EMEEQUIS. - Tras décadas de desabasto, la Nación Comca’ac cuenta finalmente con una red de suministro formal. En el inicio…
La implementación del calendario escolar mundialista para el ciclo 2025-2026 ha generado una profunda fractura en el sistema educativo mexicano, dividiendo a las entidades federativas entre la alineación con la SEP y la resistencia interna. Mientras estados como Chihuahua han aceptado concluir clases el 5 de junio citando la protección contra la ola de calor, entidades como Jalisco y Guanajuato rechazan la medida por considerarla un golpe al aprendizaje y una vulneración a la organización de las familias. Colectivos de la sociedad civil denuncian que este recorte, impulsado por la logística del Mundial 2026, prioriza el espectáculo sobre el derecho a la educación y traslada una carga desproporcionada de trabajo de cuidados a las mujeres, agravando el rezago académico y la desigualdad de género en el país
Sinaloa se ha consolidado como el epicentro de la violencia de género en México durante el primer trimestre de 2026, encabezando la lista nacional con 15 feminicidios, cifra que representa el 10.1% del total del país y supera en cuatro veces la media nacional. Esta crisis de seguridad tiene su foco rojo en Culiacán, municipio que por sí solo concentra casi uno de cada diez feminicidios en México y donde se registra, en promedio, un asesinato de mujer a la semana. Pese al discurso oficial de la Secretaría de las Mujeres que resalta las políticas de la administración saliente, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo revelan una realidad cruda: una estela de inseguridad heredada por el gobierno de Rubén Rocha Moya, caracterizada por 19 denuncias diarias de violencia familiar y una alarmante incidencia de delitos sexuales que contradicen los informes de resultados institucionales.
Organizaciones civiles como la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y la Red de Mujeres por la Salud manifestaron su rechazo al ajuste del calendario escolar 2025-2026, el cual adelantará el fin de clases al 5 de junio debido a la logística del Mundial 2026. Los colectivos denuncian que esta decisión, anunciada por el secretario Mario Delgado, prioriza el evento deportivo sobre el derecho a la educación y agrava la desigualdad de género, ya que traslada la responsabilidad del cuidado de más de 18 millones de estudiantes a los hogares, recargando de manera desproporcionada el trabajo no remunerado de las mujeres. Ante la falta de un Sistema Nacional de Cuidados, las activistas exigen a la SEP transparencia en sus criterios y la implementación urgente de alternativas públicas que garanticen espacios seguros para las infancias sin vulnerar la autonomía económica de las madres trabajadoras
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"Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político", dice Sheinbaum sobre caso Rocha Moya.
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Semáforo rojo a la extradición. Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro.com.
EMEEQUIS.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó una postura enérgica tras la notificación de solicitudes de extradición contra diez ciudadanos mexicanos, incluyendo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La mandataria aclaró que su administración ha actuado conforme al marco normativo, turnando la información a la Fiscalía General de la República (FGR) para su evaluación, pero subrayó que México no actuará bajo subordinación.
“Desde que asumí la presidencia de México juré hacer respetar la constitución y las leyes, asimismo asumí el firme compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional. México es un país grandioso, con un pueblo generoso y trabajador”.
Durante su mensaje, la Jefa del Ejecutivo enfatizó que la relación con otras naciones debe ser de respeto mutuo. Aclaró que cualquier procedimiento judicial que se pretenda ejecutar en territorio nacional debe contar con el aval de las autoridades competentes y basarse en evidencias contundentes que se apeguen a las leyes mexicanas.
“México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo. Como Presidenta de la República mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía. Es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”.
Sheinbaum fue clara al señalar que no se encubrirá a ningún criminal, pero advirtió que la falta de pruebas sólidas en las acusaciones estadounidenses sugiere una posible manipulación del proceso. La mandataria recalcó que no se permitirá que gobiernos extranjeros interfieran en los asuntos internos de la nación.
“Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Debe quedar sumamente claro, bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía. Esta es nuestra posición”.
Como contexto adicional, el vocero de la FGR, Ulises Lara, reconoció que Estados Unidos solicitó la extradición de Rocha Moya y otros ocho funcionarios. No obstante, Lara puso en tela de juicio las pruebas enviadas, señalando que el documento no aporta evidencias suficientes. Además, la fiscalía expresó un extrañamiento debido a que las autoridades estadounidenses hicieron públicos datos que, por tratado, debían ser confidenciales.
La FGR, cuya titular es Ernestina Godoy, iniciará una investigación propia para determinar si existe fundamento legal para las órdenes de aprehensión. Finalmente, se recordó que para actuar contra servidores públicos de este nivel, la ley mexicana exige agotar primero el juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal o fuero.
@emeequis
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Sinaloa se ha consolidado como el epicentro de la violencia de género en México durante el primer trimestre de 2026, encabezando la lista nacional con 15 feminicidios, cifra que representa el 10.1% del total del país y supera en cuatro veces la media nacional. Esta crisis de seguridad tiene su foco rojo en Culiacán, municipio que por sí solo concentra casi uno de cada diez feminicidios en México y donde se registra, en promedio, un asesinato de mujer a la semana. Pese al discurso oficial de la Secretaría de las Mujeres que resalta las políticas de la administración saliente, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo revelan una realidad cruda: una estela de inseguridad heredada por el gobierno de Rubén Rocha Moya, caracterizada por 19 denuncias diarias de violencia familiar y una alarmante incidencia de delitos sexuales que contradicen los informes de resultados institucionales.
Organizaciones civiles como la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y la Red de Mujeres por la Salud manifestaron su rechazo al ajuste del calendario escolar 2025-2026, el cual adelantará el fin de clases al 5 de junio debido a la logística del Mundial 2026. Los colectivos denuncian que esta decisión, anunciada por el secretario Mario Delgado, prioriza el evento deportivo sobre el derecho a la educación y agrava la desigualdad de género, ya que traslada la responsabilidad del cuidado de más de 18 millones de estudiantes a los hogares, recargando de manera desproporcionada el trabajo no remunerado de las mujeres. Ante la falta de un Sistema Nacional de Cuidados, las activistas exigen a la SEP transparencia en sus criterios y la implementación urgente de alternativas públicas que garanticen espacios seguros para las infancias sin vulnerar la autonomía económica de las madres trabajadoras
