Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Guanajuato: La historia de irregularidades de la Fiscalía y las anomalías que continúan
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
El nuevo fiscal de Guanajuato Gerardo Vázquez.
EMEEQUIS.- El cambio no dio resultados. El abril de 2025, con la entrada de la nueva gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, ocurrió un relevo en la Fiscalía General del Estado: la salida de Carlos Zamarripa, el fiscal que después de 16 años en el cargo acumuló varios señalamientos por corrupción. Sin embargo, con el nuevo fiscal, Gerardo Vázquez Alatriste, el enjambre de irregularidades siguió, como así lo documenta EMEEQUIS. Esto ocurrió en todos los ámbitos: transparencia, crisis forense y acusaciones de agresión contra ciudadanos, incluso periodistas.
Uno de los casos más sonados ocurrió en Juventino Rosas, cerca de Celaya. En un video difundido en abril de este año por distintos medios locales. se muestra a mujeres reclamando a hombres con los rostros cubiertos, cerca de camionetas.
El contexto involucra a un par de mujeres identificadas en algunos videos como madres buscadoras, aunque sin confirmación directa y sin que hayan podido ser identificadas por grupos de búsqueda en Guanajuato con los que EMEEQUIS estableció contacto. Las mujeres defendían a un par de jóvenes que eran llevados a un paraje por elementos encapuchados, quienes, según se escucha en el video, son acusados de ser miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los elementos encapuchados tripulaban vehículos sin placas.
La mujer que graba muestra menciona que los jóvenes fueron llevados de forma ilegal, sin ser presentados a las autoridades; los hombres señalados serían identificados por la propia Fiscalía General del Estado de Guanajuato como miembros de su corporación.
—¿Por qué no nos los presentaron en fiscalía? —cuestiona una de las mujeres en el material.
De repente, uno de los ciudadanos acusa a los hombres de rostro cubierto de ser parte del CJNG y, cuando esto ocurre, los señalados empiezan a retirarse. A la fecha, no se sabe la intenciones que tenían dichos policías con los jóvenes, ni el destino de las mujeres que les plantaron cara.
Como dato adicional, según informó el abogado y activista Roberto Saucedo, quien ha emprendido varios procesos legales contra la fiscalía, explicó que uno de los elementos que participó en este hecho murió recientemente en un operativo donde hubo un enfrentamiento.
LAS IRREGULARIDADES Y OPACIDAD DE LA FISCALÍA
Pero más allá de las irregularidades públicas, la fiscalía tiene problemas internos de rendición de cuentas. La Plataforma Nacional de Transparencia señala que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, a cargo de Gerardo Vázquez Alatriste, tiene un total de 24 casos de funcionarios sancionados. Sin embargo, en ningún momento se especifica el nombre de los involucrados ni el tipo de sanción, aunque sí se detalla que corresponden al periodo entre 2023 y 2025.

La fiscalía también ha enfrentado un aumento en la cantidad de resguardo y destrucción de narcóticos, con números poco consistentes entre años. Según cifras proporcionadas por la propia institución a través de transparencia, la destrucción de narcóticos decomisados se disparó en los últimos años: en 2018 apenas era de 45 unidades; para 2019 fueron 779; en 2020 ascendió a 5 mil 980.
La fiscalía también enfrenta una crisis forense, ya que bajo su resguardo tiene 962 cadáveres no identificados, 749 de ellos, la mayoría, en el Centro de Resguardo Temporal, según cifras reveladas por la institución a través de transparencia. De esos cuerpos, hay 34 cadáveres no reclamados y cerca de 143 restos óseos, así como tres restos óseos identificados que tampoco han sido reclamados.

Otra de las irregularidades tiene que ver con el gasto ejercido por la fiscalía en eventos. En una respuesta de transparencia, la institución admite haber gastado 485 mil 906.60 pesos sólo en el primer informe del nuevo fiscal, incluidos 33 mil 834 pesos destinados a la difusión de ejemplares del texto, “además de los estuches o empaques para contenerlos”.
UN PERIODISTA GOLPEADO, CATEOS Y OTRAS IRREGULARIDADES
Ana, una periodista guanajuatense, explica en entrevista para EMEEQUIS que la institución ya tiene un largo historial de irregularidades, pese a la reciente entrada del fiscal.
Cuando llegó el nuevo fiscal, “hubo un montón de movimientos dentro de la fiscalía; el fiscal fue delegado de la FGR en varios lugares y luego en Guanajuato. Él tenía acusaciones de extorsión”.
“Llega la nueva gobernadora, ya no quería más a Carlos Zamarripa, que tenía más de 10 años en el puesto y un montón de arbitrariedades y hay un proceso de selección; en ese proceso pues ya los grupos parlamentarios eligen a su candidato”.
La reportera también menciona el caso de un periodista que fue golpeado por miembros de la fiscalía. Artículo 19 retomó el caso a través de un comunicado emitido el 22 de abril, la agresión ocurrió el 20 de ese mes, “ el periodista Macario Sierra, de los medios Guanajuato Sur Noticias y La Crónica de Guanajuato, fue agredido físicamente, amenazado y sufrió robo de su equipo de telefonía por parte de seis elementos del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato”.
“Durante la cobertura de un operativo y cateos en la comunidad de San Antonio de las Maravillas, en Juventino Rosas, Macario Sierra documentó con fotografías y vídeo las agresiones a varias mujeres por parte de los elementos y el decomiso de una motocicleta”.
“Cuando el periodista Macario Sierra se encontraba solo en un punto en el que no hay cámaras del C5 fue abordado por elementos del grupo GERI, quienes, de acuerdo con el testimonio del periodista, descendieron de dos unidades y sin cruzar palabra ni atender las identificaciones de prensa que mostró, lo amagaron, golpearon en la cabeza y cuello con las cachas de las armas y le propinaron golpes con puños y patadas en el cuerpo hasta quitarle el teléfono celular con el cual el periodista había documentado el operativo”.
Por su parte el abogado Roberto Saucedo, que ha sido una de las voces más férreas contra la Fiscalía, acusa a la institución de censura y de intentar lavar su imagen con acciones autoritarias. En entrevista con EMEEQUIS, expresa:
“Había una necesidad de fortalecer la fiscalía respecto del anterior titular, que era Carlos Zamarripa Aguirre (…) el Congreso eligió, y este fiscal llegó en segunda votación, no llegó en primera y llegó con el voto en contra de Morena”.
“Todos los demás partidos votaron a favor de él, pero como lo hicieron de forma oculta, hubo un panista que no votó por él”.
Para él, la corrupción en la Fiscalía de Guanajuato viene de la Fiscalía General de la República: “Por mucho tiempo ha tenido malas prácticas de corrupción”.
En contacto con otros abogados, Saucedo ha señalado problemas de corrupción en la fiscalía: “Cuando una persona se encuentra en un problema penal, una de las salidas alternas es el procedimiento abreviado, en donde prácticamente te declaras culpable y se pone alguna pena mínima”.
“Son instituciones nobles, pero se pervirtieron en la Fiscalía General de la República; se negocia, dicen a ver, tienes derecho a un abreviado, si quieres que pida la mínima, puesta hay que dar un apoyo. Tienes derecho a la suspensión (…) eso ya lo tenemos en la fiscalía del estado”.
“Hay varios abogados que se han quejado, pocos son los que se atreven, pero estamos precisamente en la búsqueda, ya tengo dos abogados que sí van a hablar de sistemas de esas prácticas”.
Otro tema son los cateos: “Seis diarios en todo el estado. Son miles de cateos, así lo informó el fiscal en su primer informe”.
“Pero cuando confrontas el número de cateos con las sentencias, no checa, quiere decir que muchos cateos en el camino se desvanecen o se arreglan. Y aquí viene otro negocio que también me han estado informando abogados: en un cateo se encuentra alguna actividad ilegal, te pueden asegurar el inmueble”.
Explica que para liberarlo, presuntamente la fiscalía pide un soborno: “Si lo quieres rápido, pues hay formas”.


En el caso de opacidad en redes sociales, las cosas tampoco están bien. “En Facebook y Twitter (X), que es donde más se leen los comunicados, uno tenía la oportunidad de comentar y criticar a la fiscalía, y la fiscalía aguantaba”.
“El día de hoy, si tú intentas, por curiosidad te metes a las redes, tanto de Facebook como en Twitter, ahí dice claramente que la fiscalía eliminó la posibilidad de comentar, no hay interacción, eso es opacidad”.
El abogado explica que hay una demanda de amparo que argumenta que esa restricción “se equipara a que un servidor público limite sus redes sociales o bien bloquee a alguien porque no le gustan las críticas”.
Una de las controversias más sonadas en medios locales fue la prohibición de meter el celular a las oficinas de la fiscalía: “Eso lo acaban de implementar hace cosa de tres meses”.
“El tema es que no tenemos antecedentes de que un teléfono haya provocado inseguridad al interior de la instalación, y aparte, todo el personal de la fiscalía sí trae teléfono adentro, ¿eso qué provocó? Que promoviéramos un amparo y en mi caso, yo obtuve una suspensión de amparo definitiva para poder ingresar con mi teléfono”.

LOS CUERPOS DE PERSONAS Y MÁS ERRORES FORENSES
En cuanto a la crisis forense, también ha habido quejas: “Hemos tenido muchos hechos de cuerpos de personas desaparecidas que son localizados, y se han entregado a las familias, pero resulta que no corresponden a los familiares”.
“Te entregan a un familiar, tú lo ves, lo entierras y pues al poco tiempo han regresado de la fiscalía (…) y dicen ¿sabes que?, no es tu familiar, imagínate el trauma para la familia”.
EL CASO DE LA ADOLESCENTE ASESINADA POR LA FISCALÍA
Uno de los casos más indignantes ocurrió el 11 marzo del año pasado: “Por un delito menor, un delito de violencia familiar de un hermano contra una hermana, adultos obviamente, a la persona a la que debían de detener iba a la escuela con sus hijas en su camioneta”.
“En el operativo lo quisieron detener, pero los vehículos no estaban identificados; se bajan los policías, sin identificación también, él piensa que es un secuestro, trae una escolta él y empieza a ver intercambio de balazos”.
“Él aprieta el acelerador y en la última los tiradores estuvieron baleando y mataron a su hija; una niña de 8 años de nombre Alana Pérez Almanza”.
En ese caso, los padres de la menor acusaron a la fiscalía de no seguir los protocolos adecuados y ser culpables de negligencia. La madre, Marian Paulina Almanza, expresó su dolor:
“Hoy mi amada hija Alana no está conmigo porque la balacearon, fue víctima de un feminicidio, un feminicidio cobarde, mientras su padre la llevaba a la escuela a ella y a su hermana”, según registró Milenio.
“Sí, la mataron, a la fecha la fiscalía ya sabe quién fue el elemento, fue un elemento mujer. Ya lo saben, pero no han procedido, y no quieren proceder contra su gente”, sentencia Saucedo, quien continúa su cruzada por desnudar los males que aún siguen vivos pese a la partida de Zamarripa, y el reinado del nuevo fiscal.
@emeequis
