La crisis humanitaria en la montaña baja de Guerrero se agudizó tras seis días de asedio por parte del grupo criminal “Los Ardillos”, quienes utilizaron drones artillados para desplazar a más de mil habitantes nahuas de Chilapa. Ante la emergencia, el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, priorizó una estrategia de no confrontación y ayuda humanitaria, bajo el argumento de evitar bajas civiles en un choque directo con los delincuentes. No obstante, los testimonios de los desplazados desde sus refugios en el monte revelan una profunda fractura política, denunciando que la falta de una intervención contundente para desarmar a los victimarios los dejó en un estado de desamparo total frente al terrorismo tecnológico del crimen organizado