Ya salió el peine: el senador Enrique Inzunza no aparece porque estaría haciendo trámites ante Estados Unidos para convertirse en testigo protegido y echar de cabeza no sólo a Rocha Moya, sino posiblemente a López Obrador.
“De ser solicitado, acudiré puntualmente a cualquier citación o llamamiento que me formulen las autoridades competentes de nuestro país”, dice en X Enrique Inzunza, quien no muestra intenciones de pedir licencia, como lo han hecho Gámez Mendívil en Culiacán y Rocha Moya en Sinaloa.
Sheinbaum transfiere al lunes su respuesta a la salida de Rocha Moya, pero Arturo Zaldívar, de su círculo cercano, se mete al debate al asegurar que el mandatario con licencia ya no tiene fuero y puede ser detenido en cualquier momento.
“Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función, por tanto, puede ser detenida como cualquier persona", advierte Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno en la Presidencia de la República, sobre el caso Rocha Moya.
Ya salió el peine: el senador Enrique Inzunza no aparece porque estaría haciendo trámites ante Estados Unidos para convertirse en testigo protegido y echar de cabeza no sólo a Rocha Moya, sino posiblemente a López Obrador.
Ya salió el peine: el senador Enrique Inzunza no aparece porque estaría haciendo trámites ante Estados Unidos para convertirse en testigo protegido y echar de cabeza no sólo a Rocha Moya, sino posiblemente a López Obrador.
“Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función, por tanto, puede ser detenida como cualquier persona", advierte Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno en la Presidencia de la República, sobre el caso Rocha Moya.
Yeraldine Bonilla, cercana a Rocha Moya, será gobernadora interina de Sinaloa. Le perdonó haberla llamado "meserita" y lo respaldó ante las acusaciones de Estados Unidos.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, abre un escenario complejo para México en distintos frentes, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no actuará sin pruebas y rechaza estar bajo condicionamientos externos; analistas como Odracir Espinoza advierten que el caso se elevó a tema de seguridad nacional con posibles sanciones y efectos en la relación bilateral, mientras Jeanette Leyva señala riesgos inmediatos para el sistema financiero, que ya enfrenta mayores controles tras antecedentes recientes, en un contexto que también podría impactar la relación comercial y el escenario político interno
Bajo la sombra del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y una aplastante mayoría republicana en el Congreso, la relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de colisión frontal tras la acusación por narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya. Mientras el Capitolio califica al gobierno de Morena como un "narco-Estado" y promete una ofensiva judicial sin precedentes equiparable a la persecución contra Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido con un blindaje nacionalista, rechazando cualquier intento de subordinación y exigiendo una unidad nacional absoluta frente a lo que denomina un "embate exterior" que busca vulnerar la soberanía mexicana
El titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, ha frenado la detención provisional con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya, argumentando una absoluta falta de evidencias y fundamentos que justifiquen la urgencia del pedimento estadounidense. Mientras la FGR exige a la Cancillería solicitar pruebas "contundentes" a Washington bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, voces críticas como la del embajador en retiro Agustín Gutiérrez Canet denuncian una falta de autoridad moral y jurídica del Gobierno de México, señalando que se busca una secrecía inexistente en los tratados y recordando la entrega previa de 92 presuntos delincuentes a Estados Unidos sin el debido apego a los marcos legales
En la conferencia matutina del 1 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum adoptó una postura de firme defensa de la soberanía nacional, rechazando cualquier subordinación ante las presiones de Estados Unidos derivadas de las acusaciones de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Al afirmar que "en México decidimos los mexicanos", la mandataria desestimó encontrarse en una posición de debilidad y condicionó la actuación de su gobierno a la presentación de pruebas y al debido proceso de la Fiscalía General de la República, amparando a Rocha Moya bajo la presunción de inocencia. No obstante, este espaldarazo oficial ocurre en un clima de alta tensión diplomática y ante revelaciones periodísticas que señalan una presunta red financiera de la familia del gobernador que habría desviado cientos de millones de pesos en recursos públicos.
Ya salió el peine: el senador Enrique Inzunza no aparece porque estaría haciendo trámites ante Estados Unidos para convertirse en testigo protegido y echar de cabeza no sólo a Rocha Moya, sino posiblemente a López Obrador.
“De ser solicitado, acudiré puntualmente a cualquier citación o llamamiento que me formulen las autoridades competentes de nuestro país”, dice en X Enrique Inzunza, quien no muestra intenciones de pedir licencia, como lo han hecho Gámez Mendívil en Culiacán y Rocha Moya en Sinaloa.
Sheinbaum transfiere al lunes su respuesta a la salida de Rocha Moya, pero Arturo Zaldívar, de su círculo cercano, se mete al debate al asegurar que el mandatario con licencia ya no tiene fuero y puede ser detenido en cualquier momento.
“Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función, por tanto, puede ser detenida como cualquier persona", advierte Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno en la Presidencia de la República, sobre el caso Rocha Moya.
