¿Qué hace Estados Unidos cuando acusa a un gobernador en funciones de otro país? La respuesta es incómoda: puede investigar, acusar y pedir extradición; y puede —incluso sin extradición— activar mecanismos financieros y migratorios con efectos inmediatos (OFAC/DHS).
"Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político", dice Sheinbaum sobre caso Rocha Moya.
“Ayer, en efecto, hablé con el gobernador, después de que salieron estos comunicados, y le manifesté lo que manifiesto aquí. Si no hay nada, pues no hay nada que temer. Nada. Tiene que haber pruebas”, reconoce Sheinbaum.
Fuentes en Estados Unidos me confirmaron que la decisión de hacer públicas las acusaciones contra Rocha Moya no fue solo jurídica, sino estratégica, aunque existía preocupación de que en México no se activaran con rapidez los mecanismos institucionales. La pregunta ya no es si habrá más nombres en la lista, sino quiénes ya saben que están en ella.
¿Qué hace Estados Unidos cuando acusa a un gobernador en funciones de otro país? La respuesta es incómoda: puede investigar, acusar y pedir extradición; y puede —incluso sin extradición— activar mecanismos financieros y migratorios con efectos inmediatos (OFAC/DHS).
Sheinbaum no entregará a Rocha Moya sin pruebas irrefutables: "México no es subordinado"
"Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político", dice Sheinbaum sobre caso Rocha Moya.
¿Qué hace Estados Unidos cuando acusa a un gobernador en funciones de otro país? La respuesta es incómoda: puede investigar, acusar y pedir extradición; y puede —incluso sin extradición— activar mecanismos financieros y migratorios con efectos inmediatos (OFAC/DHS).
Semáforo rojo a la extradición. Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro.com.
EMEEQUIS.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó una postura enérgica tras la notificación de solicitudes de extradición contra diez ciudadanos mexicanos, incluyendo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La mandataria aclaró que su administración ha actuado conforme al marco normativo, turnando la información a la Fiscalía General de la República (FGR) para su evaluación, pero subrayó que México no actuará bajo subordinación.
“Desde que asumí la presidencia de México juré hacer respetar la constitución y las leyes, asimismo asumí el firme compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional. México es un país grandioso, con un pueblo generoso y trabajador”.
Sheinbaum argumenta falta de pruebas e injerencismo para no entregar a Rocha Moya. pic.twitter.com/N66f2N5Z7u
Durante su mensaje, la Jefa del Ejecutivo enfatizó que la relación con otras naciones debe ser de respeto mutuo. Aclaró que cualquier procedimiento judicial que se pretenda ejecutar en territorio nacional debe contar con el aval de las autoridades competentes y basarse en evidencias contundentes que se apeguen a las leyes mexicanas.
“México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo. Como Presidenta de la República mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía. Es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”.
🔴La presidenta cuestiona el documento del Departamento de Justicia de EU que señala a Rubén Rocha.
"Tiene que haber pruebas, tiene que haber documentos con base en nuestra legislación, que demuestren la culpabilidad de la persona. Si esas pruebas no están, la pregunta es,… pic.twitter.com/tIQDezYK0J
Sheinbaum fue clara al señalar que no se encubrirá a ningún criminal, pero advirtió que la falta de pruebas sólidas en las acusaciones estadounidenses sugiere una posible manipulación del proceso. La mandataria recalcó que no se permitirá que gobiernos extranjeros interfieran en los asuntos internos de la nación.
“Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Debe quedar sumamente claro, bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía. Esta es nuestra posición”.
Como contexto adicional, el vocero de la FGR, Ulises Lara, reconoció que Estados Unidos solicitó la extradición de Rocha Moya y otros ocho funcionarios. No obstante, Lara puso en tela de juicio las pruebas enviadas, señalando que el documento no aporta evidencias suficientes. Además, la fiscalía expresó un extrañamiento debido a que las autoridades estadounidenses hicieron públicos datos que, por tratado, debían ser confidenciales.
La FGR, cuya titular es Ernestina Godoy, iniciará una investigación propia para determinar si existe fundamento legal para las órdenes de aprehensión. Finalmente, se recordó que para actuar contra servidores públicos de este nivel, la ley mexicana exige agotar primero el juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal o fuero.
PUNTOS CLAVE DE LA NOTA
Defensa de la soberanía: México mantiene una relación de igualdad y no de subordinación con otras naciones.
Validación de pruebas: La FGR solo procederá si existen elementos irrefutables bajo la ley mexicana.
Sospecha de móvil político: Se advierte que las acusaciones de EE. UU. podrían tener un trasfondo político ante la falta de pruebas claras.
Investigación nacional: México no dependerá del expediente extranjero e iniciará su propia indagatoria para buscar datos de prueba.
Violación de confidencialidad: El Gobierno de México reclama que el Departamento de Justicia rompió los protocolos de reserva de los tratados internacionales.
Requisito de desafuero: Para procesar al gobernador o legisladores señalados, es obligatorio realizar un juicio de procedencia.
¿Qué hace Estados Unidos cuando acusa a un gobernador en funciones de otro país? La respuesta es incómoda: puede investigar, acusar y pedir extradición; y puede —incluso sin extradición— activar mecanismos financieros y migratorios con efectos inmediatos (OFAC/DHS).
"Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político", dice Sheinbaum sobre caso Rocha Moya.
“Ayer, en efecto, hablé con el gobernador, después de que salieron estos comunicados, y le manifesté lo que manifiesto aquí. Si no hay nada, pues no hay nada que temer. Nada. Tiene que haber pruebas”, reconoce Sheinbaum.
Fuentes en Estados Unidos me confirmaron que la decisión de hacer públicas las acusaciones contra Rocha Moya no fue solo jurídica, sino estratégica, aunque existía preocupación de que en México no se activaran con rapidez los mecanismos institucionales. La pregunta ya no es si habrá más nombres en la lista, sino quiénes ya saben que están en ella.
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