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Periodistas bajo fuego judicial y leyes censoras, radiografía de un 2025 hostil

El año 2025 estuvo marcado por un entorno hostil para el periodismo y la libertad de expresión en México, con casos de acoso judicial contra periodistas y ciudadanos críticos, así como la aprobación de iniciativas legislativas de corte censor. Entre los episodios más relevantes destacan el enfrentamiento entre Layda Sansores y el diario Tribuna, la polémica Ley de Ciberseguridad en Puebla, el caso “Dato Protegido” en Sonora, la iniciativa de telecomunicaciones impulsada por Claudia Sheinbaum, y la detención del periodista veracruzano Rafael León Segovia. Estos hechos reflejan un clima de creciente tensión entre el poder político y la libertad de expresión

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EMEEQUIS.– El año 2025 consolidó a México como un país hostil para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. A lo largo del año se registró un número significativo de casos de acoso judicial contra periodistas y ciudadanos críticos del oficialismo, así como la promoción de iniciativas legislativas que encendieron alertas por su potencial censor y autoritario.

CASO TRIBUNA VS LAYDA SANSORES

Uno de los casos más emblemáticos en materia de censura fue el enfrentamiento entre el diario Tribuna y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. La mandataria emprendió diversas acciones legales contra el medio, acusándolo de incurrir en violencia política en razón de género, con un énfasis particular en su exdirector, Jorge Luis González Valdez.

Los litigios comenzaron en 2025 con denuncias por incitación al odio, difamación, calumnias y violencia política de género. Estas acciones derivaron en medidas cautelares que prohibieron al periodista ejercer su labor durante dos años y ordenaron el cierre temporal de la versión digital del medio, lo que generó amplias acusaciones de censura.

En julio de 2025, un Tribunal Colegiado federal suspendió dichas restricciones al considerarlas excesivas y desproporcionadas, lo que permitió la reanudación parcial de las actividades periodísticas. No obstante, se impusieron nuevas medidas como la revisión previa de contenidos relacionados con la gobernadora y la obligación de notificar publicaciones al Tribunal Superior de Justicia.

LEY DE CIBERSEGURIDAD EN PUEBLA

En Puebla, el caso más relevante estuvo vinculado a la aprobación de la Ley de Ciberseguridad, conocida como “Ley Censura”, impulsada por el Congreso local y promulgada en junio. La reforma tipificó el delito de ciberasedio, con penas de hasta tres años de prisión y multas por insultos u ofensas reiteradas en redes sociales.

La ambigüedad de su redacción provocó críticas nacionales e internacionales por su potencial para silenciar la crítica al gobierno de Alejandro Armenta. Aunque se realizaron foros y modificaciones menores, organizaciones como Artículo 19, la SIP y R3D señalaron la ley como un grave retroceso para la libertad de expresión.

En diciembre, un juez federal declaró inconstitucional parte de la reforma, aunque el proceso continuó. Todo ello ocurrió en un contexto de creciente acoso judicial contra periodistas poblanos, como la vinculación a proceso del comunicador Rodolfo Ruiz y suspensiones que limitaron publicaciones sobre corrupción.

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OTROS CASOS DESTACADOS EN 2025

El caso “Dato Protegido” obligó a la ciudadana Karla María Estrella a publicar disculpas públicas diarias durante 30 días y a ser inscrita en el registro nacional de personas sancionadas por violencia política de género, tras criticar un presunto acto de nepotismo.

En abril, la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión enviada por Claudia Sheinbaum generó polémica por el artículo 109 que facultaba a bloquear plataformas digitales sin orden judicial. Ante la presión, la presidenta pidió frenar la aprobación acelerada y convocó a un parlamento abierto.

En diciembre, el periodista veracruzano Rafael León Segovia “Lafita León” fue detenido y acusado de terrorismo y encubrimiento, lo que desató acusaciones de censura. La gobernadora Rocío Nahle negó cualquier acto de censura y afirmó que en Veracruz existe libertad de expresión “hasta con exceso”.

Finalmente, en mayo, el senador Gerardo Fernández Noroña protagonizó un caso polémico tras un altercado en el AICM. El acuerdo conciliatorio obligó al abogado Carlos Velázquez de León a ofrecer una disculpa pública desde la tribuna del Senado, transmitida en vivo.

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