La Inteligencia Artificial como pretexto para acosar periodistas en SLP: peligros de la “Ley Serrano”

En San Luis Potosí utilizan un atajo legal para arrinconar a periodistas y activistas: el formato es simple, se les acusa de crear y/o difundir información falsa realizada con Inteligencia Artificial para entablar un proceso legal lleno de baches, ausencias y contradicciones. Las críticas a esta ley ya llegaron a medios internacionales.

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Hasta en Canadá critican esta ley. Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro.com.

EMEEQUIS.– En San Luis Potosí existe un modelo de persecución penal que utiliza la inteligencia artificial como argumento jurídico para abrir carpetas de investigación, girar órdenes de aprehensión y encarcelar personas sin que existan peritajes técnicos que sustenten las acusaciones, según denuncian periodistas y comunicadores locales. 

Ahora, con la  “Ley Serrano”, ciudadanos y periodistas enfrentan procesos legales en los que se encuentran involucrados personajes como la senadora Ruth González, aspirante a ser candidata a gobernadora por el PVEM  y su esposo, el actual gobernador, Ricardo Gallardo Cardona.

El formato es simple, se acusa a los periodistas, activistas o ciudadanía en general de crear y/o difundir información falsa realizada con Inteligencia Artificial y de ahí a un proceso legal lleno de baches, ausencias y contradicciones. 

La periodista Anahí Torres, directora del medio En Primera San Luís y una de las personas denunciadas, sostiene que la llamada “Ley Serrano” ha creado un marco legal tan ambiguo que cualquier publicación incómoda puede derivar en una investigación criminal. 

Se trata de usar la Inteligencia Artificial como excusa para echar a andar toda una maquinaria política y legal que sanciona a quien incomoda al gobierno, explica la comunicadora. 

“La ley queda tan subjetiva que cualquier juez puede considerar que un contenido fue hecho con Inteligencia Artificial y enviarte de uno hasta ocho años a prisión”, afirma en entrevista.

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La reforma, impulsada en noviembre del año pasado, modificó los artículos 187 Ter, 272 Bis y 272 Ter del Código Penal estatal para sancionar el uso indebido de inteligencia artificial y la generación de “caos social”. Sin embargo, Torres considera que esos conceptos carecen de definiciones precisas y dejan un amplio margen de discrecionalidad judicial.

Se le conoce como “Ley Serrano” porque fue impulsada y propuesta por el diputado local Héctor Serrano Cortés, quien actualmente es legislador por el PVEM en el Congreso de San Luis Potosí. 

La reforma surge después de que vincularon al gobernador Gallardo Cardona con el crimen organizado mediante videos difundidos en diferentes redes sociales, mismos que fueron catalogados como producto de la IA (deep fake). 

Serrano presentó la iniciativa en el Congreso local para modificar el Código Penal del estado, con el argumento de regular y sancionar penalmente el “uso indebido de la IA” y la generación de “caos social”.

CUATRO CARPETAS, 12 ACUSADOS, SIETE PERIODISTAS 

De acuerdo con el relato de la comunicadora, el 21 de mayo comenzaron a ejecutarse acciones penales derivadas de cuatro carpetas de investigación distintas que, en conjunto, involucran a 12 personas, entre ellas siete periodistas, además de activistas y ciudadanos.

Una de las investigaciones surgió a partir del video que detonó la propia reforma. Se trata de una grabación atribuida al Cártel del Golfo, que contenía mensajes dirigidos al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y al secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, en la que se les acusa de trabajar con el CJNG. 

El mandatario estatal aseguró públicamente que el material era falso y generado mediante Inteligencia Artificial. Además afirmó que ya sabia quienes lo habían creado y habría sanción. 

Torres fue una de las señaladas, pero  asegura que ella nunca creó ni difundió dicho video. “No lo hice ni participé en ello, pero la carpeta sostiene que yo lo fabriqué y lo difundí junto con otras nueve personas”, señaló. 

EN LA PRENSA INTERNACIONAL

Las críticas a la ley llegaron incluso a medios internacionales, como CBC de Canadá, que publicó un artículo el 2 de junio. 

“Los críticos afirman que la ley es demasiado amplia y que el gobierno estatal puede utilizarla como arma para reprimir la disidencia”, señala el texto.

Citan a Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ): “Puede ser utilizada fácilmente como herramienta por gobiernos estatales represivos, gobiernos municipales y políticos poderosos”, declaró 

“Esto significa que la Inteligencia Artificial ahora puede sumarse al amplio conjunto de herramientas que se utilizan para limitar la libertad de expresión e incrementar la censura en el país”.

UNA IMAGEN QUE COSTÓ DETENCIÓN 

Otra carpeta deriva de una denuncia presentada por la senadora Ruth González, esposa del  actual gobernador de San Luis y quien se ha candidateado constantemente para ser la siguiente gobernadora del estado, contra dos comunicadoras por publicar una imagen en la que aparece junto al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La propia Anahí Torres reconoce que desconoce si esa fotografía fue alterada mediante inteligencia artificial o si era auténtica. Lo que cuestiona es que la sola afirmación de que la imagen fue manipulada haya servido para iniciar un procedimiento penal bajo la nueva legislación.

NO DECIDEN SI FUE ROBO O USO DE IA 

El comunicador Cristian Herrera, propietario del portal Código Rojo, inicialmente fue detenido por un supuesto robo a una farmacia, delito que hasta ahora no habría sido acreditado. Sin embargo, una vez privado de su libertad, las autoridades le añadieron una imputación relacionada con el uso indebido de inteligencia artificial en redes sociales. “Como no pudieron comprobar el primer delito, le imputaron uno nuevo cuando ya estaba detenido”, denunció Torres. 

Al cierre de esta edición, Herrera permanecía encarcelado.

PADRE E HIJO A LA CÁRCEL Y SIN CARPETA DE INVESTIGACIÓN 

Otro episodio que, según la periodista, exhibe irregularidades ocurrió con los periodistas Juan Pablo Moreno padre e hijo. Ambos recibieron un citatorio oficial para comparecer por presunto uso indebido de inteligencia artificial. Sin embargo, cuando acudieron acompañados de abogados y con presencia de medios de comunicación, funcionarios de la Fiscalía les habrían informado que la carpeta de investigación “no existía”.

La contradicción resulta llamativa porque existen registros de policías entregando el citatorio y un documento firmado por funcionarios ministeriales. “Hay cámaras de seguridad donde se ve que llevaron el citatorio. No fue inteligencia artificial. Fue real. Pero ahora dicen que la carpeta no existe”, sostuvo Torres.

Para la periodista, el episodio refleja un manejo opaco de las investigaciones y evidencia que algunos expedientes ni siquiera estarían incorporados formalmente al sistema institucional.

Pero el caso de violencia y detención sin aparente móvil  no se detiene ahí. Este fin de semana, la defensora Celia García Valdivieso, fue detenida tras intentar evitar la detención de un joven. García Valdivieso solicitó a las autoridades que le explicaran el motivo por el que estaban deteniendo al muchacho, quien se encontraba saliendo de un retiro espiritual donde también se encontraba la defensora, sin embargo, ninguno de los presentes pudo explicarle la razón. Y al revisar la mochila del joven, solo se encontró una biblia y un rosario, mencionaron medios locales. 

Aun así, despojaron a García Valdivieso de su celular y con uso de violencia se la llevaron detenida, para después liberarla a ella y al jovén sin explicación alguna. 

JUZGADOS POR EL JUEZ DEL ACORDEÓN 

Anahí Torres también cuestionó que un mismo juzgador concentre las causas derivadas de estas investigaciones. Se trata, explicó, de Francisco Pablo Alvarado Silva, quien llegó al cargo tras la elección judicial de 2025. La periodista considera que la actuación judicial ha privilegiado las afirmaciones de funcionarios públicos por encima de la evidencia técnica.

“Hay personas detenidas sin peritajes que acrediten el uso de inteligencia artificial. Basta con que una autoridad diga que ellas lo hicieron”, afirmó.

Más allá de las investigaciones particulares, Torres advierte que el verdadero efecto de la reforma consiste en generar un ambiente de autocensura. Si cualquier publicación puede ser interpretada por un juez como producto de inteligencia artificial y considerada generadora de “caos social”, explica, periodistas y ciudadanos terminan inhibiendo su participación en redes sociales por temor a enfrentar consecuencias penales.

“Ya ni siquiera puedes compartir información porque puedes terminar en la cárcel”, resume.

¿SALVACIÓN EN LA SCJN?

Frente a este escenario, una de las principales expectativas de quienes enfrentan estas investigaciones está en la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra las reformas que dieron origen a la llamada “Ley Serrano”.

Para Torres, una eventual resolución de la Suprema Corte invalidando esos artículos podría dejar sin sustento jurídico las carpetas abiertas bajo ese esquema y evitar que una legislación concebida para regular el uso de inteligencia artificial termine utilizada para criminalizar el ejercicio periodístico y la crítica pública.

Mientras tanto, siete periodistas, junto con otros ciudadanos señalados en cuatro expedientes distintos, permanecen a la expectativa de lo que pueda pasar con su libertad, tras supuestos delitos que son poco sustentables. 

@MarRome259

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