Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
"Que aclaren qué investigan": Defensa de Maru Campos objeta citatorio de la FGR por ambiguo
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
EMEEQUIS.– La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pasó de la contención jurídica al choque frontal con la Fiscalía General de la República. Los abogados de la mandataria panista rechazaron las acusaciones de la FGR y acusaron a la institución de construir un procedimiento “ambiguo”, “incongruente” y con tintes de persecución política por el caso del operativo en la Sierra Tarahumara donde presuntamente participaron agentes estadounidenses.
Este viernes llegó la defensa de la gobernadora de Chihuahua, encabezada por Roberto Gil Zuarth, a la sala en oralidad número 8 del Poder Judicial de la CDMX en el Reclusorio Sur en representación de la mandataria.
Ulises Lara, actual vocero de la @FGRMexico está protegiendo a Javier Corral, así como también a 10 funcionarios de Sinaloa acusados de nexos con el narcotráfico, entre ellos a Rubén Rocha Moya (@rochamoya_ ) Así lo señaló el abogado de la gobernadora Maru Campos (@MaruCampos_G),… pic.twitter.com/vbMkylMSmQ
A su llegada mencionó que hay una presión política contra la gobernadora de Chihuahua. El abogado ingresó a la audiencia a la que fue citada la mandataria luego de que el Senador Javier Corral impugnara la decisión de la Fiscalía capitalina de no ejercer acción penal por presunto secuestro en 2024.
El abogado también mencionó que derivado de una presión política tras la reforma judicial, el juez podría volver a someter a la gobernadora Maru Campos a una carpeta de investigación por secuestro. Todo esto después de que se presentó en la CDMX por el tema de agentes de la CIA en territorio mexicano,
Fue diferida la audiencia de Maru Campos, Gobernadora de #Chihuahua, debido a que no acudió el senador Javier Corral, presunta víctima.
El juez fijó una nueva fecha para el próximo martes 2 de junio, a las 9:45 horas. pic.twitter.com/UIVDz6MNrA
🔴🗣️ “Vamos a dar la cara, pero por la ruta de la ley”: Roberto Gil Zuarth (@rgilzuarth), abogado de Maru Campos, tras la comparecencia de la gobernadora ante la FGR.
La confrontación estalló luego de que la fiscalía acusara a la mandataria estatal de negarse a colaborar en la investigación relacionada con un operativo contra un narcolaboratorio en Chihuahua, caso que abrió una tormenta política por la presunta presencia de agentes extranjeros, incluidos elementos vinculados con la CIA en México.
La FGR sostiene que Campos fue citada como testigo y que su fuero constitucional no le impide aportar información útil para esclarecer los hechos. Sin embargo, la defensa respondió que el problema no es colaborar, sino la forma en que la fiscalía intentó hacerlo. https://x.com/Radio_Formula/status/2059803126341718309
En cuanto al tema de los agentes de la CIA, Gil Zuarth aseguró que el citatorio enviado a la gobernadora estaba plagado de inconsistencias. Según explicó, un documento ordenaba comparecer en Ciudad Juárez mientras otro señalaba oficinas de la Ciudad de México.
“Ulises Lara dice que la gobernadora mostró indisposición para aportar información, pero parece que ni siquiera leyó el documento. El citatorio no establecía qué quería obtener el Ministerio Público, no decía qué hechos se investigan”, reclamó.
La estrategia de la defensa fue acudir a la sede de la FGR en la capital del país y entregar un escrito formal de objeción, en lugar de rendir declaración oral. En ese documento, los abogados impugnaron el citatorio por considerarlo “mal fundamentado”, “ambiguo” e “internamente incongruente”.
El equipo jurídico también acusó que la fiscalía juega con una doble narrativa: citar a Campos como testigo mientras utiliza fundamentos legales que, según ellos, corresponden a una persona investigada o potencial imputada.
“Nadie sabe de qué se trataba el citatorio… ni siquiera insinúa qué se investiga”, ironizó Gil Zuarth, quien incluso acusó a la FGR de intentar “fabricarle un caso” a la gobernadora panista.
“Nosotros lo que pedimos es que digan qué información necesitan, qué información quieren obtener y vamos a responder sobre eso”, sostuvo el abogado.
FUERO CONSTITUCIONAL
Mientras el vocero de la fiscalía, Ulises Lara, afirmó que la inmunidad procesal no impide a una servidora pública entregar información, los abogados de Campos sostienen que una gobernadora en funciones no puede ser sometida a “actos de molestia” sin seguir primero el procedimiento constitucional correspondiente.
“Ulises Lara dice que la gobernadora aludió al fuero, pero éste aplica precisamente para impedir que se le impongan actos de investigación sin el procedimiento legal”, respondió Gil Zuarth.
El trasfondo político del caso es imposible de separar. Desde que se conoció la investigación, la administración estatal y dirigentes del PAN han denunciado una ofensiva federal contra una gobernadora de oposición.
Del otro lado, sectores cercanos a Morena sostienen que la mandataria debe explicar posibles irregularidades relacionadas con operativos de seguridad y presunta intervención extranjera. Ahora se retoma la carpeta de investigación por secuestro.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
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