El destino de 22 mil alumnos que pasaron la prueba de la UNAM está en manos de 16 expertos que revisarán la validez del examen. Si deciden reponer el proceso podría desencadenarse una lluvia de amparos.
El caso de India muestra un precedente para la UNAM: ambos exámenes en línea fueron vulnerados por la IA, pero las consecuencias fueron muy distintas.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la UNAM debe resolver de manera autónoma la validez del examen de admisión a licenciatura 2026 y la asignación de lugares tras las denuncias de fraude en la prueba en línea, aunque precisó que el gobierno federal está dispuesto a brindar asesoría o apoyo mediante la FGR y la SEP si la institución decide presentar denuncias penales contra los responsables o la empresa contratada. Asimismo, la mandataria urgió a las autoridades universitarias a dar certidumbre pronta a los jóvenes que se manifestaron en Rectoría exigiendo exámenes presenciales, garantizando que quienes no obtengan un espacio contarán con opciones educativas en instituciones como la Universidad Rosario Castellanos
La reserva de datos se está haciendo costumbre, como en el caso de Pemex, pero la costumbre la podemos eliminar con la ley en la mano y con los órganos encargados de exigir que se abra la información, apegados a legalidad y no a conveniencia.
El destino de 22 mil alumnos que pasaron la prueba de la UNAM está en manos de 16 expertos que revisarán la validez del examen. Si deciden reponer el proceso podría desencadenarse una lluvia de amparos.
¿Hasta dónde llegan las cosas? ¿Quiénes tenían la autoridad para dar luz verde al montaje en Sinaloa? ¿Sara Bruna Quiñonez, la entonces fiscal, se mandaba sola? Las respuestas pueden resultar una bomba para Rubén Rocha Moya.
El destino de 22 mil alumnos que pasaron la prueba de la UNAM está en manos de 16 expertos que revisarán la validez del examen. Si deciden reponer el proceso podría desencadenarse una lluvia de amparos.
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Las implicaciones del montaje seguirán. Análisis de Julián Andrade.
EMEEQUIS.– Nunca un arranque de gobierno resultó tan complicado. No tiene ni un mes en el cargo, y la presidenta Claudia Sheinbaum ya acusa recibo de los problemas que le dejó su antecesor, pero que asumió como propios.
Tendrá que resolver, en lo inmediato, qué hacer con el gobernador Rubén Rocha. Cada día hay más evidencias que lo implican en una trama por demás oscura en lo que respecta a las disputas entre facciones del Cártel de Sinaloa.
Están atrapados en una narrativa, impuesta por López Obrador, para proteger al mandatario sinaloense, pero ese error de cálculo es cada día más costoso y se puede convertir en ruinoso una vez que se empiece a ventilar el asunto en la corte de Nueva York.
Subestimaron la fuerza que tendría la carta que hizo pública Ismael “El Mayo” Zambada, donde se narraban los pormenores de su secuestro y el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Melesio Cuén.
Lo que señaló en su misiva el líder criminal, se ha ido comprobando, y por la propia FGR, que está a cargo de Alejandro Gertz, y a la que no se le puede acusar de ser contraria o siquiera tímidamente crítica a lo que hace el grupo en el poder en cuestiones legales.
Cuén murió en la finca en Huertas del Pedregal, donde “El Mayo” Zambada se reuniría con Joaquín Guzmán López y en teoría con el propio gobernador, para tratar asuntos relacionados con la AUS.
Un aspecto central, más allá de la trampa que era la cita, es por qué un tipo tan cauteloso como “El Mayo” Zambada, no tuvo reparos en acudir al encuentro e inclusive hacerlo solo acompañado por cuatro pistoleros.
El gobernador Rocha rechazó, desde un principio, el haber estado en el lugar y afirmó que en realidad se encontraba en Los Ángeles, California.
Pero no se trata de establecer si Rocha es inocente, ya que eso no es lo que está en la balanza, en este momento, y sólo lo puede determinar un juez, sino de las evidentes responsabilidades políticas que tiene respecto a lo que está ocurriendo.
En particular se encuentra amarrado al desastroso y criminal comportamiento de la Fiscalía del Estado, donde operaron para encubrir el crimen en contra de Cuén y para desviar la atención de los responsables.
En asunto, ahora lo sabemos, se llegó al extremo de montar un escenario en una gasolinera, para fingir un asalto, pero en la batea de la camioneta había rastros de sangre de uno de los guardaespaldas desaparecidos.
Es decir, los funcionarios de la Fiscalía Estatal no sólo encubrieron un crimen, sino participaron activamente en su operación.
La FGR tiene abiertas tres carpetas: el secuestro de “El Mayo” Zambada, por el que fue trasladado a Estados Unidos, el homicidio de Cuén y la desaparición forzada de varias personas.
En cada uno de esos asuntos, que en realidad responden a una trama criminal, hay funcionarios implicados, además de Guzmán López.
¿Hasta dónde llegan las cosas? ¿Quién o quiénes tenían la autoridad suficiente para dar luz verde a semejante operación? ¿Sara Bruna Quiñonez, la entonces fiscal, se mandaba sola?
La respuesta a estas interrogantes puede resultar una bomba para el gobernador Rocha.
En realidad, no hay salida decorosa posible, como no sea la de la solicitud de licencia para que la FGR pueda hacer su trabajo sin interferencia alguna.
Inclusive los más cándidos deben aceptar que mantener en el poder al actual gobernador está generando un costo político creciente.
En el fondo, todo se va complicando porque no se tomaron las decisiones lógicas en su momento.
Se creyó que todo pasaría, que con negarlo bastaba, que acusar a las agencias de Estados Unidos y a los conservadores funcionaría como un contrafuego, pero es evidente que ya no resultó así.
@jandradej
El destino de 22 mil alumnos que pasaron la prueba de la UNAM está en manos de 16 expertos que revisarán la validez del examen. Si deciden reponer el proceso podría desencadenarse una lluvia de amparos.
El caso de India muestra un precedente para la UNAM: ambos exámenes en línea fueron vulnerados por la IA, pero las consecuencias fueron muy distintas.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la UNAM debe resolver de manera autónoma la validez del examen de admisión a licenciatura 2026 y la asignación de lugares tras las denuncias de fraude en la prueba en línea, aunque precisó que el gobierno federal está dispuesto a brindar asesoría o apoyo mediante la FGR y la SEP si la institución decide presentar denuncias penales contra los responsables o la empresa contratada. Asimismo, la mandataria urgió a las autoridades universitarias a dar certidumbre pronta a los jóvenes que se manifestaron en Rectoría exigiendo exámenes presenciales, garantizando que quienes no obtengan un espacio contarán con opciones educativas en instituciones como la Universidad Rosario Castellanos
La reserva de datos se está haciendo costumbre, como en el caso de Pemex, pero la costumbre la podemos eliminar con la ley en la mano y con los órganos encargados de exigir que se abra la información, apegados a legalidad y no a conveniencia.
