El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco acusa que la Fiscalía estatal alteró la escena del rancho El Zapote, en Ayutla, antes de permitirles el acceso. Las autoridades sostienen que los restos corresponden a animales, mientras las familias exigen peritajes científicos y rechazan que el caso se cierre de manera anticipada.
Ante las acusaciones de censura lanzadas por la oposición, la CIRT y la organización Artículo 19, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los nuevos lineamientos de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión busquen acallar a los medios, asegurando que su único fin es garantizar los derechos de las audiencias a través de códigos de ética, defensorías especializadas y la clara diferenciación entre información y opinión en radio y televisión. Mientras el Gobierno federal mantiene abierta una consulta pública hasta el 21 de agosto para definir el polémico esquema de sanciones de la CRT e insiste en implementar "candados" para proteger la crítica política, gremios periodísticos y activistas advierten sobre un riesgo de regresión democrática al pretender que el Estado actúe como un árbitro moral sobre la veracidad informativa.
De acuerdo con un estudio de Datos México, fueron precisamente los números, las matemáticas, los que prendieron las alarmas en el examen de admisión en línea de la UNAM. Las matemáticas no militan, no opinan y no se indignan. Simplemente muestran cuándo algo medible se comporta de forma atípica.
Agencia de Consultoría Internacional no está entre las 11 empresas investigadas por la FGR por el caso Ingemar de Ruffo Appel, a pesar de que le cedió su permiso de comercialización de combustibles en 2024 y sus representantes son mencionados en el expediente. La compañía fundada en Puebla ha tenido múltiples cambios de objeto social.
El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco acusa que la Fiscalía estatal alteró la escena del rancho El Zapote, en Ayutla, antes de permitirles el acceso. Las autoridades sostienen que los restos corresponden a animales, mientras las familias exigen peritajes científicos y rechazan que el caso se cierre de manera anticipada.
Sheinbaum minimiza preocupaciones de censura con ley de audiencias
Ante las acusaciones de censura lanzadas por la oposición, la CIRT y la organización Artículo 19, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los nuevos lineamientos de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión busquen acallar a los medios, asegurando que su único fin es garantizar los derechos de las audiencias a través de códigos de ética, defensorías especializadas y la clara diferenciación entre información y opinión en radio y televisión. Mientras el Gobierno federal mantiene abierta una consulta pública hasta el 21 de agosto para definir el polémico esquema de sanciones de la CRT e insiste en implementar "candados" para proteger la crítica política, gremios periodísticos y activistas advierten sobre un riesgo de regresión democrática al pretender que el Estado actúe como un árbitro moral sobre la veracidad informativa.
El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco acusa que la Fiscalía estatal alteró la escena del rancho El Zapote, en Ayutla, antes de permitirles el acceso. Las autoridades sostienen que los restos corresponden a animales, mientras las familias exigen peritajes científicos y rechazan que el caso se cierre de manera anticipada.
Sheinbaum deja en manos de las audiencias la regulación. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM.
EMEEQUIS.– En el corazón del Poder Ejecutivo, el debate sobre los límites entre la regulación periodística y la libertad de expresión ha alcanzado su punto más álgido. Desde el salón Tesorería en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió al paso de las severas críticas lanzadas por la oposición, organismos civiles y la industria de la radiodifusión, negando categóricamente que los nuevos lineamientos de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión busquen imponer un bozal a la prensa o a las cadenas de comunicación.
La controversia se encendió tras la presentación formal del proyecto normativo por parte de la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde. El documento, que contempla los criterios para los “Derechos de las Audiencias”, fija exigencias directas a los concesionarios de radio y televisión: no difundir información descontextualizada o falsa, no presentar datos históricos como actuales y marcar una frontera nítida entre la nota informativa, el artículo de opinión y la pauta publicitaria. Asimismo, las empresas deberán adoptar un código de ética e instaurar la figura de una defensoría de la audiencia, bajo el riesgo de ser sancionadas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
RECHAZO EN LA MAÑANERA: “ES ABSOLUTAMENTE FALSO QUE HAYA CENSURA”
Frente a los cuestionamientos, la mandataria federal enfatizó que la norma no atenta contra el ejercicio periodístico, sino que busca saldar una deuda histórica con la ciudadanía. En su intervención matutina, sostuvo tajantemente:
“Esto es falso. Absolutamente falso. No hay censura, ni va a haber censura. Además, con acuerdo de la Cámara de Radio y Televisión, esa ley se aprobó dialogando con la Cámara, fue el esquema para garantizar el derecho de las audiencias. Entonces, es absolutamente falso que el objetivo del Gobierno sea censurar. Es garantizar los derechos de las audiencias.”
Ante la inquietud de que este marco regulatorio se extienda de forma inminente hacia la prensa escrita o los contenidos digitales, la Presidenta acotó que dichos sectores no forman parte del paquete normativo actual:
“La prensa escrita no está incorporada en este proceso. Tendría, en todo caso, que revisarse si es necesario o no, las plataformas tampoco están en esta regulación y son temas que están también a discusión de la sociedad.”
EL NUDO DE LA DISCORDIA: CONSULTA PÚBLICA, MULTAS Y “CANDADOS”
Uno de los puntos que genera mayor escozor en la industria informativa radica en la facultad sancionadora de la CRT y la mecánica para imponer multas. La titular del Ejecutivo reconoció que este apartado es el aspecto más debatido y complejo del proyecto:
“Hay un tema que tiene que ver con las multas. Por eso, se puso a consulta —que ya venía desde la ley— quién pone las multas, que es la parte más polémica. Por eso, se abre la consulta pública para discutir este tema de cómo se puede quejar la empresa si hay una sanción y quién pone la sanción. Esta es la parte que se está abriendo hoy a consulta. Pero, si se fijan, pues es sencillamente una persona en donde alguien se puede ir a quejar. Si no es verdad lo que pusiste, tiene que haber derecho de réplica del propio medio, a la persona, o tomar las medidas internas para decir: ‘a ver, esto que dijimos no es información, es una opinión’.”
Con el fin de disipar los temores sobre un posible uso político de la norma para callar a las voces disidentes, la jefa del Estado mexicano prometió la inclusión de mecanismos de protección institucional e insistió en la consulta abierta:
“Habrá candados para que una crítica incómoda al Gobierno no pueda ser interpretada como una violación a la audiencia, pero ni siquiera es el Gobierno, son las audiencias, es el pueblo, es la gente; es la ciudadanía que pueda tener un espacio para decirle ‘oye, quiero mejorar el derecho a la información’. Se abre la consulta pública para que se pueda participar y se pueda llegar a los lineamientos de manera definitiva, que tienen que ver con el derecho a la información”.
— Cámara Nacional de la Industria de Radio y TV (@cirtmx) July 28, 2026
ALERTAS DE LA OPOSICIÓN Y LA CIRT: RIESGO DE REGRESIÓN DEMOCRÁTICA
A pesar de los mensajes de tranquilidad emitidos desde Palacio Nacional, el anuncio detonó una ola de reacciones adversas entre partidos de oposición, la iniciativa privada y organizaciones internacionales de derechos humanos. Desde la Cámara Alta, el senador panista Marko Cortés advirtió sobre el trasfondo autoritario de la medida:
“Están siguiendo el manual del autoritarismo, de las dictaduras, en donde empiezan por supuestas causas buenas a debilitar cualquier tipo de contrapeso, a tener mucho control, demasiado poder, sin equilibrio, y entonces es cuando se vienen todos los excesos.”
Por su parte, la CIRT emitió un pronunciamiento formal en el que expresó su preocupación por el impacto de los lineamientos en la libertad de prensa y el riesgo de una regresión democrática si no se definen los parámetros con absoluta precisión técnica:
“Hay temas que preocupan y que, para evitar riesgos de una regresión democrática y a la libertad de expresión, habría que corregir o definir con pulcritud.”
El gremio de los radiodifusores enfatizó además que las sanciones que se pretenden aplicar carecen de sustento legal adecuado, catalogándolas como “sanciones al margen de la ley” que colocan en vulnerabilidad la viabilidad de los medios de comunicación.
ARTÍCULO 19: EL ESTADO NO PUEDE ERIGIRSE EN JUEZ MORAL
El debate técnico y ético se profundizó con el posicionamiento de la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19. Su director, Leopoldo Maldonado, advirtió sobre el peligro de que el poder estatal asuma el rol de árbitro sobre la verdad o la conducta ética de los comunicadores:
“Los derechos de las audiencias no son para castigar ni perseguir. El Estado no puede erigirse en un parámetro de veracidad, ni defensa moral.”
Respecto al debate latente sobre una eventual fiscalización de los espacios digitales, Maldonado consideró desacertado pretender normar el ecosistema de las redes de forma apresurada y advirtió que no se puede legislar “sobre las rodillas”:
“No se puede legislar sobre las rodillas, son temas muy complejos, y México es parte de un rompecabezas internacional, y la regulación requiere de esfuerzos internacionales.”
PUNTOS CLAVE
Postura del Ejecutivo: La presidenta Claudia Sheinbaum negó que los lineamientos busquen censurar, afirmando que el objetivo exclusivo es garantizar el derecho a la información de las audiencias.
Medios alcanzados: La normativa aplica primordialmente para radio y televisión. La prensa escrita y las plataformas digitales quedan, por ahora, excluidas del esquema regulatorio.
Obligaciones a concesionarios: Los medios deberán implementar un código de ética, designar una defensoría de la audiencia, transparentar opiniones de noticias y evitar la difusión de datos falsos o fuera de contexto.
Consulta pública y sanciones: El mecanismo para imponer multas por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estará en consulta pública hasta el 21 de agosto; Sheinbaum garantizó “candados” para no sancionar la crítica política.
Rechazo del sector y sociedad civil: La CIRT, la oposición política y la organización Artículo 19 advirtieron sobre el riesgo de regresión democrática, señalando que el Estado no debe asumir el rol de árbitro moral de la verdad informativa.
El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco acusa que la Fiscalía estatal alteró la escena del rancho El Zapote, en Ayutla, antes de permitirles el acceso. Las autoridades sostienen que los restos corresponden a animales, mientras las familias exigen peritajes científicos y rechazan que el caso se cierre de manera anticipada.
Ante las acusaciones de censura lanzadas por la oposición, la CIRT y la organización Artículo 19, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los nuevos lineamientos de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión busquen acallar a los medios, asegurando que su único fin es garantizar los derechos de las audiencias a través de códigos de ética, defensorías especializadas y la clara diferenciación entre información y opinión en radio y televisión. Mientras el Gobierno federal mantiene abierta una consulta pública hasta el 21 de agosto para definir el polémico esquema de sanciones de la CRT e insiste en implementar "candados" para proteger la crítica política, gremios periodísticos y activistas advierten sobre un riesgo de regresión democrática al pretender que el Estado actúe como un árbitro moral sobre la veracidad informativa.
De acuerdo con un estudio de Datos México, fueron precisamente los números, las matemáticas, los que prendieron las alarmas en el examen de admisión en línea de la UNAM. Las matemáticas no militan, no opinan y no se indignan. Simplemente muestran cuándo algo medible se comporta de forma atípica.
Agencia de Consultoría Internacional no está entre las 11 empresas investigadas por la FGR por el caso Ingemar de Ruffo Appel, a pesar de que le cedió su permiso de comercialización de combustibles en 2024 y sus representantes son mencionados en el expediente. La compañía fundada en Puebla ha tenido múltiples cambios de objeto social.
.svg){kind=small}
