Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que en México ya no existe censura ni persecución, los hechos contradicen ese discurso. Solo en una semana se registraron tres casos: en Puebla, el periodista Rodolfo Ruiz fue vinculado a proceso tras publicar investigaciones sobre corrupción; en Veracruz, el reportero Rafael León fue detenido y acusado de terrorismo sin pruebas claras; y en Michoacán, una ciudadana fue arrestada por publicaciones críticas en redes sociales, marcando un precedente alarmante
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
EMEEQUIS. La presidenta Claudia Sheinbaum, como antes López Obrador, insiste en que en México ya no se censura ni se persigue a nadie. Pero solo esta semana ocurrieron tres casos que contradicen ese discurso.
En Puebla, el periodista Rodolfo Ruiz fue vinculado a proceso. En Veracruz, el reportero Rafael León fue detenido. En Michoacán, por primera vez, una persona fue arrestada por “atentar contra el honor” de un funcionario en redes sociales.
Lo peor es que no son hechos aislados. Ha sido un patrón en este 2025. Una censura que llegó vía juzgados, fiscalías y leyes ambiguas. Una censura que se viste de legalidad.
En Puebla, el periodista Rodolfo Ruiz, director del portal e-Consulta, fue vinculado a proceso por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El expediente no es nuevo. Se reactivó después de que el medio publicara investigaciones sobre corrupción en el gobierno estatal. No hay prisión, pero sí medidas cautelares, comparecencias periódicas y desgaste judicial. Es censura por asfixia legal.
En Veracruz, el reportero de nota roja Rafael León Segovia, conocido como Lafita, fue detenido por agentes ministeriales y militares. La Fiscalía le imputó delitos graves como terrorismo y ataques a la seguridad pública, sin explicar con claridad en qué hechos se sustentan. Aún así, el juez ordenó prisión preventiva oficiosa.
Organizaciones como Artículo 19 documentaron que el periodista cubría crimen organizado en Coatzacoalcos. El mensaje es que informar sobre violencia puede llevarte a la cárcel.
En Michoacán, por primera vez, una ciudadana fue detenida por publicaciones en redes sociales. Se le acusa de “ataques al honor” de un funcionario municipal en Facebook.
La Fiscalía rastreó perfiles digitales, solicitó orden de aprehensión y la ejecutó. El precedente es grave. Criticar a un servidor público en internet ya es delito.
Lo ocurrido esta semana no es una excepción. Es la continuidad de lo que ya pasó durante todo 2025.
En Campeche, la gobernadora Layda Sansores llevó la censura a un nivel inédito. Un tribunal ordenó censura previa contra el periodista Jorge Luis González y el diario Tribuna. Cualquier texto que mencionara a la gobernadora debía ser enviado antes a revisión judicial. Además, la Fiscalía estatal exigió a un medio local entregar los nombres de reporteros y editores de notas críticas, bajo amenaza de sanciones. No fue una opinión. Fue una orden oficial.
En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta impulsó reformas penales conocidas como Ley Censura, con figuras ambiguas como “ciberasedio”. Los delitos están mal definidos y permiten castigar publicaciones en redes. Al mismo tiempo, se abrió proceso penal contra Rodolfo Ruiz, director de e-Consulta, tras publicar investigaciones sobre corrupción.
En Tamaulipas, la ahora presidenta del Poder Judicial, Tania Contreras, denunció al periodista Héctor de Mauleón por violencia política de género después de una columna donde se mencionaban posibles vínculos familiares con redes de huachicol. La autoridad electoral ordenó bajar la columna y después impuso censura previa. De Mauleón no podía volver a escribir sobre ella sin autorización judicial.
En Guerrero, la alcaldesa de Acapulco Abelina López denunció al portal Acapulco Trends. El tribunal ordenó disculpas públicas diarias durante 15 días, cursos obligatorios, multas y el registro del periodista como agresor de género. Todo por publicaciones críticas sobre su gestión. El castigo fue ejemplarizante. No buscaba reparar daño. Buscaba humillar.
Y está el caso Dato Protegido. Una ciudadana común, Karla Estrella, fue sancionada por un tuit donde cuestionó nepotismo político. Un tribunal la obligó a publicar disculpas durante 30 días, con un texto dictado por la autoridad, y la inscribió en un registro de sancionados. No era periodista. No era candidata. Era una ciudadana opinando.
LA NUEVA CENSURA
La censura en México ya no necesita cierres de redacciones. Usa el aparato legal. Demandas. Medidas cautelares. Registros de sancionados. Delitos mal definidos.
Según Artículo 19, el acoso judicial contra periodistas alcanzó su máximo histórico en 2025. Casi la mitad de los casos se basan en acusaciones de violencia política de género. Una ley creada para proteger derechos se está usando para silenciar críticas.
Pensar que esto solo le pasa a periodistas es un error. La censura alcanzará al resto de la gente. Hoy es un reportero. Ayer fue una tuitera. Mañana puede ser un joven que marche por vivienda, por trabajo digno o por seguridad.
Si el poder usa la ley para castigar la libertad de expresión, nadie está fuera de riesgo.
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
México no es Nicaragua ni Venezuela. Pero avanza por una pendiente peligrosa. No se calla con balas. Se calla con expedientes. No se prohíbe hablar. Se castiga por hablar.
La censura en 2025 por la vía legal ya es una práctica en expansión. Y cuando se normaliza, difícilmente daremos marcha atrás.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
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