"Yo no soy nadie. Soy un simple chico que pasó cinco días debajo de un edificio, pero estoy aquí gracias a mi Dios”. Las palabras de Aaron Levi Cantillo, rescatado luego de cinco días de los terremotos en Venezuela.
México y Ecuador disputan un boleto a octavos mientras la crisis diplomática por el asalto a la embajada mexicana sigue abierta en la Corte Internacional de Justicia.
La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó aplicar todo el peso de la ley contra el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, tras la difusión de un video donde agrede físicamente a su esposa, decretando su veto definitivo de la administración pública federal bajo una política de cero impunidad. Aunque el gobierno argumentó que su nombramiento al frente del INEEL no se formalizó por falta de firma presidencial, el exfuncionario ya ejercía el cargo desde el 1 de junio, lo que según el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo constituye una relación laboral formal por la prestación de funciones. Ante la investigación penal de la Fiscalía de Morelos, la mandataria "borró del mapa" a su colaborador y restituyó a Alejandro Salcido en el organismo, mientras la Secretaría de las Mujeres brinda acompañamiento y protección a la víctima.
Pemex otorgó un contrato por 7 mil 580 millones de pesos a Baker Hughes, la empresa del escándalo de la “Casa Gris”. Es una de las contrataciones de servicios petroleros de mayor cuantía formalizadas por la paraestatal y se otorgó durante la administración de Víctor Rodríguez Padilla, ahora señalado por violencia familiar.
"Yo no soy nadie. Soy un simple chico que pasó cinco días debajo de un edificio, pero estoy aquí gracias a mi Dios”. Las palabras de Aaron Levi Cantillo, rescatado luego de cinco días de los terremotos en Venezuela.
La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén se encuentra en un punto muerto, marcada por la falta de capturas y una profunda contradicción institucional tras revelarse que la versión inicial de la Fiscalía de Sinaloa fue un montaje deliberado. A pesar de que la evidencia forense desmintió el supuesto asalto en una gasolinera y ubicó el crimen en la misma finca donde fue secuestrado Ismael "El Mayo" Zambada, la gestión actual de la FGR ha evitado vincular penalmente al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, limitándose a mantener el expediente "en integración" mientras las acusaciones de corrupción vertidas por la víctima antes de morir y las irregularidades en la escena del crimen siguen alimentando un escenario de impunidad prolongada
"Yo no soy nadie. Soy un simple chico que pasó cinco días debajo de un edificio, pero estoy aquí gracias a mi Dios”. Las palabras de Aaron Levi Cantillo, rescatado luego de cinco días de los terremotos en Venezuela.
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¿Quién ordenó el montaje de la gasolinera?
EMEEQUIS.– A casi dos años de la violenta jornada que sacudió los cimientos políticos de Sinaloa, la Fiscalía General de la República (FGR) sigue sin reportar un solo avance sustancial relacionado con el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda y el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada.
A pesar de que el caso salpicó directamente al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, la narrativa judicial se estancó en un laberinto de expedientes abiertos y promesas de justicia que, hasta el día de hoy, no han logrado sentar a nadie en el banquillo de los acusados.
La historia oficial comenzó a desmoronarse el 10 de agosto de 2024, cuando una carta firmada por Zambada reveló que la supuesta reunión para mediar un conflicto universitario entre Cuén y Rocha Moya fue, en realidad, una emboscada.
En la finca Huertos del Pedregal, a las afueras de Culiacán, el exrector de la UAS habría sido ejecutado por allegados a Joaquín Guzmán López, mientras que el histórico líder del Cártel de Sinaloa era enviado por la fuerza a territorio estadounidense en una operación de “traición a la patria” que la FGR investiga bajo la carpeta SON/HSO/0001/882/2024.
Uno de los episodios más críticos para la credibilidad institucional fue la exhibición pública de la Fiscalía de Sinaloa, entonces liderada por Sara Bruna Quiñones. La FGR confirmó el 20 de octubre de 2024 que la versión de un asalto en una gasolinera fue un montaje deliberado.
Las pruebas fueron contundentes: el video presentado por las autoridades locales mostraba un solo disparo cuando la víctima presentaba cuatro impactos, sangre de la víctima en el predio de Culiacán, además de la irregular incineración del cuerpo que impidió protocolos forenses básicos, sugiriendo un encubrimiento desde las más altas esferas del poder estatal.
El relevo en la dirección de la justicia federal no ha destrabado el nudo gordiano del caso. Mientras que bajo el mando de Alejandro Gertz Manero se confrontó públicamente a jueces federales —como Alejandro Alberto Díaz Cruz— por negar órdenes de aprehensión contra policías y peritos, la actual gestión de Ernestina Godoy mantiene la postura de que la investigación sigue “en integración”, como dijo este miércoles en comunicado.
Sin embargo, la institución ha marcado una distancia estratégica, aclarando que la muerte de Cuén no está vinculada (todavía) a las recientes acusaciones de narcotráfico que pesan sobre Rocha Moya y otros nueve personajes en cortes de Nueva York, deslindando la responsabilidad política de la penal.
El contexto político añade una capa de sospecha que la FGR aún no agota. Cinco días antes de morir, Melesio Cuén utilizó su último podcast para lanzar una acusación incendiaria: Rubén Rocha Moya y su familia habrían desviado excedentes de la campaña de 2021 para la compra masiva de inmuebles.
Esta “ruta del dinero” y la enemistad pública declarada entre ambos personajes refuerzan la hipótesis de un móvil político, un cabo suelto que sigue vibrando mientras el gobernador insiste en una coartada de viaje a Los Ángeles que ha sido cuestionada por fuentes periodísticas internacionales.
@emeequis
"Yo no soy nadie. Soy un simple chico que pasó cinco días debajo de un edificio, pero estoy aquí gracias a mi Dios”. Las palabras de Aaron Levi Cantillo, rescatado luego de cinco días de los terremotos en Venezuela.
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La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó aplicar todo el peso de la ley contra el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, tras la difusión de un video donde agrede físicamente a su esposa, decretando su veto definitivo de la administración pública federal bajo una política de cero impunidad. Aunque el gobierno argumentó que su nombramiento al frente del INEEL no se formalizó por falta de firma presidencial, el exfuncionario ya ejercía el cargo desde el 1 de junio, lo que según el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo constituye una relación laboral formal por la prestación de funciones. Ante la investigación penal de la Fiscalía de Morelos, la mandataria "borró del mapa" a su colaborador y restituyó a Alejandro Salcido en el organismo, mientras la Secretaría de las Mujeres brinda acompañamiento y protección a la víctima.
Pemex otorgó un contrato por 7 mil 580 millones de pesos a Baker Hughes, la empresa del escándalo de la “Casa Gris”. Es una de las contrataciones de servicios petroleros de mayor cuantía formalizadas por la paraestatal y se otorgó durante la administración de Víctor Rodríguez Padilla, ahora señalado por violencia familiar.
