El secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán en Nanchital, Veracruz, desnudó una vez más la extrema vulnerabilidad de la prensa local en México, un sector que hoy se encuentra atrapado bajo la doble pinza del crimen organizado y el hostigamiento judicial de los gobiernos estatales. Mientras la Fiscalía de Veracruz reporta el rastreo de rutas de búsqueda y la presidenta Claudia Sheinbaum promete coordinación federal tras ser increpada por la madre de la comunicadora en Coatzacoalcos, organizaciones internacionales como ARTICLE 19 y CPJ alertan que este caso no es aislado; por el contrario, se suma a un historial de 32 comunicadores asesinados en la entidad y coincide con una preocupante escalada de persecución penal contra el periodismo crítico en estados como San Luis Potosí, Puebla y Campeche, demostrando que sin la protección de las voces regionales la impunidad gana terreno frente al silencio informativo
Roxana Guzmán y el peligro de ser periodista en México
El secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán en Nanchital, Veracruz, desnudó una vez más la extrema vulnerabilidad de la prensa local en México, un sector que hoy se encuentra atrapado bajo la doble pinza del crimen organizado y el hostigamiento judicial de los gobiernos estatales. Mientras la Fiscalía de Veracruz reporta el rastreo de rutas de búsqueda y la presidenta Claudia Sheinbaum promete coordinación federal tras ser increpada por la madre de la comunicadora en Coatzacoalcos, organizaciones internacionales como ARTICLE 19 y CPJ alertan que este caso no es aislado; por el contrario, se suma a un historial de 32 comunicadores asesinados en la entidad y coincide con una preocupante escalada de persecución penal contra el periodismo crítico en estados como San Luis Potosí, Puebla y Campeche, demostrando que sin la protección de las voces regionales la impunidad gana terreno frente al silencio informativo
El secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán en Nanchital, Veracruz, desnudó una vez más la extrema vulnerabilidad de la prensa local en México, un sector que hoy se encuentra atrapado bajo la doble pinza del crimen organizado y el hostigamiento judicial de los gobiernos estatales. Mientras la Fiscalía de Veracruz reporta el rastreo de rutas de búsqueda y la presidenta Claudia Sheinbaum promete coordinación federal tras ser increpada por la madre de la comunicadora en Coatzacoalcos, organizaciones internacionales como ARTICLE 19 y CPJ alertan que este caso no es aislado; por el contrario, se suma a un historial de 32 comunicadores asesinados en la entidad y coincide con una preocupante escalada de persecución penal contra el periodismo crítico en estados como San Luis Potosí, Puebla y Campeche, demostrando que sin la protección de las voces regionales la impunidad gana terreno frente al silencio informativo
POR JUAN ORTIZ / LUPA LEGISLATIVA
EMEEQUIS.- El secuestro de Roxana Berenice Guzmán en Nanchital, Veracruz, es un caso terrible que ocurrió mientras el país discute de narcopolítica, soberanía, elecciones y futbol.
Roxana fue privada de la libertad el 2 de junio en su domicilio. Hombres armados y encapuchados irrumpieron por la fuerza, la sacaron de su casa y la subieron a un automóvil blanco. En la vivienda había familiares, incluida una bebé.
Tras el secuestro, organizaciones como CPJ, ARTICLE 19, CIMAC y Amnistía Internacional exigieron investigar el móvil y tomar su labor periodística como línea prioritaria.
Apenas el viernes 5 de junio, Sheinbaum abordó el caso tras ser cuestionada en su conferencia matutina. Dijo que la prioridad era encontrar a Roxana y que el gobierno federal daba seguimiento junto con las autoridades de Veracruz.
Sin embargo, después fue abordada por Rubicelia Ramírez Posada, madre de Roxana. Se acercó a Sheinbaum durante su visita a Coatzacoalcos y le pidió ayuda para localizarla. Ninguna familia tendría que sufrir la desaparición de sus hijos. Tampoco tener que rogar a las autoridades que actúen.
PERIODISMO LOCAL
Roxana hacía un tipo de periodismo que desde hace mucho es de alto riesgo. Ella dirigía Pulso Informativo del Sureste, una página local en Facebook con cerca de 21 mil seguidores. Cubría denuncias ciudadanas, servicios públicos, política municipal y seguridad en una comunidad pequeña.
El periodismo local documenta lo que muchas veces no llega a la prensa nacional. Habla de abusos municipales, desapariciones, policías involucrados con el crimen y corrupción cotidiana. Por eso resulta más vulnerable. Incomoda a políticos cercanos y queda más solo frente a amenazas.
FALLA INSTITUCIONAL
México tiene mecanismos de protección, pero son deficientes y lentos. La ley contempla medidas urgentes, alertas y coordinación entre Federación y estados. Sin embargo, muchos periodistas reciben apoyo después de amenazas, acoso, ataques armados o asesinatos.
En Veracruz el riesgo está muy documentado. ARTICLE 19 ha ubicado al estado entre las entidades con más agresiones contra periodistas. Reportes recientes hablan de por lo menos 32 comunicadores asesinados en la entidad. Así que el caso de Roxana no se puede ver como algo aislado.
La Fiscalía de Veracruz informó que identificó el vehículo usado y trazó rutas de búsqueda en Nanchital, Moloacán y Cuichapa. Aunque reportan avances, falta lo más importante. Encontrarla viva y bien.
DOBLE AMENAZA
El problema tampoco se reduce a Veracruz ni al crimen organizado. En San Luis Potosí, la persecución contra periodistas y comunicadores tomó forma penal con la llamada Ley IA. Hoy dos comunicadoras fueron detenidas, otras voces críticas quedaron bajo investigación y organizaciones denunciaron que una norma ambigua puede usarse para castigar publicaciones incómodas.
En Puebla, ARTICLE 19 ha documentado estigmatización pública y uso de procesos contra periodistas, entre ellos Rodolfo Ruiz y e-consulta. En Campeche, el caso de Tribuna y Jorge Luis González muestra otra ruta: medidas cautelares, presión judicial y advertencias para limitar publicaciones críticas.
Esto demuestra que el periodismo local enfrenta dos pinzas. De un lado, crimen organizado, amenazas y violencia directa. Del otro, gobiernos, fiscalías y tribunales que pueden convertir la ley en una mordaza.
Sin periodismo local, gana la impunidad. Ganan los pactos bajo la mesa. Ganan los gobiernos que prefieren no ser observados. Y pierde la gente que necesita información para sobrevivir en su propio municipio y estado.
@Juan_OrtizMX
