FGR arropa a Rocha Moya ante solicitud de extradición de Estados Unidos

La FGR arropa a Rocha Moya a unas horas de recibir las pruebas de Estado Unidos.

EMEEQUIS.– El vocero de la FGR, Ulises Lara, reconoció que Estados Unidos pidió la extradición de Rubén Rocha Moya y otros ocho funcionarios acusados de narcotráfico, pero puso en tela de juicio las pruebas en su contra así como la divulgación pública de los hechos. 

“La Fiscalía General de la República informa que en éste, como en cualquier otro caso de solicitud internacional, debe cumplir todos y cada uno de los procedimientos y protocolos establecidos en la normatividad vigente en la materia”, dijo Lara.

Reconoció: “Hemos sido notificados por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición hechas por el Gobierno de los Estados Unidos de América”.

Dijo que era obligación de la FGR, cuya titular es Ernestina Godoy, “analizar la documentación recibida, con la finalidad de establecer, con toda exactitud, si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y, en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud”.

Aseguró que la FGR iniciará una investigación propia para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión.

“Como es del conocimiento público, la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito.

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“No obstante, el Tratado Bilateral en la materia refiere, con toda precisión, que solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes, conforme a las leyes de la parte requerida, en este caso de nuestro país”.

Desestimó el documento presentado por Estados Unidos, porque “no se acompaña de elementos probatorios suficientes, que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”. 

Y reclamó que el vecino del norte haya hecho públicas las acusaciones: “Es necesario referir que la propia solicitud de los Estados Unidos de América requiere que el Gobierno de México tome las medidas necesarias para asegurar que la información contenida en cualquier solicitud de detención provisional o de extradición que haya sido entregada o vaya a ser entregada, no sea divulgada ni se haga del dominio público, como ocurrió con este caso en particular, por propio dicho de las autoridades estadounidenses.

“Lo anterior toma en cuenta, de acuerdo con la propia misiva, que dar a conocer dicha información con otros fines distintos podría ser en detrimento de la naturaleza confidencial de los procedimientos penales en los Estados Unidos y contrario a las normas procesales que los gobiernan.

“La propia Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas establece que deben tomarse las medidas correspondientes a fin de que toda la información y documentación que se remite en este tipo de casos se maneje con carácter confidencial y reservado, a efecto de proteger la información que ha sido transmitida”.

Y argumentó que la legislación mexicana refiere que, en el caso de gobernadores y senadores, se requiere iniciar un juicio de procedencia para obtener una declaratoria que retire la inmunidad procesal a las personas servidoras públicas que ostenten dichos cargos, es decir, removerles el fuero.

@emeequis