Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
Y hablando de guardaespaldas… ¿Quién cuida a Arturo Herrera?
A diferencia de los viejos secretarios de Hacienda, rodeados de guaruras hasta en vacaciones, como Luis Videgaray, a Arturo Herrera se le ve en bicicleta y paseando por el Zócalo… ¿quién vela por su seguridad?
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
EMEEQUIS.– Arturo Herrera es un funcionario atípico. Desde que tomó posesión de la Secretaría de Hacienda creó una identidad propia, lejos del estereotipo del clásico secretario de Estado, que suele movilizarse en autos lujosos y rodeado de guaruras.
Ahí está el primer secretario de Hacienda de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray –actualmente señalado por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), de ser el artífice del esquema de sobornos por medio de Odebrecht–, quien solía vacacionarrodeado de elementos de seguridad del Estado mexicano.
Una de las anécdotas fue documentada en 2015, cuando fue visto junto con su familia en diversas ciudades de Chihuahua, escoltado por una unidad de elementos de la policía federal, tres camionetas Suburban blancas y patrullas del estado que en esa época gobernaba César Duarte Jáquez (otro priísta con 11 órdenes de aprehensión pendientes y que hasta julio de este año estaba prófugo).
A Arturo Herrera, en cambio, se le ha visto llegar a su oficina de Palacio Nacional en bicicleta; muchas veces solo. De traje, corbata y zapato formal, pero con casco y mochila en la espalda. Saluda a quien lo reconoce en la calle. También se le ha visto pasear por el Zócalo, salir del Palacio y tomar un respiro en la plaza que tiene a tan solo un paso.
A diferencia de sus dos últimos antecesores, la Secretaría de Hacienda no reporta que tenga algún elemento de seguridad asignado.
Por ejemplo, el último titular de Hacienda del PRI, José Antonio González Anaya, tenía 15 personas asignadas a velar por su seguridad durante el año que estuvo en el cargo, del 27 de noviembre de 2017 al 30 de noviembre de 2018.
González Anaya, un hombre cercano al expresidente, llegó ahí el mismo día que renunció como director de Pemex: a la paraestatal había ingresado para suplir a otro cercano de Peña Nieto, Lozoya Austin.
Por cierto que el nombre de González Anaya apareció en la denuncia que Lozoya presentó ante la Fiscalía General de la República hace un par de días y, según dijo, tuvo una participación importante en el caso de Etileno XXI.
Con el cambio de administración, el elegido por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar este cargo fue Carloz Urzúa Macías quien no duró ni un año en la dependencia.
Luego renunció porque, según hizo público en una carta dirigida al presidente, se estaban tomando decisiones de política pública sin sustento, sin evidencia y, entre líneas, hablaba de la intromisión en los temas hacendarios del jefe de la Oficina de la presidencia, Alfonso Romo.
Los casi siete meses que estuvo en el cargo, Hacienda registró dos personas asignadas a su seguridad.
ADIÓS A LA SEGURIDAD DE FUNCIONARIOS
En el periodo de transición, cuando AMLO negociaba el presupuesto federal para 2019, dijo que entre las nuevas medidas estaba eliminar las pensiones de los expresidentes, la reducción de sueldos de altos funcionarios y que la mayoría de los funcionarios no tendrían escoltas, choferes ni secretarios particulares.
Para finales de su primer año como presidente, el Senado aprobó la desaparición del Estado Mayor Presidencial (EMP), el cuerpo de élite que protegió a los presidentes mexicanos durante las últimas siete décadas.
El Estado Mayor Presidencial ya había dejado de funcionar desde que arrancó la nueva administración y, ya con los cambios legislativos, los miembros de este cuerpo de élite fueron reincorporados a sus unidades originales dentro de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, se especula que este trámite administrativo está lejos de ser realidad, la supresión del EMP parece haber sido en papel, porque a diversos funcionarios, incluido el mismo Arturo Herrera –aunque Hacienda vía Transparencia diga lo contrario–, se les ha visto custodiados por elementos de seguridad.
Aquella vez que Herrera se paseaba por el Zócalo, iba solo, pero de forma simbólica. A sus costados, a unos metros de distancia, iban dos hombres fornidos, de traje y corbata naranja, atentos a los movimientos del funcionario, mezclados entre la gente, pero sin perderle el ojo al encargo de la Hacienda mexicana.
El video del secretario de Hacienda paseando por el Zócalo se viralizó. “Sorprende ver caminando a un alto funcionario del gobierno y, lo más sorprendente, sin la nube de guarros, como era típico de la anterior administración”, comentó una usuaria de redes.
Pero, si Hacienda dice que no hay elementos de seguridad asignados al secretario y, al menos en papel, el EMP ya no existe, la pregunta entonces es: ¿Quién cuida a Arturo Herrera?
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
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