El caso de India muestra un precedente para la UNAM: ambos exámenes en línea fueron vulnerados por la IA, pero las consecuencias fueron muy distintas.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la UNAM debe resolver de manera autónoma la validez del examen de admisión a licenciatura 2026 y la asignación de lugares tras las denuncias de fraude en la prueba en línea, aunque precisó que el gobierno federal está dispuesto a brindar asesoría o apoyo mediante la FGR y la SEP si la institución decide presentar denuncias penales contra los responsables o la empresa contratada. Asimismo, la mandataria urgió a las autoridades universitarias a dar certidumbre pronta a los jóvenes que se manifestaron en Rectoría exigiendo exámenes presenciales, garantizando que quienes no obtengan un espacio contarán con opciones educativas en instituciones como la Universidad Rosario Castellanos
La reserva de datos se está haciendo costumbre, como en el caso de Pemex, pero la costumbre la podemos eliminar con la ley en la mano y con los órganos encargados de exigir que se abra la información, apegados a legalidad y no a conveniencia.
Dos especialistas consultados por EMEEQUIS consideran que un juicio de amparo podría ser la vía para defender los resultados de los aspirantes aceptados si la UNAM decide cancelar el examen. Una fuente de la institución piensa lo contrario, que no se adquieren derechos hasta estar inscritos. El rector señala que ninguna opción está descartada, mientras 16 expertos analizan con lupa los resultados.
El caso de India muestra un precedente para la UNAM: ambos exámenes en línea fueron vulnerados por la IA, pero las consecuencias fueron muy distintas.
El juicio de Jorge Luis Lavalle por Odebrecht continúa, por lo que parece extraña su rehabilitación en la vida política gracias a la gobernadora de Campeche.
El caso de India muestra un precedente para la UNAM: ambos exámenes en línea fueron vulnerados por la IA, pero las consecuencias fueron muy distintas.
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Sansores: o algo sabe o cometió grave error. Análisis de Julián Andrade.
EMEEQUIS.– La descalificación más contundente a las investigaciones de la FGR sobre el caso Odebrecht lo propinó la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, al nombrar secretario de Desarrollo Económico a Jorge Luis Lavalle, quien estuvo en prisión un año y medio, y en la actualidad se encuentra sujeto a proceso, con medidas cautelares, por lo que en todo momento debe portar un reloj de pulsera con geolocalizador.
Lavalle fue implicado por Emilio Lozoya en la trama de sobornos que el empresario Marcelo Odebrecht utilizó para obtener contratos con Pemex.
A Lozoya lo señalaron altos funcionarios de la empresa de construcción brasileña desde 2017, por lo que la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales presentó una denuncia en su contra.
Pero fue hasta junio de 2019 cuando un juez giró la orden de captura de quien fue director de Pemex, aunque lo atraparon, en Madrid, España, hasta febrero de 2020.
Lozoya es un mitómano, pero el fiscal Alejandro Gertz lo utilizó para tratar de involucrar a diversos personajes de la vida política en el expediente y porque para el presidente López Obrador era la posibilidad de mostrar la podredumbre del pasado neoliberal.
Uno de los pocos implicados que sí cayó en la cárcel es el ahora encargado del desarrollo económico campechano, porque lo acusó, de modo directo, Rafael Caraveo, quien fungió como secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, de recibir dos millones de pesos.
Lozoya en su momento presentó una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto y contra el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, en la que alega que les entregó 100 millones de pesos que eran parte de los pagos de Odebrecht y de los que él solo se quedó un millón y medio de dólares.
Lo único de lo que hay claridad, hasta el momento, es que Lozoya sí aceptó sobornos. Lo demás está en entredicho, porque en la FGR cayeron en el juego de un sujeto que lo único que quería era salvar su pellejo y acogerse a los beneficios de ser testigo colaborador.
Sobre Lavalle, el juicio continúa, por lo que parece extraña su rehabilitación en la vida política.
Solo un juez es el que definirá si es responsable, pero la gobernadora Sansores dio un paso más en el pantano en el que chapotea la 4T.
El tema es relevante, porque el caso Odebrecht tiene alcances transnacionales.
En 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo una estimación sobre los sobornos y pagos de coimas, que por regla general consistían en el 3 % de cada obra.
La mayor inversión se realizó en Brasil con pagos de 349 millones de dólares y en México el cálculo es de 10.5 millones de esa misma moneda.
Sin embargo, los países en los que Odebrecht generó más daño fueron, además de Brasil, Venezuela y Perú. En el primer caso tuvo que dimitir la presidenta de la República, Dilma Rousseff. Respecto a los venezolanos, lo que ocurrió fue que las inversiones corruptas sirvieron para las campañas electorales de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. El mandatario peruano, Pablo Kuczynski, también terminó por renunciar.
Lo anterior muestra, como ha señalado Song Yuhui, en su estudio “El cáncer de la corrupción en Latinoamérica: El caso Odebrecht”, que la red establecida no se detuvo en algún color político, en sentido estricto resultó plural.
“La constructora Odebrecht ha sabido adaptarse a cada escenario y ha sabido trazar una estrategia de sobornos de manera efectiva en cada caso”.
Lo insólito es el paso que dio Sansores, la apuesta que está haciendo y las implicaciones que podría tener si Lavalle es declarado culpable.
Una de dos, o es el error más grave de la campechana hasta el momento, o algo sabe sobre los podridos archivos del caso y de sus intentos de politizarlo, desde la FGR, a cambio de impunidad.
@jandradej
El caso de India muestra un precedente para la UNAM: ambos exámenes en línea fueron vulnerados por la IA, pero las consecuencias fueron muy distintas.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la UNAM debe resolver de manera autónoma la validez del examen de admisión a licenciatura 2026 y la asignación de lugares tras las denuncias de fraude en la prueba en línea, aunque precisó que el gobierno federal está dispuesto a brindar asesoría o apoyo mediante la FGR y la SEP si la institución decide presentar denuncias penales contra los responsables o la empresa contratada. Asimismo, la mandataria urgió a las autoridades universitarias a dar certidumbre pronta a los jóvenes que se manifestaron en Rectoría exigiendo exámenes presenciales, garantizando que quienes no obtengan un espacio contarán con opciones educativas en instituciones como la Universidad Rosario Castellanos
La reserva de datos se está haciendo costumbre, como en el caso de Pemex, pero la costumbre la podemos eliminar con la ley en la mano y con los órganos encargados de exigir que se abra la información, apegados a legalidad y no a conveniencia.
Dos especialistas consultados por EMEEQUIS consideran que un juicio de amparo podría ser la vía para defender los resultados de los aspirantes aceptados si la UNAM decide cancelar el examen. Una fuente de la institución piensa lo contrario, que no se adquieren derechos hasta estar inscritos. El rector señala que ninguna opción está descartada, mientras 16 expertos analizan con lupa los resultados.
