El destino de 22 mil alumnos que pasaron la prueba de la UNAM está en manos de 16 expertos que revisarán la validez del examen. Si deciden reponer el proceso podría desencadenarse una lluvia de amparos.
El caso de India muestra un precedente para la UNAM: ambos exámenes en línea fueron vulnerados por la IA, pero las consecuencias fueron muy distintas.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la UNAM debe resolver de manera autónoma la validez del examen de admisión a licenciatura 2026 y la asignación de lugares tras las denuncias de fraude en la prueba en línea, aunque precisó que el gobierno federal está dispuesto a brindar asesoría o apoyo mediante la FGR y la SEP si la institución decide presentar denuncias penales contra los responsables o la empresa contratada. Asimismo, la mandataria urgió a las autoridades universitarias a dar certidumbre pronta a los jóvenes que se manifestaron en Rectoría exigiendo exámenes presenciales, garantizando que quienes no obtengan un espacio contarán con opciones educativas en instituciones como la Universidad Rosario Castellanos
La reserva de datos se está haciendo costumbre, como en el caso de Pemex, pero la costumbre la podemos eliminar con la ley en la mano y con los órganos encargados de exigir que se abra la información, apegados a legalidad y no a conveniencia.
El destino de 22 mil alumnos que pasaron la prueba de la UNAM está en manos de 16 expertos que revisarán la validez del examen. Si deciden reponer el proceso podría desencadenarse una lluvia de amparos.
El asesinato del agente de la DEA, Enrique “El Kiki” Camarena, en 1985, desató una crisis diplomática entre México y EE.UU., exponiendo la corrupción en las fuerzas de seguridad, incluida la Dirección Federal de Seguridad (DFS) bajo el mando de Manuel Bartlett. Este caso culminó en el desmantelamiento de la DFS y la creación del CISEN, marcando un punto crítico en la lucha contra el narcotráfico
El destino de 22 mil alumnos que pasaron la prueba de la UNAM está en manos de 16 expertos que revisarán la validez del examen. Si deciden reponer el proceso podría desencadenarse una lluvia de amparos.
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EMEEQUIS.- El caso de Enrique “El Kiki” Camarena, el agente de la DEA que fue asesinado en México hace casi 40 años, es como una tormenta que viene y va.
Desde que se tuvo noticia de su secuestro, el 7 de febrero de 1985, se generó uno de los momentos más delicados en la relación con los Estados Unidos.
El director de la DEA, Francis Mullen, y el embajador John Gavin exigieron que se le buscara con determinación.
En conferencia de prensa, Mullen acusó que el 30% de la heroína que ingresaba a su país lo hacía por la frontera sur y que México tenía 75 grandes narcotraficantes que tenía su centro de operaciones más relevante en Guadalajara, Jalisco.
Uno de los puntos más altos de la tensión ocurrió cuando grupos de migración, aduanas y antimotines implementaron un esquema de revisión exhaustivo en los puntos fronterizos, generando esperas que implicaron, en los hechos, un cierre.
La Operación Intercepción, le llamaron a una determinación que tenía el objetivo de mostrar la alta preocupación y hasta la hostilidad con lo que estaba ocurriendo.
El presidente Miguel de la Madrid decidió enfrentar el problema con realismo. Sabía que detrás de los reclamos de la DEA y el FBI existía una realidad incuestionable: la corrupción policiaca era un hecho “y las sumas millonarias del narcotráfico han creado complicidad y tolerancia en algunas autoridades.”
El Departamento de Estado difundió un estudio que hacía ver las carencias y debilidades en el combate al narcotráfico y la prensa, radio y televisión al norte del Río Bravo hacían énfasis en la barbarie en la que se vivía en México.
Mullen, en una entrevista con la cadena ABC, reveló que elementos de la Policía Judicial Federal y de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) estaban involucrados y daban protección a los secuestradores del agente de la DEA.
En ese aspecto, ni meter las manos, no solo porque era cierto, sino ya que se ignoraba el nivel que ya había alcanzado la penetración del crimen organizado y particularmente en la DFS, la que, por cierto, dependía de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular era Manuel Bartlett.
El propio De la Madrid escribiría en “Cambio de Rumbo. Testimonio de una presidencia, 1982-1988”, que, por desgracia, “sí tenemos cola que nos pisen”, debido a toda una serie de corruptelas y prácticas en las áreas de seguridad.
De la Madrid tuvo una conversación telefónica con Ronald Reagan en la que se acordó suspender la Operación Intercepción, pero no rebajó del todo las tensiones, ya que cada día se hacía más urgente saber del destino de Camarena.
El 25 de febrero, el escándalo arreció, porque Rafael Caro Quintero, señalado como responsable y principal sospechoso de lo que pudiera ocurrirle al agente de la DEA, huyó del país en avión, el cual pudo tomar y hacer despegar, porque contaba con credenciales de la DFS.
El 4 de marzo se encontraron los cadáveres de Camarena y de Alfredo Zavala, el piloto que lo acompañaba cuando fue privado de su libertad.
Las investigaciones forenses revelaron que Camarena había sido torturado durante varias horas, probablemente para obtener información sobre las actividades de la DEA en Guadalajara y del alcance que ya tenían.
Derivado de esos hechos, fueron detenidos 13 elementos policiales de Jalisco y Federales.
Una de las consecuencias del penoso y trágico episodio, es que se daría paso al desmantelamiento de la DFS, una corporación que a esas alturas era un nido de delincuentes al mando de José Zorrilla Pérez, quien terminaría detenido por el asesinato del periodista Manuel Buendía.
La muerte de Camarena también reveló las debilidades institucionales y los profundos desafíos que iba a significar el cambio de modelo, que llevó a la planeación que aterrizaría, años después, con la creación del CISEN.
@jandradej
El destino de 22 mil alumnos que pasaron la prueba de la UNAM está en manos de 16 expertos que revisarán la validez del examen. Si deciden reponer el proceso podría desencadenarse una lluvia de amparos.
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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la UNAM debe resolver de manera autónoma la validez del examen de admisión a licenciatura 2026 y la asignación de lugares tras las denuncias de fraude en la prueba en línea, aunque precisó que el gobierno federal está dispuesto a brindar asesoría o apoyo mediante la FGR y la SEP si la institución decide presentar denuncias penales contra los responsables o la empresa contratada. Asimismo, la mandataria urgió a las autoridades universitarias a dar certidumbre pronta a los jóvenes que se manifestaron en Rectoría exigiendo exámenes presenciales, garantizando que quienes no obtengan un espacio contarán con opciones educativas en instituciones como la Universidad Rosario Castellanos
La reserva de datos se está haciendo costumbre, como en el caso de Pemex, pero la costumbre la podemos eliminar con la ley en la mano y con los órganos encargados de exigir que se abra la información, apegados a legalidad y no a conveniencia.
