La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La primera investigación es por el hallazgo de un narcolaboratorio y la segunda por la muerte de dos agentes de la CIA tras el operativo y sus implicaciones para la seguridad nacional.
En su reunión del 23 de abril, la gobernadora Maru Campos le dijo a Omar García Harfuch que no estaba enterada del ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua. Tocará a la FGR determinar si dice la verdad.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
Reducción de homicidios vs. aumento de desapariciones: el contraste incómodo en la mañanera
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue confrontada por la periodista Reyna Haydee Ramírez sobre la aparente contradicción entre la reducción de homicidios y el aumento de desapariciones en México. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en su primer año de gobierno desaparecieron 40 personas al día, sumando 14 mil 765 casos en 12 meses. Sheinbaum defendió su gestión, cuestionó la confiabilidad de la plataforma de registro
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
EMEEQUIS.– La conferencia matutina se tensó cuando el reportero Reyna Haydee Ramírez puso sobre la mesa una contradicción que crece fuera de Palacio Nacional: mientras el gobierno celebra una reducción en homicidios, las cifras oficiales muestran que las desapariciones aumentan.
“Usted dice que hay 32 homicidios menos al día… ¿entonces cuántos se cometen, 60?”, cuestionó. Luego fue al dato duro: en su primer año de gobierno, 40 personas desaparecieron a diario, de acuerdo con el propio Registro Nacional de Personas Desaparecidas. La suma: 14 mil 765 casos en 12 meses.
“Sí, hay 32 personas que no están muriendo al día, pero están 40 desapareciendo”, insistió Reyna. “Usted prometió atender este tema y no se ha visto. Ni la sociedad ni las madres buscadoras lo ven”.
El país sigue sumando ausencias y el reclamo de los colectivos, muchas veces ignorados o tratados con recelo por gobiernos estatales, como lo han señalado madres buscadoras como Ceci Flores, volvió a colarse en la mañanera.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió su postura, afirmó que sí hay diálogo con colectivos y sí se está trabajando. Pero la mayor parte de su respuesta se centró en cuestionar la confiabilidad del propio sistema con el que se registran las desapariciones en México.
Aseguró que la plataforma permitía que “cualquiera subiera un nombre”, sin apellidos, sin dirección, sin contacto, sin carpeta de investigación. “No puede contabilizarse como desaparecida una persona que no tiene ningún sustento”, dijo.
Por ello, explicó, se modificó la ley y se está reconstruyendo todo el esquema de registro: ahora debe haber datos completos, notificación a la fiscalía y apertura obligatoria de carpeta. También, desde el primer segundo, una alerta nacional de búsqueda. “Por esa razón es que hay un número determinado en la plataforma de búsqueda” y aseguró que varios de ellos ya fueron localizados y otros no pueden ser contabilizados debido a que no están registrados correctamente. También solicitó a los colectivos que ayuden a llenar correctamente a los familiares de los desaparecidos.
Pero al insistir en las inconsistencias de la plataforma, Sheinbaum terminó abriendo otro flanco: ¿se están depurando registros o disminuyendo desapariciones? El dato actualizado, reconoció, “se va a presentar”.
Reyna también llevó a la conferencia el caso del abogado y defensor de derechos humanos Carlos González García, quien, según denunció, fue públicamente acusado por una diputada local de estar “incitando” a pobladores de Milpa Alta en un conflicto con el gobierno.
“Eso pone en riesgo su vida. A cualquier momento lo pueden desaparecer o asesinar”, advirtió. Sheinbaum pidió más información sobre el caso, pero no se pronunció de inmediato sobre la acusación pública.
La presidenta reiteró que entre septiembre de 2024 y octubre de 2025 hay una reducción del 37% en homicidios dolosos. Pero sobre cuántas personas desaparecen al día —la pregunta original— aún no hay un número oficial, sólo la promesa de que pronto será presentado “bajo los nuevos criterios”.
Mientras tanto, lo cierto es que los colectivos de búsqueda no han sentido la mejora, y hoy, como desde hace años, siguen rastreando cerros, basureros y brechas para encontrar lo que el Estado no encuentra.
Porque aunque los homicidios bajen en los informes, la ausencia sigue creciendo en silencio.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La primera investigación es por el hallazgo de un narcolaboratorio y la segunda por la muerte de dos agentes de la CIA tras el operativo y sus implicaciones para la seguridad nacional.
En su reunión del 23 de abril, la gobernadora Maru Campos le dijo a Omar García Harfuch que no estaba enterada del ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua. Tocará a la FGR determinar si dice la verdad.
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