización a la que pertenece, aunque él no lleva un caso en particular:

“Se realizan cateos incluso a horas inadecuadas y sin órdenes legalmente expedidas por el juez, y aparte ejerciendo abuso de autoridad, incluso llegando a sustraer algunos bienes de los propietarios de los inmuebles cateados”.

“Esto ha ocasionado que la sociedad, sobre todo aquí en León, tenga desconfianza de esta situación; a veces con el pretexto de que están buscando droga o armas, hacen los famosos reventones; revientan las puertas de los inmuebles para ingresar sin ninguna orden legalmente expedida por el juez”.

Asimismo, se ha involucrado a la fiscalía en casos de desaparición forzada durante estos cateos. El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) emitió una Acción Urgente para encontrar a José Juan Arias Solís, un adolescente que desapareció durante el cateo de un inmueble en Valle de Santiago.

En el operativo participaron miembros de la fiscalía y del ejército mexicano. “En el operativo participaron al menos 20 agentes de las Fuerzas Armadas a bordo de vehículos oficiales del Ejército y de la Guardia Nacional. Se ha identificado a los mandos que coordinaron la movilización, así como a los agentes ministeriales que acudieron al domicilio. Sin embargo, al día de hoy no se conoce del paradero del adolescente, a pesar de los esfuerzos de la familia y el seguimiento puntual de la Jueza Novena de Distrito en Irapuato, por medio del amparo 762/2025, interpuesto por la familia”, señala la institución.

Asimismo, la normativa interna de la Fiscalía de Guanajuato para la realización de cateos se encuentra caída en su versión en línea: https://portal.fgeguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Archivo/normateca/358.pdf durante la investigación y escritura de este reportaje.

Por ahora, lo que ocurre dentro de la Fiscalía y en las operaciones de sus elementos continúa detrás de un cristal empañado por denuncias, opacidad y acusaciones de corrupción. Una situación que afecta directamente a los ciudadanos de Guanajuato y a las víctimas de delitos, quienes dependen de instituciones que deberían garantizar el acceso a la justicia.

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