Maru Campos asegura que las investigaciones sobre la participación de elementos de la CIA en un operativo antidrogas siguen su marcha, luego de que la fiscal especial culpara al funcionario muerto en accidente.
Autoridades de la CDMX y del Estado de México le siguieron la pista a los presuntos homicidas desde la alcaldía Azcapotzalco hasta Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, donde fueron capturados. Uno de los implicados respondió a balazos y resultó herido. Los agresores aparentemente conocían a las víctimas.
Pemex admite en auditoría interna que “se detectaron incumplimientos a las especificaciones contractuales, al no instalarse componentes y accesorios previstos, y al suministrar equipos que no cumplen con las características técnicas pactadas”.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
Maru Campos asegura que las investigaciones sobre la participación de elementos de la CIA en un operativo antidrogas siguen su marcha, luego de que la fiscal especial culpara al funcionario muerto en accidente.
El Gobierno de México y el Gobierno de Sonora anunciaron la puesta en marcha de los Planes de Justicia para Cananea y el Río Sonora, con una inversión conjunta de 2,222 millones de pesos. El acuerdo pone fin a la huelga minera de la Sección 65 tras 18 años y garantiza atención integral a las comunidades afectadas por el derrame tóxico en el río, mediante acciones ambientales, de salud e infraestructura que iniciarán en enero de 2026
Maru Campos asegura que las investigaciones sobre la participación de elementos de la CIA en un operativo antidrogas siguen su marcha, luego de que la fiscal especial culpara al funcionario muerto en accidente.
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EMEEQUIS.– La deuda histórica con los ex trabajadores mineros de Cananea y las comunidades del Río Sonora comienza a saldarse. Con el respaldo del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y del Gobierno de Sonora, a cargo del gobernador Alfonso Durazo Montaño, se ponen en marcha los Planes de Justicia que destinan 2 mil 222 millones de pesos para resolver dos conflictos olvidados durante décadas: la huelga minera de la Sección 65 y la contaminación derivada del derrame tóxico en el Río Sonora.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el gobernador Durazo agradeció la sensibilidad de la presidenta Sheinbaum al atender estos problemas que gobiernos anteriores dejaron sin solución.
“Su perseverancia organizada, respaldada por la razón y la justicia, ha convertido hoy su lucha en un logro histórico”, expresó al referirse tanto a los mineros como a los representantes sociales del Río Sonora que mantuvieron su resistencia durante más de una década.
El plan contempla dos acuerdos: uno para poner fin a la huelga en Cananea y otro para atender la crisis ambiental del Río Sonora.
El gobernador reconoció la participación clave de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Isela Rodríguez; de la Semarnat, dirigida por Alicia Bárcena; de la Comisión Nacional del Agua, a cargo de Efraín Morales López; y de la Secretaría del Trabajo, liderada por Marath Bolaños.
La secretaria de Gobernación destacó que, tras 18 años, se da por concluida una de las huelgas más largas del país, con la liquidación de 651 mineros de la Sección 65.
Al mismo tiempo, los habitantes de los ocho pueblos del Río Sonora reciben justicia ambiental y atención integral a la salud, luego de 11 años de espera.
El plan integral contempla:
Este avance refleja el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alfonso Durazo con la defensa de los derechos de la población y con un modelo de desarrollo sustentado en el humanismo mexicano, que busca justicia social y ambiental para las comunidades históricamente afectadas.
@emeequis
Maru Campos asegura que las investigaciones sobre la participación de elementos de la CIA en un operativo antidrogas siguen su marcha, luego de que la fiscal especial culpara al funcionario muerto en accidente.
Autoridades de la CDMX y del Estado de México le siguieron la pista a los presuntos homicidas desde la alcaldía Azcapotzalco hasta Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, donde fueron capturados. Uno de los implicados respondió a balazos y resultó herido. Los agresores aparentemente conocían a las víctimas.
Pemex admite en auditoría interna que “se detectaron incumplimientos a las especificaciones contractuales, al no instalarse componentes y accesorios previstos, y al suministrar equipos que no cumplen con las características técnicas pactadas”.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
