Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
Reforma de supremacía constitucional: 10 objeciones puntuales de expertos
Las Cámaras de Diputados y Senadores aprobaron una enmienda de supremacía constitucional que impide amparos y acciones de inconstitucionalidad contra reformas, incluyendo la judicial. Esta medida anticipa un fallo de la SCJN sobre la reforma judicial programado para el 5 de noviembre
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
EMEEQUIS.- Las Cámaras de Diputados y Senadores de México aprobaron la enmienda de supremacía constitucional, que protege las reformas a la Constitución de cualquier tipo de amparo, controversia o acción de inconstitucionalidad, incluida la reforma judicial. La enmienda recibió el respaldo de 23 legislaturas estatales, superando el mínimo de 17 votos necesarios para su promulgación.
Esta aprobación permite al oficialismo adelantarse al fallo de la Suprema Corte de Justicia, que discutirá el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara el 5 de noviembre, el cual busca invalidar parcialmente la reforma judicial. La enmienda será publicada en el Diario Oficial de la Federación.
La supremacía constitucional llega en un momento de coyuntura importante luego de que la SCJN admitiera al menos cinco acciones de inconstitucionalidad promovidas por partido políticos y legisladores locales en contra de la polémica reforma al Poder Judicial para analizar su validez.
Diversas voces han manifestado señales de alerta, entre ellas el constitucionalista Miguel Carbonell, quien afirmó a CNN que esta reforma es muy peligrosa no solamente para el momento tan difícil que está viviendo México sino para lo que sigue, porque lo que está planteando es que frente a cualquier ocurrencia en materia de reformas constitucionales no haya ninguna defensa, porque se tapa la vía del amparo, se bloquea la vía de las acciones de insconstitucionalidad y de las controversias constitucionales y prácticamente cualquiera aprobación no podría ser impugnada.
La diputada de Irais Virginia Reyes de la Torre, de Movimiento Ciudadano (MC), refirió que con la reforma se engaña al pueblo porque se quita a la ciudadanía sus legítimas armas para defenderse del abuso y arbitrariedad de los representantes.
El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Alejandro Domínguez, aseguró que no hay sustento ni razonamiento técnico-jurídico de fondo y que las reformas violentan los principios fundamentales que dieron origen a la Constitución de 1917, como la separación de Poderes y evitar la concentración del poder en uno solo.
Concentración de Poder: La reforma podría facilitar la concentración del poder en el Legislativo, limitando la capacidad del Judicial para impugnar reformas que podrían violar derechos fundamentales.
Erosión de Derechos Humanos: Se teme que la modificación de los artículos 105 y 107 de la Constitución pueda representar un retroceso en la protección de los derechos humanos, debilitando las garantías establecidas desde 2011.
Cierre de Vías Judiciales: Al declarar improcedentes las acciones de inconstitucionalidad y los juicios de amparo, se eliminó la posibilidad de que los ciudadanos impugnen reformas, lo que atenta contra su derecho a la defensa legal.
Debilitamiento del Estado de Derecho: La falta de mecanismos para cuestionar reformas constitucionales podría dar lugar a un debilitamiento del estado de derecho, permitiendo abusos por parte del gobierno.
Deslegitimación del Poder Judicial: La reforma sugiere una desconfianza hacia el Poder Judicial, insinuando que la intervención de los jueces es un obstáculo, lo que podría socavar su independencia y credibilidad.
Incertidumbre Legal: La falta de revisión judicial de reformas puede llevar a una incertidumbre legal, donde los ciudadanos no tienen claridad sobre la constitucionalidad de las leyes que los afectan.
Menor Rendición de Cuentas: Sin mecanismos judiciales de control, los legisladores podrían actuar sin responsabilidad o rendición de cuentas, favoreciendo intereses políticos sobre el bienestar ciudadano.
Precedente Peligroso: Esta reforma puede sentar un precedente peligroso para futuras reformas, permitiendo que cambios legislativos se implementen sin el adecuado escrutinio.
Desinformación Ciudadana: La eliminación de vías de impugnación puede resultar en desinformación entre los ciudadanos, quienes podrían no estar al tanto de los efectos negativos de reformas que no pueden cuestionar.
Reacción Social: La falta de mecanismos para impugnar cambios legales podría desencadenar una reacción negativa de la sociedad, que sienta que sus derechos y garantías están siendo vulnerados sin posibilidad de defensa.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
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