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La implementación del calendario escolar mundialista para el ciclo 2025-2026 ha generado una profunda fractura en el sistema educativo mexicano, dividiendo a las entidades federativas entre la alineación con la SEP y la resistencia interna. Mientras estados como Chihuahua han aceptado concluir clases el 5 de junio citando la protección contra la ola de calor, entidades como Jalisco y Guanajuato rechazan la medida por considerarla un golpe al aprendizaje y una vulneración a la organización de las familias. Colectivos de la sociedad civil denuncian que este recorte, impulsado por la logística del Mundial 2026, prioriza el espectáculo sobre el derecho a la educación y traslada una carga desproporcionada de trabajo de cuidados a las mujeres, agravando el rezago académico y la desigualdad de género en el país
Sinaloa se ha consolidado como el epicentro de la violencia de género en México durante el primer trimestre de 2026, encabezando la lista nacional con 15 feminicidios, cifra que representa el 10.1% del total del país y supera en cuatro veces la media nacional. Esta crisis de seguridad tiene su foco rojo en Culiacán, municipio que por sí solo concentra casi uno de cada diez feminicidios en México y donde se registra, en promedio, un asesinato de mujer a la semana. Pese al discurso oficial de la Secretaría de las Mujeres que resalta las políticas de la administración saliente, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo revelan una realidad cruda: una estela de inseguridad heredada por el gobierno de Rubén Rocha Moya, caracterizada por 19 denuncias diarias de violencia familiar y una alarmante incidencia de delitos sexuales que contradicen los informes de resultados institucionales.
Organizaciones civiles como la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y la Red de Mujeres por la Salud manifestaron su rechazo al ajuste del calendario escolar 2025-2026, el cual adelantará el fin de clases al 5 de junio debido a la logística del Mundial 2026. Los colectivos denuncian que esta decisión, anunciada por el secretario Mario Delgado, prioriza el evento deportivo sobre el derecho a la educación y agrava la desigualdad de género, ya que traslada la responsabilidad del cuidado de más de 18 millones de estudiantes a los hogares, recargando de manera desproporcionada el trabajo no remunerado de las mujeres. Ante la falta de un Sistema Nacional de Cuidados, las activistas exigen a la SEP transparencia en sus criterios y la implementación urgente de alternativas públicas que garanticen espacios seguros para las infancias sin vulnerar la autonomía económica de las madres trabajadoras











