Activistas entrevistados por EMEEQUIS denuncian que el gobierno federal y estatal conocían el peligro inminente de Los Ardillos contra la población de la montaña baja de Guerrero y no hicieron nada por evitarlo.
La banda irlandesa U2 graba video en plena lluvia en el Centro Histórico de CDMX. Continúan encharcamientos y afectaciones en al menos siete alcaldías.
Tras la difusión de un reporte de CNN que sugería la participación de la CIA en la explosión de un vehículo en el Estado de México, el Gobierno Federal y la propia agencia estadounidense desataron una cascada de desmentidos que ha colocado la relación bilateral en su punto de mayor tensión. Mientras el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reafirmó que la soberanía operativa de México no admite intervenciones unilaterales ni subordinación, la Fiscalía del Edomex negó categóricamente haber confirmado el uso de explosivos en el incidente. En tanto, la CIA calificó la información como "falsa y sensacionalista". Este choque de narrativas coincide con una ofensiva retórica de Washington, donde el Pentágono y la DEA advierten sobre acciones terrestres directas y nuevas acusaciones contra la cúpula política mexicana, enmarcando el suceso como el inicio de una estrategia de seguridad estadounidense de mayor escala
No sólo en Chihuahua. La explosión de un auto a finales de marzo que mató a dos miembros del Cártel de Sinaloa fue orquestada por la CIA, según fuentes de CNN. Omar García Harfuch niega la noticia.
Activistas entrevistados por EMEEQUIS denuncian que el gobierno federal y estatal conocían el peligro inminente de Los Ardillos contra la población de la montaña baja de Guerrero y no hicieron nada por evitarlo.
Activistas entrevistados por EMEEQUIS denuncian que el gobierno federal y estatal conocían el peligro inminente de Los Ardillos contra la población de la montaña baja de Guerrero y no hicieron nada por evitarlo.
Activistas entrevistados por EMEEQUIS denuncian que el gobierno federal y estatal conocían el peligro inminente de Los Ardillos contra la población de la montaña baja de Guerrero y no hicieron nada por evitarlo.
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Hubo múltiples señales de alertas ignoradas. Foto: Especial.
EMEEQUIS.– Las comunidades nahuas de la Montaña baja de Guerrero llevaban años advirtiendo que el avance de Los Ardillos terminaría en una tragedia humanitaria. Pidieron protección, denunciaron ataques, lograron medidas cautelares y hasta entregaron posiciones al Ejército para evitar más violencia. Hoy, más de 2 mil personas están desplazadas, varias comunidades fueron tomadas y las organizaciones civiles acusan que el gobierno simplemente las dejó solas.
“No fue un hecho repentino”, resume Javier Rodríguez Guerrero, abogado y defensor de derechos humanos que participa en la Sexta Misión de Observación Civil que acompaña al Concejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ). “Desde 2018 hay ataques sistemáticos y generalizados”.
La crisis escaló durante los primeros días de mayo, cuando hombres armados vinculados a Los Ardillos irrumpieron en comunidades indígenas de Chilapa y José Joaquín de Herrera. Hubo asesinatos, incursiones nocturnas, drones explosivos, viviendas baleadas y familias huyendo hacia los cerros o refugiándose en iglesias.
Pero hay una acusación más delicada: el gobierno federal y estatal ya conocían el riesgo.
Dos de las comunidades que terminaron prácticamente tomadas por “Los Ardillos” Tula y Xicotlán, contaban con medidas cautelares desde 2021 emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y aun así fueron las primeras en caer en esta nueva ofensiva. “Tenían medidas cautelares y fueron desplazadas las familias”.
Según explica, el conflicto tiene raíces profundas en la fragmentación criminal que dejó la caída del cártel de los Beltrán Leyva. Desde entonces, Guerrero se convirtió en un mosaico de grupos armados disputando territorios: Los Ardillos, Los Tlacos, Los Rusos, la Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
“Todos están peleando el territorio”, dice. “Ya no sólo viven del trasiego de droga. Buscan controlar economías ilegales completas: cobro de piso, trata, rutas, presupuestos públicos”.
En medio de ese reacomodo quedaron las comunidades indígenas organizadas bajo sistemas de policía comunitaria y autonomía. El CIPOG-EZ decidió no alinearse con ningún grupo criminal y eso, sostienen los activistas, detonó la confrontación.
“Las comunidades dijeron: ‘nosotros no nos vamos por ese camino’”, relata Rodríguez. “Y desde entonces vino el ataque directo de Los Ardillos”.
En 2022 ocurrió otro enfrentamiento fuerte entre las policías comunitarias y Los Ardillos. Según Rodríguez, los comunitarios lograron expulsar a los agresores de varios cerros desde donde operaban. Pero entonces intervino el gobierno.
“Se solicitó que esos cerros fueran entregados al Ejército”, explica. “Había campamentos de Los Ardillos y se pactó que Ejército y Guardia Nacional mantendrían el control para impedir nuevas agresiones”.
Ese acuerdo se rompió. “El día de hoy (el Ejército) ya no tiene control de los cerros”, denuncia. “Eso permitió nuevamente el ascenso de Los Ardillos”. La consecuencia, aseguran, fue inmediata: incursiones armadas sobre cuatro comunidades y desplazamientos masivos.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, coincide en el diagnóstico: la presencia militar ha sido más simbólica que efectiva. “El Ejército tiene un retén en un crucero llamado Tula”, explica. “Pero el 9 de mayo entraron grupos armados, aventaron drones, balacearon casas y quemaron viviendas”.
Abel Barrera Hernández.
Los testimonios de las comunidades son todavía más duros: militares observando a unos 200 metros mientras ocurrían los ataques.
“La Guardia Nacional, la Policía Estatal y el Ejército estuvieron sólo para documentar la infamia”, denunció el centro Tlachinollan previamente. “Tomaron fotos, pero no protegieron a la población”.
Barrera sostiene que los grupos criminales ya conocen perfectamente cómo reaccionan las fuerzas de seguridad. “Saben que no se van a meter con ellos”, afirma. “Aprovechan cambios de guardia o movimientos del Ejército para entrar”.
El resultado son pueblos vacíos, familias escondidas en los cerros y niños durmiendo entre el monte mientras sobrevuelan drones explosivos.
Tanto el gobierno estatal como el federal han insistido en presentar la violencia como un conflicto entre grupos rivales, sin embargo, los defensores rechazan esa narrativa.
“No es un enfrentamiento entre dos grupos del crimen organizado”, insiste Javier Rodríguez y acusa que existe una intención oficial de equiparar a las comunidades indígenas organizadas con grupos criminales para justificar la inacción estatal o reducir el problema a una disputa entre bandas.
Incluso señala presuntos vínculos políticos de Los Ardillos en la región. También menciona relaciones políticas con actores locales y regionales.
Para los activistas, esto ayuda a explicar la desconfianza absoluta hacia las autoridades municipales. “La gente identifica al gobierno municipal como alguien que está del lado de quienes agreden”, dice Abel Barrera.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezaría una estrategia de pacificación en la zona. Pero en las comunidades el anuncio no genera esperanza sino escepticismo.
“¿Cómo puedes sentar a negociar a comunidades indígenas con grupos del crimen organizado?”, cuestiona Javier Rodríguez. “El Estado no está para eso”.
Según los defensores, el problema no es únicamente humanitario ni puede resolverse con mesas de diálogo, para ellos es indispensable desmontar las estructuras criminales que operan en la región.
“Hay reportes de 60 o 70 personas asesinadas y 26 desaparecidas”, señala Abel Barrera. “Y no hay investigaciones ni órdenes de aprehensión”.
Para Tlachinollan, la violencia no se resolverá mientras continúe la combinación de abandono institucional, impunidad y expansión criminal.
La desesperación llegó a tal punto que algunos habitantes grabaron un video pidiendo ayuda al presidente estadounidense Donald Trump. La escena rápidamente se volvió viral y polémica.
Pero quienes acompañan a las comunidades aseguran que no se trata de una postura política sino de un acto desesperado.
“Llevábamos días pidiendo ayuda a Guardia Nacional, Ejército, gobierno estatal, Gobernación, Comisión Nacional de Derechos Humanos… nadie respondía”, dice Rodríguez. “Hubo casi un bloqueo”.
Abel Barrera coincide: “Es un grito de desesperación, (las comunidades piensan) si el gobierno mexicano no me escucha, a ver si me escucha otro gobierno”.
Los activistas aclaran que las organizaciones indígenas no respaldan ninguna intervención extranjera. Pero entienden el contexto emocional detrás del mensaje.
“Son comunidades que sienten que no existen como ciudadanos con derechos”, explica Barrera.
La tragedia ocurre en algunas de las regiones más pobres del país. “Estamos hablando de familias nahuas pobres”, dice Barrera. “No hay maestros, no hay médicos, viven del maíz de temporal”. Ahora, además del abandono histórico, perdieron animales, cosechas y viviendas.
Muchas familias llevan días escondidas en cerros o refugiadas en iglesias improvisadas. “El miedo está a flor de piel”, describe el director de Tlachinollan. “La gente cree que en cualquier momento la pueden matar”.
Las organizaciones calculan entre 2 mil y 2 mil 500 personas desplazadas, una cifra mucho mayor a los números oficiales.
Mientras tanto, el terror continúa avanzando sobre la Montaña baja de Guerrero. Y las comunidades repiten lo mismo que llevan años diciendo: el Estado sabía lo que podía pasar.
@MarRome259
Activistas entrevistados por EMEEQUIS denuncian que el gobierno federal y estatal conocían el peligro inminente de Los Ardillos contra la población de la montaña baja de Guerrero y no hicieron nada por evitarlo.
La banda irlandesa U2 graba video en plena lluvia en el Centro Histórico de CDMX. Continúan encharcamientos y afectaciones en al menos siete alcaldías.
Tras la difusión de un reporte de CNN que sugería la participación de la CIA en la explosión de un vehículo en el Estado de México, el Gobierno Federal y la propia agencia estadounidense desataron una cascada de desmentidos que ha colocado la relación bilateral en su punto de mayor tensión. Mientras el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reafirmó que la soberanía operativa de México no admite intervenciones unilaterales ni subordinación, la Fiscalía del Edomex negó categóricamente haber confirmado el uso de explosivos en el incidente. En tanto, la CIA calificó la información como "falsa y sensacionalista". Este choque de narrativas coincide con una ofensiva retórica de Washington, donde el Pentágono y la DEA advierten sobre acciones terrestres directas y nuevas acusaciones contra la cúpula política mexicana, enmarcando el suceso como el inicio de una estrategia de seguridad estadounidense de mayor escala
No sólo en Chihuahua. La explosión de un auto a finales de marzo que mató a dos miembros del Cártel de Sinaloa fue orquestada por la CIA, según fuentes de CNN. Omar García Harfuch niega la noticia.
