La caída histórica en las cifras de homicidios dolosos celebrada por el gobierno federal y los estados merece un análisis más profundo y menos triunfalismo político, advierte el autor, quien señala que una reducción estadística no equivale a derrotar la impunidad; detrás de este descenso podrían operar factores como la presión de la administración de Donald Trump contra los carteles, un reacomodo interno de las organizaciones criminales o la simple disciplina de grupos delictivos para evitar operativos, todo ello sumado a posibles discrepancias metodológicas entre las fiscalías y el INEGI que exigen prudencia antes de presumir resultados operativos definitivos
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió en una defensa frontal de Andrés Manuel López Beltrán tras la revocación de su visa estadounidense, la cual calificó como un acto de evidente injerencia política al carecer de sustento probatorio ante las instituciones mexicanas y exigir la misma reciprocidad de pruebas que Washington demanda en casos de extradición, reprochando además que la narrativa opositora ignore el trabajo profundo y los resultados contundentes de su administración contra el huachicol fiscal; en tanto, la mandataria respaldó el deslinde de la Fiscalía General de la República (FGR) al reiterar que no existen indicios formales ni elementos sólidos contra el exdirigente partidista, un caso que mantiene alta tensión nacional tras las filtraciones de la defensa en el noticiero de Azucena Uresti y la tramitación de amparos federales para frenar cualquier intento de captura
La difusión de una lista de presuntos "desinformadores" por parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal cruza la línea entre la legítima réplica gubernamental y el señalamiento desde el poder. Al identificar y exponer públicamente a periodistas y ciudadanos críticos, el Estado vulnera la protección de datos personales, intimida el ejercicio periodístico y atenta contra los límites constitucionales, transformando la crítica legítima en un blanco institucional que amenaza la libertad de expresión y la democracia. La opinión de @JulietDelrio
Un análisis de las declaraciones patrimoniales de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, revela un salto financiero que la llevó a reportar ingresos por casi 12 millones de pesos en 2025. Lejos de explicarse por su sueldo como mandataria estatal —el cual representó apenas el 15% de sus percepciones anuales—, el grueso de sus percepciones provino de la enajenación de bienes, destacando una casa adquirida en 2019 por 2 millones de pesos que fue vendida por 9.85 millones de pesos, un monto que representa casi cinco veces su valor de adquisición original en un lapso de aproximadamente cinco años.
La caída histórica en las cifras de homicidios dolosos celebrada por el gobierno federal y los estados merece un análisis más profundo y menos triunfalismo político, advierte el autor, quien señala que una reducción estadística no equivale a derrotar la impunidad; detrás de este descenso podrían operar factores como la presión de la administración de Donald Trump contra los carteles, un reacomodo interno de las organizaciones criminales o la simple disciplina de grupos delictivos para evitar operativos, todo ello sumado a posibles discrepancias metodológicas entre las fiscalías y el INEGI que exigen prudencia antes de presumir resultados operativos definitivos
Rocha Moya entregó la seguridad de Sinaloa a los Chapitos: EU
A cambio del apoyo para ganar las elecciones de 2021, Rocha Moya se aseguraría de que los Chapitos tuvieran el control de la policía estatal de Sinaloa, acusa EU.
La caída histórica en las cifras de homicidios dolosos celebrada por el gobierno federal y los estados merece un análisis más profundo y menos triunfalismo político, advierte el autor, quien señala que una reducción estadística no equivale a derrotar la impunidad; detrás de este descenso podrían operar factores como la presión de la administración de Donald Trump contra los carteles, un reacomodo interno de las organizaciones criminales o la simple disciplina de grupos delictivos para evitar operativos, todo ello sumado a posibles discrepancias metodológicas entre las fiscalías y el INEGI que exigen prudencia antes de presumir resultados operativos definitivos
Esa elección de 2021 estuvo plagada de acusaciones de levantamientos (secuestros) de operadores políticos contrarios a Rocha Moya.
EMEEQUIS.– En las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya por colusión con el narcotráfico destaca un apartado en el que lo acusan de haberse reunido con los Chapitos tras ganar la elección al gobierno de Sinaloa en 2021, a los que les prometió pagar su apoyo con el control policial.
En el apartado (d) se señala: “Tras la elección de Rocha Moya como gobernador, Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázarez, el acusado, se reunieron con líderes del cártel, incluidos los líderes de los Chapitos. En esa reunión, que fue protegida por sicarios del cartel armados con ametralladoras y otras armas, los líderes de los Chapitos, Rocha Moya, e Inzunza Cázarez hablaron, entre otras cosas, del hecho de que los Chapitos habían apoyado la exitosa campaña de Rocha Moya y que, a cambio, Rocha Moya se aseguraría de que los Chapitos tuvieran el control de la policía estatal de Sinaloa, lo que permitiría a los Chapitos llevar a cabo sus operaciones de tráfico de drogas sin el riesgo de interferencia por parte de las autoridades del orden público estatales. como parte de este acuerdo,miembros de los Chapitos también se han coordinado con agentes corruptos del orden público estatales y locales, entre ellos José Antonio Dionisio Hipólito, alias ‘Tornado’, y Juan Valenzuela Millán, alias ‘Juanito’, los acusados, para identificar y realizar detenciones de enemigos o miembros ajenos a los Chapitos, aparentemente con el fin de ayudar a la percepción pública de que Rocha Moya y su administración han mejorado la ley y el orden en Sinaloa”.
Parte de la acusación.
Las elecciones de 2021 en Sinaloa estuvieron marcadas por graves denuncias de intervención del crimen organizado, caracterizadas por el “levantamiento” (privación ilegal de la libertad) de operadores políticos y ciudadanos, principalmente en la zona norte del estado, con el objetivo de influir en los resultados electorales.
Se reportó la privación de la libertad de al menos nueve o 10 operadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los municipios de Ahome, Guasave y El Fuerte el día de la elección (6 de junio) y días previos, según denunció en su momento la dirigencia partidista.
Circularon versiones de que hombres armados secuestraron a operadores, robaron material electoral y cerraron casillas de manera forzada para favorecer a ciertos candidatos.
La caída histórica en las cifras de homicidios dolosos celebrada por el gobierno federal y los estados merece un análisis más profundo y menos triunfalismo político, advierte el autor, quien señala que una reducción estadística no equivale a derrotar la impunidad; detrás de este descenso podrían operar factores como la presión de la administración de Donald Trump contra los carteles, un reacomodo interno de las organizaciones criminales o la simple disciplina de grupos delictivos para evitar operativos, todo ello sumado a posibles discrepancias metodológicas entre las fiscalías y el INEGI que exigen prudencia antes de presumir resultados operativos definitivos
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió en una defensa frontal de Andrés Manuel López Beltrán tras la revocación de su visa estadounidense, la cual calificó como un acto de evidente injerencia política al carecer de sustento probatorio ante las instituciones mexicanas y exigir la misma reciprocidad de pruebas que Washington demanda en casos de extradición, reprochando además que la narrativa opositora ignore el trabajo profundo y los resultados contundentes de su administración contra el huachicol fiscal; en tanto, la mandataria respaldó el deslinde de la Fiscalía General de la República (FGR) al reiterar que no existen indicios formales ni elementos sólidos contra el exdirigente partidista, un caso que mantiene alta tensión nacional tras las filtraciones de la defensa en el noticiero de Azucena Uresti y la tramitación de amparos federales para frenar cualquier intento de captura
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