La presidenta Claudia Sheinbaum condicionó la entrega de Rubén Rocha Moya a la presentación de pruebas contundentes por parte de Estados Unidos, rechazando una decisión política en favor de la soberanía nacional. Al citar 38 casos donde Washington negó extradiciones a México por falta de evidencia, Sheinbaum exigió reciprocidad y respeto al debido proceso. Esta postura ocurre mientras las investigaciones locales por el asesinato de Melesio Cuén siguen estancadas tras revelarse montajes oficiales en Sinaloa y una parálisis judicial que mantiene el caso en la impunidad.
"Primero las pruebas": Sheinbaum frena extradición de Rocha Moya y exige reciprocidad a EU
La presidenta Claudia Sheinbaum condicionó la entrega de Rubén Rocha Moya a la presentación de pruebas contundentes por parte de Estados Unidos, rechazando una decisión política en favor de la soberanía nacional. Al citar 38 casos donde Washington negó extradiciones a México por falta de evidencia, Sheinbaum exigió reciprocidad y respeto al debido proceso. Esta postura ocurre mientras las investigaciones locales por el asesinato de Melesio Cuén siguen estancadas tras revelarse montajes oficiales en Sinaloa y una parálisis judicial que mantiene el caso en la impunidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum condicionó la entrega de Rubén Rocha Moya a la presentación de pruebas contundentes por parte de Estados Unidos, rechazando una decisión política en favor de la soberanía nacional. Al citar 38 casos donde Washington negó extradiciones a México por falta de evidencia, Sheinbaum exigió reciprocidad y respeto al debido proceso. Esta postura ocurre mientras las investigaciones locales por el asesinato de Melesio Cuén siguen estancadas tras revelarse montajes oficiales en Sinaloa y una parálisis judicial que mantiene el caso en la impunidad.
Recordó que Estados Unidos tiene 38 extradiciones a México pendientes de resolver.
EMEEQUIS.– En medio del debate público generado por la petición de una corte del Distrito Sur de Nueva York para detener con fines de extradición al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otras nueve personas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó una postura tajante.
Lejos de las interpretaciones que sugieren una decisión meramente política, la mandataria sostuvo que su administración se conducirá bajo una visión de Estado que prioriza la defensa de la soberanía nacional y el cumplimiento irrestricto del Estado de Derecho.
LAS TRES OPCIONES DE LOS “COMENTÓCRATAS” VS. LA VISIÓN DE ESTADO
La presidenta criticó la narrativa de analistas y programas de televisión que reducen la situación a un abanico limitado de salidas. Para Sheinbaum, el análisis mediático ignora el principio fundamental de cualquier sistema de justicia: la presentación de evidencias sólidas antes de proceder contra cualquier ciudadano.
“Hay esta idea de que la Presidenta tiene solamente tres opciones en este momento. Una, entregar a los diez que pidió el gobierno… La primera, que extradite con sentido de urgencia o detenga y luego extradite… La segunda, encarcelarlos en México. Y la tercera, no hacer nada. Se les olvida la más importante, pedir pruebas“.
La mandataria enfatizó que ningún mexicano, sin importar su filiación partidista o cargo público, debe ser privado de un juicio justo. En este sentido, recalcó que la decisión no reside en una voluntad personal, sino en la responsabilidad constitucional de proteger a los ciudadanos frente a acusaciones que carezcan de sustento legal en territorio mexicano.
LA RECIPROCIDAD Y LOS 38 CASOS DE NEGATIVA ESTADOUNIDENSE
Como parte de su argumentación, Sheinbaum adelantó que la próxima semana se presentará un informe detallado sobre la relación de extradición con Estados Unidos. Reveló que existen 38 casos específicos en los que el gobierno estadounidense ha rechazado peticiones de México para detener a personas con fines de extradición, utilizando como argumento la insuficiencia de pruebas.
“Hay 38 casos donde Estados Unidos ha negado la petición al gobierno de México para detener con urgencia a una persona con fines de extradición. Estados Unidos ha negado, ¿por qué? Por falta de pruebas. ¿Cuál es la visión de Estado?… La ley, la Constitución y una visión de defensa de la soberanía“.
Para la jefa del Ejecutivo, este antecedente justifica la exigencia de México hacia el Departamento de Justicia. “Oye, ¿tienes pruebas contra el gobernador con licencia? Preséntalas para que la Fiscalía pueda hacer su investigación“, sentenció, subrayando que si existen pruebas bajo el marco del sistema penal acusatorio, se procederá; de lo contrario, no habrá acción legal.
LA SOBERANÍA COMO EJE NO NEGOCIABLE
Sheinbaum rechazó que su gobierno se encuentre en una encrucijada sin salida. Recordó que su juramento al tomar posesión la obliga a defender la Constitución y la soberanía nacional, principios que, asegura, están por encima de cualquier coyuntura política o presión externa.
“¿Cuál es lo que juré cuando tomé posesión? Defender la Constitución y las leyes que de ella emanen y no traicionar al pueblo y no traicionar la soberanía… Porque sólo pongamos al revés, que México hubiera pedido la detención urgente de un gobernador en funciones en Estados Unidos… pues somos iguales“.
Finalmente, la presidenta reiteró que, aunque no se busca vulnerar la relación bilateral con el país vecino, la dignidad del pueblo de México y el respeto a sus instituciones son la prioridad. Instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Consejería Jurídica para que transparenten los casos de cooperación judicial pendientes, manteniendo siempre el principio de “nunca alejarse del pueblo” como base de su legitimidad.
CONTEXTO: UN LABERINTO DE IMPUNIDAD DESDE 2024
La solicitud estadounidense llega en un momento en que la justicia mexicana parece haberse estancado. A casi dos años de la jornada violenta en Sinaloa, la Fiscalía General de la República (FGR) sigue sin reportar avances sustanciales sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda y el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada.
A pesar de que la trama salpicó a Rocha Moya desde el inicio, la narrativa judicial se hundió en expedientes abiertos que no han logrado sentar a nadie en el banquillo. La historia comenzó a desmoronarse el 10 de agosto de 2024, cuando una carta de Zambada reveló que la reunión en la finca Huertos del Pedregal fue una emboscada donde Cuén fue ejecutado, contradiciendo la versión oficial del asalto en una gasolinera, la cual la FGR calificó el 20 de octubre de ese año como un montaje deliberado.
LA DISPUTA JUDICIAL Y EL PESO DEL PASADO
El relevo en la justicia federal, ahora bajo la gestión de Ernestina Godoy, mantiene la postura de que la investigación sigue “en integración”, marcando una distancia estratégica al aclarar que la muerte de Cuén no está vinculada —todavía— a las acusaciones de narcotráfico en Nueva York.
Este distanciamiento ocurre mientras el contexto político añade sospechas que la FGR aún no agota, como la “ruta del dinero” denunciada por Cuén en su último podcast, donde acusó a la familia de Rocha Moya de desviar fondos de campaña para comprar inmuebles.
PUNTOS CLAVE DE LA POSTURA PRESIDENCIAL
- Exigencia de pruebas: México no detendrá ni extraditará a los señalados si EE. UU. no presenta evidencias suficientes.
- Defensa de la soberanía: La mandataria rechaza las presiones externas y prioriza el marco constitucional mexicano.
- Reciprocidad diplomática: Se exhibirán 38 casos de rechazo previo por parte de EE. UU. para exigir un trato de iguales.
- Estado de Derecho: Se insiste en que todo acusado tiene derecho a la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario legalmente.
- No es decisión política: Se aclara que la resolución dependerá de la legalidad y de la integración de expedientes por parte de la FGR.
@emeequis
