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La excarcelación del periodista Rafael Lafita León en Coatzacoalcos expone la fragilidad del sistema judicial en Veracruz. Tras ser acusado de terrorismo sin pruebas sólidas, organizaciones como Artículo 19 denunciaron la criminalización de la labor periodística y advirtieron que este tipo de imputaciones se asemejan a censura. Aunque el comunicador seguirá su proceso bajo resguardo domiciliario por otros cargos, el caso refleja el uso desproporcionado del aparato judicial y la vulnerabilidad de quienes ejercen el periodismo en uno de los estados más peligrosos del país
Ausencia de Sheinbaum en Zacatecas fue por "prudencia", dice Ricardo Monreal, tras las protestas del sábado en Aguascalientes. Silencio presidencial.
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EMEEQUIS.– El juez de control de Coatzacoalcos resolvió la excarcelación del periodista Rafael Lafita León, conocido por su cobertura de nota roja en el sur de Veracruz, luego de que la Fiscalía retirara la imputación por terrorismo. Aunque continuará su proceso en libertad bajo resguardo domiciliario, la decisión dejó al descubierto la fragilidad de las acusaciones iniciales y la desproporción con la que se aplicó la justicia.
La acusación por terrorismo contra un comunicador generó críticas inmediatas. Artículo 19 y otras organizaciones de periodistas y comunicadores reprobaron este tipo de imputaciones legales, señalando que se asemejan a mecanismos de censura y criminalización de la labor informativa. La presidenta Claudia Sheinbaum también urgió a la Fiscalía a explicar el origen de la acusación, que hasta ahora no ha sido aclarado.
El caso se originó el 24 de diciembre, cuando Lafita León fue detenido en Coatzacoalcos por agentes ministeriales y elementos del Ejército. La captura derivó en prisión preventiva oficiosa, sustentada únicamente en la declaración de un supuesto testigo protegido. La falta de pruebas sólidas provocó manifestaciones de colegas y asociaciones que denunciaron un intento de intimidar al gremio periodístico.
La excarcelación ocurre en un contexto de creciente violencia contra periodistas en Veracruz, entidad que en la última década se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el oficio. Colectivos y defensores de derechos humanos exigieron que se garantice el debido proceso y se respete la libertad de expresión, advirtiendo que el uso desproporcionado del aparato judicial erosiona la confianza en las instituciones.
La gobernadora Rocío Nahle García declaró que “no hay terrorismo en Veracruz”, aunque reconoció que el Código Penal contempla esa figura. Su declaración, lejos de disipar dudas, abrió un debate sobre la pertinencia de mantener tipificaciones que pueden ser utilizadas para criminalizar la crítica y el periodismo.
El proceso contra Lafita León se convierte en un caso emblemático de cómo las instituciones pueden ser utilizadas para acallar voces incómodas. La excarcelación es un respiro momentáneo, pero la permanencia de otros cargos mantiene la sombra de la criminalización sobre su trabajo. Para el gremio, el mensaje es claro: ejercer el periodismo en Veracruz sigue siendo un acto de riesgo.
@emeequis
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