“Existen disposiciones ambiguas que deben corregirse o precisarse para evitar riesgos a la libertad de expresión”, dice Kenia López Rabadán. “No queremos una Ley Maduro. No queremos un gobierno vigilando las redacciones, las imprentas”, advierte Manuel Añorve.
Preocupación en la Permanente por ambigüedad en la Ley de Audiencias
“Existen disposiciones ambiguas que deben corregirse o precisarse para evitar riesgos a la libertad de expresión”, dice Kenia López Rabadán. “No queremos una Ley Maduro. No queremos un gobierno vigilando las redacciones, las imprentas”, advierte Manuel Añorve.
“Existen disposiciones ambiguas que deben corregirse o precisarse para evitar riesgos a la libertad de expresión”, dice Kenia López Rabadán. “No queremos una Ley Maduro. No queremos un gobierno vigilando las redacciones, las imprentas”, advierte Manuel Añorve.
No convencen los argumentos del gobierno.
EMEEQUIS.- La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, así como diversos legisladores y funcionarios expresaron su preocupación por la ambigüedad en la propuesta de la “Ley de Audiencias”.
“Existen disposiciones ambiguas que deben corregirse o precisarse para evitar riesgos a la libertad de expresión; entre esos criterios se encuentran la posibilidad de que la autoridad determine qué información es falsa o descontextualizada, que revise las decisiones de las auditorías de las audiencias, e incluso, hasta se pretenden imponer sanciones, lo que, claramente, resultaría en muchas ocasiones en censura”, declaró Rabadán.
La propuesta de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias en materia de radio y televisión fue presentada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), adscrita a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 28 de julio.
Será sometida a consulta pública hasta agosto de 2026 para recibir opiniones antes de su posible aprobación.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, Miguel Monraz Ibarra, pidió a la CRT bajar su propuesta.
“Una vez más aparecen los intentos de censura, de control de la información, de lo que se ve, de lo que se dice y de lo que se escucha. […] Son muy ambiguos y peligrosos los criterios de la CRT, que no es independiente y que es muy cercana al gobierno. […] Yo haría un llamado respetuoso a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones a retirar esta propuesta y buscar alternativas que realmente protejan a las audiencias”.
El senador priísta Manuel Añorve Baños se opuso más férreamente a la propuesta, a la que calificó de “Ley Maduro”, en referencia al expresidente venezolano que ahora yace detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos.
“Vamos a defender las instituciones y la libertad de expresión. No queremos una Ley Censura. No queremos una Ley Maduro. No queremos un gobierno vigilando las redacciones, las imprentas, las cabinas; cambiando las narrativas, los editoriales a modo de este gobierno autoritario de Morena”.
Por su parte, su compañero de partido y diputado Rubén Moreira Valdez acusó a la iniciativa de superar las limitaciones constitucionales y comparó el proyecto con algo que “ni a Victoriano Huerta” se le habría ocurrido.
“Es tan grave lo que están proponiendo que supera todo lo que habíamos visto en este país. Es decir, con todo respeto, ni a Victoriano Huerta se le ocurrían estas cosas. […] Son una pandilla de fanáticos estalinistas que quieren traer a nuestro territorio —a México— la supresión de las libertades”, declaró ante la prensa.
“Si les parece tan bien, que tengan en sus oficinas de comunicación social a un defensor de las audiencias nombrado por entidades académicas y organizaciones de la sociedad civil, que tiene que someter el gobierno a escrutinio. Si ellos están dispuestos a hacer eso, entonces tendrán credibilidad para gestionar o para hacer avanzar ese tipo de iniciativas”, propuso el diputado de MC, Gibrán Ramírez Reyes.
Por su parte, la senadora priísta Carolina Viggiano dijo: “No hay crisis informativa ni demanda ciudadana que justifique más intervención del Estado. El gobierno no puede ser el árbitro de la conversación pública”, dijo con vehemencia.
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