Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
¿Y las irregularidades que dejó Astudillo en Guerrero? Asoma un oscuro pacto
Entidades fiscalizadoras han detectado irregularidades por más de 3 mil millones de pesos en la gestión tricolor que recién terminó en Guerrero, pero Héctor Astudillo y otros funcionarios están confiados en que la nueva gobernadora, Evelyn Salgado, barrerá el polvo debajo de la alfombra. ¿En qué se basa su tranquilidad?
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
EMEEQUIS.– En círculos políticos del estado de Guerrero se preguntan por qué andan tan sonrientes los exintegrantes de la administración priísta que hace unos días abandonaron el Palacio de Gobierno de Chilpancingo, y en especial aquellos cuya “estrella” fulguró en las dependencias con mayor manejo de recursos, como las encargadas de infraestructura, carreteras, aeropuertos, por ejemplo.
¿Pues qué no se supone que perdieron la elección de junio? se preguntan hasta los más enterados. Pues sí, pero nada más perdieron sus cargos. Lo demás queda intacto.
Y es que se comenta que el exgobernador priísta Héctor Astudillo confía en que doña Evelyn Salgado, la nueva gobernadora morenista de la entidad, y en el autor de sus días, el controvertido y broncudo senador, Felix Salgado Macedonio, no prestarán oídos a las entidades fiscalizadoras que han detectado irregularidades por más de 3 mil millones de pesos en la gestión tricolor.
¿Pero por qué? Don Héctor lo anda reiterando a todo aquel que le presta oídos e incluso a las paredes menos interesadas en el tema: las deudas se saldan, y la que los Salgado contrajeron con él, se deriva de que el gobernador habría “parado” las investigaciones contra el padre de la mandataria por la presunta violación de una empleada de La Jornada de Guerrero, uno de los cinco ataques sexuales que se le imputan.
Así que Astudillo reivindica como boleto de impunidad la versión que se cansó de negar: en enero de 2021, el exfiscal del estado de Guerrero, Xavier Olea Peláez, dijo a los medios de comunicación que el gobernador le había ordenado frenar la investigación contra Salgado. Ahora resulta que siempre sí.
De modo que, para Astudillo, amor con amor se paga, y no tendrá por qué preocuparse de auditorías, revisiones, ni mucho menos por las irregularidades y observaciones detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ni del desgarriate financiero que empieza notarse en distintos órdenes de la estructructura pública, mucho menos del caos en materia de seguridad, que ha sumido a los guerrerenses en una oscura noche de violencia.
Hay quienes vieron como una burla y alarde de impunidad las expresiones de Astudillo Flores para los guerrerenses . Y es que en su última aparición pública, el exgobernador pidió a manera de despedida que “Dios bendiga a Guerrero”. El mandatario hereda deudas y un infernal recrudecimiento de violencia al gobierno entrante de la morenista Evelyn Salgado Pineda.
El priísta dejará un quebranto financiero y observaciones por irregularidades en el manejo de 3 mil 139 millones 450 pesos de recursos públicos detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Además, el exmandatario estatal culminó su sexenio en medio de protestas por adeudos a diversos sectores; entre ellos el de 60 millones de pesos a 5 mil trabajadores de la Secretaría de Salud por concepto del Fondo del Estado de Guerrero de Ahorro Capitalizable (FEGAC).
El paro del sector salud en 14 hospitales de la entidad se realizó a la par de manifestaciones de burócratas que tomaron el Palacio de Gobierno, Palacio de Justicia y otros edificios públicos en Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Taxco y Atoyac; tras un mes de paro, el primer adeudo con el sector salud lo cubrió a unas horas de culminar su gobierno con recursos extraordinarios del Gobierno Federal.
Pero deja pendiente el pago de dos millones de pesos por servicios de mantenimiento a viveristas de Acapulco.
El pago a burócratas de distintas dependencias de su gobierno y la deuda de más de 13 mil millones de pesos al ISSSTE por la que se retiraron las 21 prestaciones laborales al sector salud del Estado.
En marzo pasado pidió al Congreso local que se declarara deuda pública, pero su solicitud fue rechazada.
Y es que en 2015, cuando asumió el cargo, Astudillo Flores recibió una deuda pública de 2 mil 588 millones de pesos que tenía el estado con diversas instituciones bancarias privadas y de desarrollo, sin embargo, en la iniciativa de ley de Egresos del 2021 que aprobó el Congreso de Guerrero en diciembre del año pasado, la deuda histórica bajó a mil 774 millones, 507 mil pesos.
Sin embargo, pese a que la deuda disminuyó, el mandatario llevó a crisis a la entidad, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que destinará más presupuesto al estado para que el nuevo gobierno subsane las finanzas estatales.
Debido a las protestas de trabajadores del gobierno estatal, Astudillo Flores canceló la inauguración de la Unidad Deportiva de Chilpancingo (CREA), que sería su último acto de gobierno en materia de obras.
HERENCIA SANGRIENTA
Además del quebranto financiero, el priísta que prometió un estado de “orden y paz” mantuvo a Guerrero durante casi toda su administración entre los cinco estados del país más violentos, de acuerdo con el estudio Índice de Paz México.
Según el informe de este año, aunque la entidad pasó de ser el Estado más violento y logró ubicarse en el séptimo lugar por una reducción del 23.7% en su tasa de homicidios durante 2020, también sentencia que la violencia familiar y delitos sexuales aumentaron en un 12.4 y 3.1%.
A la par, durante el último año en el que gobernó, en la zona Norte del Estado, el crimen organizado ganó presencia; principalmente en Iguala, en donde grupos criminales disponen y deciden sobre precios y las actividades que se realizan en el área, sin que ningún tipo de autoridad les haga frente.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
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