La Fiscalía General de Sinaloa pone trabas para acceder a la información de Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal con licencia de la institución y uno de los 10 acusados de narcotráfico por Estados Unidos junto con Rubén Rocha Moya.
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La Fiscalía General de Sinaloa pone trabas para acceder a la información de Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal con licencia de la institución y uno de los 10 acusados de narcotráfico por Estados Unidos junto con Rubén Rocha Moya.
La Fiscalía General de Sinaloa pone trabas para acceder a la información de Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal con licencia de la institución y uno de los 10 acusados de narcotráfico por Estados Unidos junto con Rubén Rocha Moya.
La Fiscalía General de Sinaloa pone trabas para acceder a la información de Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal con licencia de la institución y uno de los 10 acusados de narcotráfico por Estados Unidos junto con Rubén Rocha Moya.
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No es la primera vez que la Fiscalía de Sinaloa protege al vicefiscal. Foto: Cuartoscuro.
EMEEQUIS.– En la trama de secretos y revelaciones del clan Rocha Moya también se encuentra Dámaso Castro Zaavedra, quien fuera vicefiscal de Sinaloa, acusado por Estados Unidos de formar parte de la red de protección de Los Chapitos y ahora protegido por la Fiscalía del estado al blindar acceso a sus datos.
Con las nuevas revelaciones sobre la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida el 25 de julio de 2024, se mantiene viva la trama de presunta corrupción y vínculos con el crimen organizado que involucró al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a varios funcionarios estatales.
En este contexto, EMEEQUIS presenta las trabas que la Fiscalía General de Sinaloa puso para acceder a la información de Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal con licencia de la institución.
Dámaso Castro Zaavedra, uno de los 10 acusados por Estados Unidos de estar ligado al narco, presentó solicitud de licencia al cargo de vicefiscal general del Estado, luego de que Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez Mendívil tomaran la misma salida.
EMEEQUIS solicitó diversos documentos relacionados con el funcionario, entre ellos las quejas ciudadanas presentadas en su contra y la cantidad de escoltas asignados durante su desempeño como funcionario, así como su declaración patrimonial.
La Fiscalía respondió que no era posible entregar esa información, debido a que se encuentra clasificada como confidencial y reservada.
Entre los argumentos para reservar la información está la posibilidad de poner en peligro la vida del funcionario, aunque la solicitud de transparencia no pidió revelar las características de la seguridad con la que cuenta Castro Zaavedra actualmente, sino la cantidad de escoltas que tuvo en el pasado.
Respecto de las quejas ciudadanas contra el exvicefiscal, la institución respondió: “Bajo esta hipótesis se parte de la premisa que el afirmar, negar o proporcionar información sobre ‘Quejas ciudadanas realizadas contra Dámaso Castro Zaavedra’, que es materia clasificada como confidencial y que contiene datos personales de privacidad y confidencial, que obran dentro de un procedimientos administrativos de quejas y/o indagatorias y/o denuncias y/o procesos penales en contra de una persona física o moral identificada o identificable como es el caso que nos ocupa, se estaría atentando contra la intimidad, honor, buen nombre y, presunción de inocencia de la persona señala en la solicitud objeto del presente informe”.
Además, la dependencia proporcionó el enlace a la declaración patrimonial del funcionario; sin embargo, la liga estaba rota y no dirigía a ningún documento.
De la misma forma, la declaración patrimonial del funcionario, quien solicitó licencia el 5 de mayo, tampoco se encuentra disponible en los portales de transparencia del estado de Sinaloa.
Otro asunto blindado, y que ni siquiera formaba parte directa de la investigación contra Rocha Moya, fue la comunicación institucional entre los gobiernos de México y Estados Unidos por las acusaciones contra el gobernador.
El gobierno mexicano se negó a entregar las comunicaciones diplomáticas, solicitudes de asistencia jurídica internacional, notas verbales, correos institucionales y minutas de reuniones celebradas entre autoridades de ambos países relacionadas con el señalado, y también las del senador Enrique Inzunza Cázarez, parte del clan.
La información fue clasificada y reservada por un periodo de cinco años.
Sin embargo, este miércoles, la SRE emitió parte de esa información de interés público: “Por instrucciones de la presidenta @Claudiashein y en atención a las solicitudes de acceso a información relacionadas con las peticiones de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos, la @SRE_mx transparentará dicha información, con excepción de las notas diplomáticas relativas a expedientes judiciales que, por su naturaleza, tienen carácter reservado”, adelantó la Cancillería en su cuenta de X.
Destaca la reacción de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cancillería a las acusaciones hechas por Estados Unidos:
“Al respecto, por esta vía me permito reiterar a usted la preocupación que le expresé en nuestra conversación telefónica del pasado 29 de abril, respecto de la revelación al público de los cargos penales y los nombres de las personas sujetas a la Novena Acusación de Reemplazo que fue presentada ante el mencionado Tribunal, mediante la publicación del comunicado de prensa que emitió la Oficina del Fiscal de Distrito de los Estados Unidos de América para el Distrito Sur de Nueva York”.
“Lo anterior, toda vez que se considera que dichos datos —que también se encuentran plasmados en las solicitudes de detención provisional que nos ocupa— son sensibles en materia de procuración de justicia, al tener relación con una investigación penal en curso en territorio estadounidense, y con el juicio penal por el cual se busca la extradición de los reclamados, y que al violarse la confidencialidad de los mismos, esta acción pueda tener impacto en el resultado deseado de los procedimientos de extradición correspondientes”, agrega el texto revelado por la SRE.
Otro ejemplo, revelado por El Universal, fue que la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que existe una “imposibilidad jurídica” para dar a conocer las preguntas formuladas al gobernador Rubén Rocha Moya durante su comparecencia del 26 de mayo de este año. La solicitud presentada por un ciudadano no buscaba conocer las respuestas del mandatario, sino el tipo de cuestionamientos realizados por la autoridad ministerial para esclarecer el llamado “Caso Sinaloa”.
El llamado “Clan Rocha Moya” es el nombre con el que se identifica a un grupo de nueve políticos cercanos al gobernador Rubén Rocha Moya, y a él mismo. Entre ellos figuran el senador Enrique Inzunza Cázarez, el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad, fiscales, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y otros mandos policiales.
De acuerdo con la acusación presentada en Estados Unidos, este grupo fue imputado por conspiración para importar narcóticos a gran escala, posesión de armas y colaboración con la facción de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa. Según la acusación, a cambio de sobornos y apoyo electoral, incluyendo la presunta intimidación de adversarios políticos durante el proceso de 2021, habrían brindado protección e impunidad al grupo criminal para operar en el estado.
El caso desató un escándalo de presunta narcopolítica, provocó que Rocha Moya solicitara licencia temporal al cargo y generó tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos.
Actualmente, Rubén Rocha Moya permanece con licencia temporal como gobernador de Sinaloa. Se encuentra en Culiacán y continúa bajo investigación de la Fiscalía General de la República; sin embargo, no ha sido detenido ni extraditado, mientras el gobierno mexicano sostiene que requiere mayores elementos probatorios por parte de las autoridades estadounidenses.
Varios de sus colaboradores más cercanos, entre ellos los exsecretarios Enrique Díaz Vega y Gerardo Mérida Sánchez, se entregaron voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos y permanecen bajo custodia en ese país. El senador Enrique Inzunza Cázarez también ha sido mencionado en reportes sobre una presunta entrega, aunque ha negado cualquier negociación con las autoridades estadounidenses y mantiene una actividad pública limitada. Otros funcionarios imputados, como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitaron licencia a sus cargos y comparecieron ante la Fiscalía mexicana.
Al frente de la defensa mediática de estos funcionarios, la presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido al gobierno de Estados Unidos pruebas para emprender acciones contra estos funcionarios, cuyos nexos con el Cártel de Sinaloa se vienen anunciando desde hace años.
A finales de mayo, Dámaso Castro se presentó a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, donde negó cualquier vínculo con el narco y dijo confiar en las instituciones.
@emeequis
La Fiscalía General de Sinaloa pone trabas para acceder a la información de Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal con licencia de la institución y uno de los 10 acusados de narcotráfico por Estados Unidos junto con Rubén Rocha Moya.
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