Secuestrar a una periodista es secuestrar al Estado de derecho y la Justicia

*Por Odracir Espinoza

EMEEQUIS.– En Veracruz, el secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán no es “un caso más” de violencia. Es un mensaje. Y, como todo mensaje criminal, busca dos cosas: silencio y control. Cuando una reportera o comunicador es privada o privado de la libertad por un grupo armado en su propia casa —con un video circulando en redes— el país no enfrenta solo un delito, sin duda enfrenta una prueba institucional sobre si su Estado de derecho existe fuera del discurso o de matices políticos. 

Para muchos, esta afirmación es incómoda pero necesaria, la impunidad de estos casos erosiona y resquebraja el Estado de Derecho y la justicia. Por eso, este caso exige menos narrativas y más rutas jurídicas, sobre todo acciones claras, protocolos federales, priorización de las investigaciones y transparentar los avances.

Los reportes periodísticos y de organizaciones internacionales coinciden en lo esencial, Roxana Guzmán fue secuestrada en Nanchital, Veracruz, por un comando armado que irrumpió violentamente en su domicilio y la Fiscalía estatal abrió una investigación por privación ilegal de la libertad, mientras autoridades federales se involucraron en la búsqueda.

Más allá de los operativos o anuncios institucionales, se trata de una periodista que documentaba temas de alto riesgo en una región con presencia criminal, lo que agrava este caso, ya que obliga como dicen los investigadores que el móvil del delito, sea que el periodismo y su ejercicio sea línea prioritaria, no hipótesis secundaria, sino esa debe ser la línea de investigación. 

Atendiendo una lectura jurídica el punto de partida es claro.  La carpeta, según se reporta, se inició por privación ilegal de la libertad, dependerá incluso de las circunstancias encontradas (violencia, armas, tiempo de retención, finalidad de obtener rescate o de obligar a un comportamiento), para que pueda considerarse en secuestro o a modalidades agravadas. También, si en la investigación existe una estructura criminal detrás del caso, sin duda estaríamos ante otro posible delito de largo alcance, la delincuencia organizada, ya que, cuando el hecho es ejecutado por un grupo armado con logística, control territorial y capacidad de intimidación —y ocurre en una zona donde operan células criminales en gran parte del país— es jurídicamente necesario abrir una línea por probable vinculación con delincuencia organizada, en especial si la privación se usa como herramienta de control social, detalle relevante. Por ello, esta línea, habilita técnicas de investigación más robustas como la inteligencia, el análisis financiero, intervención de comunicaciones bajo control judicial, todo lo que implica técnicas especiales de investigación, lo que debe sin duda dar mejores resultados.

Por otro lado, una variable incómoda e incluso de “moda” hoy en día, es la coincidente: ¿cómo opera un comando así sin redes de protección, filtraciones o tolerancia? Cuando la impunidad es estructural, la corrupción deja de ser “posible” y se vuelve hipótesis investigativa. No se trata de acusar sin pruebas, sino de investigar con elementos, si hay permisibilidad de la autoridad, sin duda hay corrupción y protección criminal por parte de agentes del Estado, lo que implica un fondo más complejo.

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Organizaciones como Artículo 19, Amnistía y redes de defensa han exigido que se investigue considerando la labor periodística como móvil posible. Eso es crucial porque en México la violencia contra periodistas no es solo una agresión individual, sino puede constituir un ataque a la libertad de expresión y a la función social de informar. En términos jurídicos, ese enfoque nos obliga a identificar los patrones (amenazas previas, coberturas sensibles, publicaciones recientes), explorar quien beneficia con silenciar al comunicador y por último, la necesidad de aplicar de forma inmediata los protocolos especializados de investigación con perspectiva de libertad de expresión. Si no lo hacemos así, será un hecho aislado como acostumbramos, abriendo de nueva cuenta la puerta a que quede impune el hecho.

Ya apuntado lo anterior, que pasó con el famoso mecanismo de protección a periodistas, ¿falló? la pregunta obligada es si Roxana estaba incorporada y, si lo estaba, qué medidas se activaron y por qué no previnieron el ataque. Si no estaba incorporada, la segunda pregunta: ¿había señales de riesgo que no se canalizaron?

El Mecanismo no puede ser solo una oficina que reacciona cuando ya ocurrió la tragedia. Un sistema de protección que llega tarde no protege, administra daños por lo tanto claro que fallan. Regresemos un poco, entonces quien debe investigar este caso, ya que la investigación inició en la Fiscalía estatal, pero hay indicios de delincuencia organizada, ataques a la libertad de expresión y riesgo a la integridad de la víctima, entonces, si debe ser investigado por la federación, incluso iniciar los protocolos de investigación estratégica y prioritaria, aplicando de forma inmediata las técnicas especiales de investigación, con ello, esperemos mejores y mayores resultados en menor tiempo… al tiempo.

CIERRE: RECOMENDACIONES A VÍCTIMAS Y AUTORIDADES

En esta ocasión, en un tema tan sensible, las familias y colegas de la víctima deben actuar sin duda, de inicio documenten las amenazas previas, las publicaciones sensibles, los patrones de hostigamiento y todo indicio de riesgo; exijan medidas de protección inmediatas para el núcleo familiar y acompañamiento legal especializado. A las autoridades: no prometan; actúen con método. Un secuestro así no se resuelve con comunicados, sino con investigación federal prioritaria, coordinación efectiva y rendición de cuentas en resultados. Porque cuando el Estado tarda, el crimen aprende y repite; y cuando el crimen aprende, la sociedad calla, en ese silencio, lo que desaparece primero no es una persona: es el Estado de derecho y la Justicia.

*Académico y Abogado Penalista, Director Estratégico de Whistleblowers México, Primer Fiscal Anticorrupción del País y Ex asesor legal del departamento de justicia en México.

@Odra__sir