Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
¿Qué pretendía hacer Mario Delgado con mil 239 millones de los estados?
El Comité Ejecutivo Nacional de Morena pretendía quedarse con mil 239 millones de pesos de comités estatales, lo cual es violatorio de la normatividad. ¿Para qué los quería? Crece la sospecha de que se iban a destinar a la consulta de revocación de mandato, pero los cacharon.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
EMEEQUIS.– La danza de los millones en el proceso democrático de México no parece ser una prioridad en el partido del presidente, pues su líder Mario Delgado se ha servido con la cuchara grande. El Comité Ejecutivo Nacional a su cargo pretendía hacerse ilegalmente de más de mil 200 millones de pesos que pertenecen a los comités estatales, como se informó en EMEEQUIS.
En 2020, y bajo el pretexto de la austeridad republicana, se disolvieron 109 fideicomisos, porque a decir del presidente “eran un abuso y lo podemos probar”. Se refería a que presuntamente se llevaron a cabo operaciones ilícitas con estos instrumentos en administraciones pasadas, sin que a la fecha se haya presentado una sola denuncia.
Sin embargo, a pesar de que el mismo presidente se ha manifestado en contra de esta figura jurídica en la administración pública, Mario Delgado Carrillo, el presidente de Morena, junto con su secretario de finanzas, Francisco Cabiedes Uranga, y Abigail Torres como vocal, constituyeron un fideicomiso en BBVA Bancomer para atraer ilícitamente recursos de los estados.
Era una operación tan notoriamente ilegal que incluso ocultaron los documentos a la entidad fiscalizadora del INE, dejando en claro la intención de que pasaran desapercibidos 372 millones 461 mil pesos.
El fideicomiso nacional, creado indebidamente, supuestamente era para adquirir o realizar mejoras inmobiliarias, pero la integración del fondo, por disposiciones legales del manejo de los dineros públicos, no puede alimentarse de recursos que hayan sido entregados por autoridades electorales locales en los estados.
Es decir: el partido dirigido por Mario Delgado cometió una violación a la normatividad al promover y conformar un fideicomiso que se alimentó con recursos que no estaban destinados para los aspectos que contempla la ley. Aún más: se percibe el dolo y la intención de ocultar estas operaciones ilícitas, al negarse a entregar la información al INE, hasta en una segunda ocasión que la autoridad electoral se lo exigió.
Por si esto no fuera suficiente, además de los 372 millones, los comités estatales transfirieron también 866 millones 952 mil pesos a las cuentas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que no se justificaron para ninguno de los conceptos autorizados por la ley para llevar a cabo este flujo de recursos, pero que se realizaron evidentemente con la intención de esconder el dinero para evitar que sea considerado como remanente en los estados, y por lo tanto, de acuerdo a la normatividad vigente, se regresen a la hacienda pública.
Con esto la suma transferida ilegalmente alcanzaría los mil 239 millones de pesos, de acuerdo con la fiscalización del INE.
Además de la devolución de los recursos a los comités estatales, para que estos puedan ser devueltos a los erarios de donde salieron, el partido Morena recibirá una sanción económica millonaria, que también involucraría a Mario Delgado y al tesorero, porque se evidenció a todas luces la intención de mentirle a la autoridad.
¿Cuál era la intención de conservar esos recursos? ¿Qué planes tenía Mario Delgado para ese dinero? Los que saben de la materia no descartan que la intención siempre fue la de proveer de dinero al ejercicio de revocación de mandato, para que pudiera sumar participación ciudadana y cumplir la intención al presidente de la República. Y, de paso, evitar un nuevo regaño y jalada de orejas a la desabrida gestión de Delgado al frente del partido de López Obrador.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
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