Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Morena viola normatividad y transfiere mil 239 millones de los estados al CEN
Más de mil 239 millones de pesos de comités estatales fueron trasladados ilegalmente a las cuentas nacionales de Morena, de acuerdo con auditoría del INE. Los argumentos del partido para explicar esos movimientos no fueron viables y deberán devolver el recurso al erario.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
EMEEQUIS.– De acuerdo con la auditoría presentada por la Comisión de Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en la que se revisaron los ingresos de los partidos políticos nacionales y locales, se determinó que existieron transferencias irregulares, de los comités estatales de Morena, hacia el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), por un importe de mil 239 millones de pesos.
Estos recursos están divididos en dos partes, una por 372.4 millones que se transfirieron de manera ilegal para constituir un fideicomiso para inmuebles, administrado por el banco BBVA Bancomer, y otra por 866.9 millones por “transferencias no comprobadas” de los comités ejecutivos estatales hacia el comité ejecutivo nacional de morena.
Entre lo dispuesto para la creación del fideicomiso para inmuebles, el CEN de Morena –se supone– aportaría 33.5 millones de pesos, sin embargo solamente transfirió 17 millones, es decir, apenas poco más de la mitad; sin embargo, adquirió un inmueble por un valor de 33 millones 379 mil pesos, por lo que se utilizaron recursos estatales para sufragar un bien para uso nacional, lo que contraviene las disposiciones legales vigentes.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 11 del Reglamento de Fiscalización, solamente existen tres causas por las que se puede transferir dinero de las prerrogativas estatales hacia las cuentas nacionales, y son para: 1) para el pago de proveedores, 2) pago de prestadores de servicios y 3) pago de impuestos. En ambos casos, el recurso que fue transferido no involucra ninguno de estos supuestos, por lo que no debieron realizarse dichas operaciones.
Los recursos que Morena trasladó irregularmente de los estados al CEN según auditoría.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mediante resolución SUP-RAP- 758/2017, establece que los remanentes de los partidos políticos, es decir, el dinero que no se usa o no se comprueba, debe ser reintegrado al erario. No obstante, Morena pretendió eludir la norma mediante la salida del dinero estatal hacia las cuentas nacionales para quedarse con el recurso público.
Estas desviaciones fueron detectadas en la auditoría que el INE llevó a cabo y se notificaron con el oficio INE/UTF/DA/47222/2021 del 7 de diciembre de 2021. Los argumentos esgrimidos por el partido político del presidente fueron desestimados y se consideró la observación como “no atendida”, concluyendo que los recursos deberán ser devueltos a los comités estatales para que estos a su vez los consideren como remanentes y sean reintegrados a los erarios locales.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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