La reserva de datos se está haciendo costumbre, como en el caso de Pemex, pero la costumbre la podemos eliminar con la ley en la mano y con los órganos encargados de exigir que se abra la información, apegados a legalidad y no a conveniencia.
Dos especialistas consultados por EMEEQUIS consideran que un juicio de amparo podría ser la vía para defender los resultados de los aspirantes aceptados si la UNAM decide cancelar el examen. Una fuente de la institución piensa lo contrario, que no se adquieren derechos hasta estar inscritos. El rector señala que ninguna opción está descartada, mientras 16 expertos analizan con lupa los resultados.
Fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión en contra de Marisol ‘N’, viuda del alcalde de Temoac asesinado, Valentín Lavín, y Geovany Emmanuel ‘N’, ambos funcionarios del municipio. Serán puestos a disposición de un juez especializado, informa la Fiscalía.
Se han integrado hasta este momento 96 datos de prueba, dice la FGR, entre los que destacan dictámenes periciales en química, para determinar la naturaleza y características de los hidrocarburos asegurados.
La reserva de datos se está haciendo costumbre, como en el caso de Pemex, pero la costumbre la podemos eliminar con la ley en la mano y con los órganos encargados de exigir que se abra la información, apegados a legalidad y no a conveniencia.
Dos especialistas consultados por EMEEQUIS consideran que un juicio de amparo podría ser la vía para defender los resultados de los aspirantes aceptados si la UNAM decide cancelar el examen. Una fuente de la institución piensa lo contrario, que no se adquieren derechos hasta estar inscritos. El rector señala que ninguna opción está descartada, mientras 16 expertos analizan con lupa los resultados.
La reserva de datos se está haciendo costumbre, como en el caso de Pemex, pero la costumbre la podemos eliminar con la ley en la mano y con los órganos encargados de exigir que se abra la información, apegados a legalidad y no a conveniencia.
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Si la UNAM resuelve que hubo trampa, deberá fundar individualmente sus respuestas. En la imagen, aspirantes rechazados protestan por los resultados en CU. Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro.com.
EMEEQUIS.– La decisión que tome la Comisión Técnica creada por la UNAM para revisar el examen de ingreso a licenciatura 2026 no sólo definirá si la evaluación deberá repetirse. También podría abrir una batalla jurídica entre aspirantes aceptados, jóvenes que quedaron fuera y la propia universidad.
Sin importar lo que decida, habrá aspirantes afectados.
Mientras dos especialistas consultados por EMEEQUIS consideran que un juicio de amparo podría ser la vía para defender los resultados si la universidad decide cancelar el examen, una fuente jurídica de la propia UNAM sostiene que, por ahora, los aspirantes únicamente tienen una expectativa de derecho, ya que todavía no concluyen su proceso de inscripción.
El punto en común entre las dos posturas es otro: cualquier decisión dependerá de lo que concluya la Comisión Técnica y de la capacidad de la universidad para demostrar quién hizo trampa y quién no.
Para Julio César Muñoz Mendiola, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, el juicio de amparo sí podría convertirse en una vía de defensa para quienes ya fueron aceptados, aunque únicamente si la universidad termina por cancelar los resultados.
En entrevista con EMEEQUIS, explicó que los aspirantes aceptados ya cuentan con un elemento para acudir al juicio de amparo: el resultado oficial que acredita que obtuvieron un lugar.
“Ellos pueden promover su amparo con esa prueba y decir: ‘Bueno, mira, esta es mi prueba. Yo concursé, hice el examen, me quedé. Aquí está mi resultado de que me quedé'”.
JULIO CÉSAR MUÑOZ MENDIOLA.
El especialista sostiene que, por ahora, la suspensión provisional de las inscripciones todavía no constituye un acto definitivo que vulnere derechos, por lo que serán los jueces quienes determinen si ya existe una afectación jurídica: “ahorita todavía no hay una afectación.”
Añade que algunos jueces podrían considerar que ya existe un derecho adquirido con la publicación de los resultados, mientras que otros podrían estimar que el acto de autoridad aún no se ha consumado.
“Cuando la UNAM decida suspender de forma definitiva las inscripciones porque anuló el examen y no reconocer esos resultados (…) ahí, desde mi punto de vista, ya es el acto de autoridad (…) y ya te perjudica”.
El día de ayer, al anunciar la instalación del Comité Técnico integrado por 16 expertos, el rector Lomelí Vanegas indicó que no hay ninguna opción descartada para resolver el problema y que la UNAM está del lado de aquellos que se prepararon para seguir su formación.
Hay más de 22 mil aspirantes que pasaron el examen, que se realizó en línea por primera vez, y que actualmente están en ascuas esperando la evaluación del Comité Técnico. Fueron más de 158 mil los que participaron. Los 28 mil que cuentan con pase reglamentado no se verán afectados, aclaró la institución.
La interpretación no es compartida por todos.
Un funcionario de la UNAM, quien pidió mantener su identidad en reserva, explicó a EMEEQUIS que todavía no puede hablarse de un derecho adquirido, ya que los aspirantes aceptados aún no tienen la calidad de estudiantes de la universidad.
Para sustentar esa postura citó el artículo 4 del Reglamento General de Estudios Universitarios, el cual establece que la calidad de alumno se adquiere únicamente después de concluir el proceso de inscripción.
“Lo anterior es importante al estar pausado el proceso para materializar el ingreso a la universidad; al momento podría considerarse que estamos frente a una expectativa de derecho y no un derecho adquirido; es decir, los aspirantes que obtuvieron el puntaje pueden lograr el beneficio de ser alumnos de la UNAM siempre que se cumplan las reglas que establece la normatividad universitaria”, explicó.
Añadió que, por los tiempos del calendario universitario, resulta complicado pensar en un amparo para garantizar el ingreso mientras no exista una determinación definitiva.
“Por los tiempos marcados en los calendarios de la Universidad es complicado pensar en la vía del amparo para buscar garantizar el acceso y estamos en espera de la determinación del Comité que deberá presentar de manera clara la normatividad para su decisión y los motivos”.
También advirtió que cualquier resolución tendrá consecuencias.
“No será una tarea simple, se encuentra en juego el derecho a la educación, por lo que todas las decisiones deberán establecer de manera clara y contundente la decisión que afectará de una u otra manera a un número importante de jóvenes que buscan cursar una licenciatura”.
El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, ofreció dar certeza a los aspirantes tras las protestas registradas en Ciudad Universitaria y la entrega de un pliego petitorio en la que los estudiantes no aceptados solicitaron se realice el examen de manera presencial para evitar el uso indebido de IA, aplicaciones o cualquier otro tipo de recursos.
Será ese órgano el que determine si existieron irregularidades y, en su caso, si es posible identificar únicamente a quienes hicieron trampa o si las anomalías comprometen la validez del examen.
De acuerdo con Muñoz Mendiola, esa resolución será determinante para el escenario jurídico.
“Todo va a depender de la magnitud del fraude o, en su defecto, de que la UNAM sí logre identificar quiénes hicieron trampa”.
Muñoz Mendiola considera que una cancelación general del examen podría afectar a quienes realizaron correctamente la evaluación pero es difícil saber quiénes sí y quienes no hicieron uso de algún tipo de apoyo.
“Yo sí veo difícil que se anule el examen la universidad”.
A su juicio, sólo un fraude de gran magnitud o plenamente identificado justificaría una medida de ese tipo.
“Necesita ser un fraude de mucha magnitud o que sea muy específico o localizados los que hicieron trampa para que ellos les anulen su examen, porque anular todo el examen vas a correr el riesgo de conculcar derechos que ya fueron adquiridos de las personas que no hicieron trampa”.
En caso de que fuera necesario repetir la evaluación, consideró que ésta tendría que realizarse nuevamente y sin costo para los aspirantes.
“Precisamente la determinación sería que se volviera a hacer el examen sin ningún costo y reforzando todas las irregularidades que se encontraron”.
El profesor sostiene que, si la universidad pretende invalidar el resultado de un aspirante, deberá acreditar que incurrió en alguna conducta indebida.
“Tú comprueba a mí en lo particular que yo hice trampa para que me niegues la aceptación que ya me habías dado”.
También consideró que los estudiantes no deberían asumir las consecuencias de posibles fallas en la organización del examen:”Tú, UNAM, debiste prever eso. Yo no puedo cargar con tu responsabilidad”.
Incluso advirtió que la controversia podría llevar a la universidad a replantear el modelo de evaluación. “Si la tecnología ya te rebasó para blindar que no hagan trampa, creo que se va a tener que regresar al formato antiguo”
Para el abogado especialista en derecho escolar, Nayib Nava, el principal reto jurídico para la universidad será demostrar que las irregularidades realmente afectaron el proceso y, posteriormente, acreditar caso por caso quién incurrió en una conducta indebida.
En entrevista con EMEEQUIS, explicó que un eventual juicio de amparo obligaría a la universidad a justificar por qué decidió cancelar el resultado de un aspirante.
“Yo cuando promuevo mi amparo necesito que tú me justifiques si yo hice trampa o no, si hubo irregularidades en mi examen o no. Aquí es donde la UNAM tendría que justificar si sí hice trampa… Si bien la convocatoria señala que me vas a cancelar el examen, tú justifícame a mí como aspirante que sí cometí la conducta irregular”.
Añadió que la Comisión Técnica deberá acreditar primero que las anomalías influyeron en los resultados generales y después individualizar cada caso.
“Lo primero que tendría que justificar es el aumento en los resultados y acreditar que ese incremento se debió a irregularidades… después tendría que individualizar a los aspirantes y justificar que realizaron una actividad irregular”.
Para Nava, la responsabilidad no termina en quienes hayan hecho trampa.
“Después de los aspirantes que hicieron trampa, viene la UNAM, porque fue la encargada de contratar a la empresa y revisar el mecanismo con el que se aplicaría el examen”.
La empresa, Territorium Life, también se lleva parte en la repartición de responsabilidades, tras cobrar 42 millones de pesos por el sistema.
El abogado considera que cualquier decisión abrirá la puerta a inconformidades, “si no cancela el examen, también podrían promover acciones legales quienes no obtuvieron un lugar por considerar que fueron desplazados por quienes hicieron trampa”.
En paralelo, si la Comisión Técnica concluye que existieron irregularidades atribuibles al proceso de aplicación, Territorium Life, Sociedad Anónima Promotora de Inversión (S.A.P.I.), empresa encargada del examen, podría enfrentar una penalización equivalente al 10% del valor del contrato (poco más de 4 millones de pesos), de acuerdo con las condiciones establecidas en el convenio celebrado con la UNAM.
@MarRome259
La reserva de datos se está haciendo costumbre, como en el caso de Pemex, pero la costumbre la podemos eliminar con la ley en la mano y con los órganos encargados de exigir que se abra la información, apegados a legalidad y no a conveniencia.
Dos especialistas consultados por EMEEQUIS consideran que un juicio de amparo podría ser la vía para defender los resultados de los aspirantes aceptados si la UNAM decide cancelar el examen. Una fuente de la institución piensa lo contrario, que no se adquieren derechos hasta estar inscritos. El rector señala que ninguna opción está descartada, mientras 16 expertos analizan con lupa los resultados.
Fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión en contra de Marisol ‘N’, viuda del alcalde de Temoac asesinado, Valentín Lavín, y Geovany Emmanuel ‘N’, ambos funcionarios del municipio. Serán puestos a disposición de un juez especializado, informa la Fiscalía.
Se han integrado hasta este momento 96 datos de prueba, dice la FGR, entre los que destacan dictámenes periciales en química, para determinar la naturaleza y características de los hidrocarburos asegurados.
