El caso de India muestra un precedente para la UNAM: ambos exámenes en línea fueron vulnerados por la IA, pero las consecuencias fueron muy distintas.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la UNAM debe resolver de manera autónoma la validez del examen de admisión a licenciatura 2026 y la asignación de lugares tras las denuncias de fraude en la prueba en línea, aunque precisó que el gobierno federal está dispuesto a brindar asesoría o apoyo mediante la FGR y la SEP si la institución decide presentar denuncias penales contra los responsables o la empresa contratada. Asimismo, la mandataria urgió a las autoridades universitarias a dar certidumbre pronta a los jóvenes que se manifestaron en Rectoría exigiendo exámenes presenciales, garantizando que quienes no obtengan un espacio contarán con opciones educativas en instituciones como la Universidad Rosario Castellanos
La reserva de datos se está haciendo costumbre, como en el caso de Pemex, pero la costumbre la podemos eliminar con la ley en la mano y con los órganos encargados de exigir que se abra la información, apegados a legalidad y no a conveniencia.
Dos especialistas consultados por EMEEQUIS consideran que un juicio de amparo podría ser la vía para defender los resultados de los aspirantes aceptados si la UNAM decide cancelar el examen. Una fuente de la institución piensa lo contrario, que no se adquieren derechos hasta estar inscritos. El rector señala que ninguna opción está descartada, mientras 16 expertos analizan con lupa los resultados.
El caso de India muestra un precedente para la UNAM: ambos exámenes en línea fueron vulnerados por la IA, pero las consecuencias fueron muy distintas.
Rubén Rocha cede terreno a García Harfuch en Sinaloa, donde la violencia sigue dominada por el cártel local. Un decomiso récord de fentanilo evidencia complicidades, mientras la intervención federal enfrenta límites políticos y operativos
El caso de India muestra un precedente para la UNAM: ambos exámenes en línea fueron vulnerados por la IA, pero las consecuencias fueron muy distintas.
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CONFIDENTE EMEEEQUIS
EMEEQUIS.- El gobernador Rubén Rocha es un lastre. Prueba de ello es que ya fue desplazado por Omar García Harfuch en lo que respecta al problema más acuciante, la violencia.
Los asesinatos no paran en Sinaloa y los enfrentamientos entre los grupos de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y los seguidores de Ismael “El Mayo” Zambada no cesan y no lo harán mientras alguna de las facciones no someta a la otra.
También puede ser, y es lo que se percibe por la presencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el estado, que lo que se intente sea implementar una operación que permita, en un plazo razonable, recobrar las condiciones desde las que se pueda construir paz.
En los hechos, estamos ante una intervención del gobierno federal, aunque no se le quiera llamar así, para guardar las formas y no perturbar a los apoyos políticos con los que cuenta Rocha, entre ellos los de la dirigencia de su partido, Morena.
Es parecido a lo que ocurrió en el primer tramo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, cuando se creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán.
Se nombró a Alfredo Castillo como su titular y pronto opacó al gobernador Fausto Vallejo, quien no terminó su periodo y fue sustituido por Salvador Jara.
Vallejo tuvo una gubernatura accidentada, siempre bajo las sombras de Los Caballeros Templarios, el grupo criminal más poderoso en ese momento. Pidió una breve licencia por motivos de salud y se nombró interino a Jesús Reyna, el secretario de Gobierno, quien terminaría implicado e iría a prisión por tener contactos con Servando Gómez “La Tuta”, capturado en febrero de 2015 en Morelia.
Lo que ocurrió en Michoacán tuvo sus claroscuros. Se logró desmembrar a las estructuras criminales, pero se hizo de la mano de grupos de autodefensa, algunos de los cuales terminaron pasándose al grupo de los bandidos, o en realidad siempre lo fueron.
Una lección importante de aquellos días es que se requiere de la colaboración de los gobernadores. Por más acotados que estén, se pueden convertir en un obstáculo para la implementación de políticas de seguridad exitosas.
Igual de relevante es el desmontar las redes de protección con que cuentan los grupos criminales. Es decir, correr y juzgar a los servidores públicos que estén coludidos con el crimen organizado en sus distintos niveles.
Quizá ahí esté el obstáculo más difícil de sortear para García Harfuch y las fuerzas de seguridad, en lo que respecta a Sinaloa, porque no depende de ellos la esfera política.
Desde la elección de 2021, que llevó al poder a Rocha, se evidenció la participación del cártel de Sinaloa, al menos en lo que respecta a la acción de sicarios privando de la libertad a operadores electorales del PRI el día mismo de las votaciones.
El contexto en que secuestraron a Ismael “El Mayo” Zambada, cuando acudió a una reunión en la que presuntamente estaría el gobernador, además del diputado Melesio Cuén, quien terminó asesinado, trazan lo inquietante de la situación.
El decomiso, por las Fuerzas de Seguridad, de 20 millones de dosis de fentanilo, con un valor de 400 millones de dólares, en Ahome y Guasave, es un éxito que no debe ser regateado, pero al mismo tiempo da cuenta de los niveles de procesamiento que ya hay en Sinaloa, los que no serían posibles sin complicidades de todos los niveles.
Esa es la cancha en la que jugará García Harfuch, quien tiene que tomar las riendas para dar resultados, antes de que los grupos de presión intenten desplazarlo en el territorio.
De alguna manera, es una prueba con la que se podrá constatar la eficacia de la estrategia, pero también los límites a los que se puede llegar y que, por lo pronto, topan con el Palacio de Gobierno en Culiacán.
@jandradej
El caso de India muestra un precedente para la UNAM: ambos exámenes en línea fueron vulnerados por la IA, pero las consecuencias fueron muy distintas.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la UNAM debe resolver de manera autónoma la validez del examen de admisión a licenciatura 2026 y la asignación de lugares tras las denuncias de fraude en la prueba en línea, aunque precisó que el gobierno federal está dispuesto a brindar asesoría o apoyo mediante la FGR y la SEP si la institución decide presentar denuncias penales contra los responsables o la empresa contratada. Asimismo, la mandataria urgió a las autoridades universitarias a dar certidumbre pronta a los jóvenes que se manifestaron en Rectoría exigiendo exámenes presenciales, garantizando que quienes no obtengan un espacio contarán con opciones educativas en instituciones como la Universidad Rosario Castellanos
La reserva de datos se está haciendo costumbre, como en el caso de Pemex, pero la costumbre la podemos eliminar con la ley en la mano y con los órganos encargados de exigir que se abra la información, apegados a legalidad y no a conveniencia.
Dos especialistas consultados por EMEEQUIS consideran que un juicio de amparo podría ser la vía para defender los resultados de los aspirantes aceptados si la UNAM decide cancelar el examen. Una fuente de la institución piensa lo contrario, que no se adquieren derechos hasta estar inscritos. El rector señala que ninguna opción está descartada, mientras 16 expertos analizan con lupa los resultados.
