Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
Van a Palacio y no les dan. Estos son los organismos que desaparecerán por austeridad
En Palacio Nacional van y vienen personajes relacionados con los organismos públicos que desaparecerán por instrucción presidencial. Piden que no los borren del presupuesto, o al menos que los cambien de lugar, pero el sable de la austeridad es su respuesta.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
EMEEQUIS.– En los pasillos de Palacio Nacional se ve ir y venir a personajes relacionados con los organismos públicos que desaparecerán por instrucción presidencial.
Suplican que no los borren del presupuesto, o al menos buscan un espacio dentro de la administración pública, pero una y otra vez la respuesta desde Presidencia es: ahorro y austeridad republicana.
El gobierno federal alista la desaparición de 16 organismos para incorporarlos a diversas secretarías. Entre ellos estarían la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y el Consejo Nacional de Población (Conapo), entre otros.
En el caso de la Conapo, cuya titular es la hermana de Jesusa Rodríguez, quien está propuesta para ser la embajadora de México en Panamá, se corre la versión de que la hermana de la exsenadora habría sido sorprendida subcontratando todos los estudios de su área al Colegio de México, es decir, que bajo su responsabilidad no se desarrollaba absolutamente nada, sino que la autoría de las estrategias son en realidad diseñadas por los expertos del Colmex.
También desaparecería el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), cuyo responsable es Guillermo Santiago Rodríguez, exdiputado por Chiapas, electo por la tómbola de Morena.
Tendrán la misma suerte y desaparecen también, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), el Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (Conadesuca) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
Todos los anteriores son organismos creados mediante ley, es decir que tienen patrimonio propio y personalidad jurídica, por lo que se requiere de la aprobación del Congreso para derogar la legislación que los creó y para que pasen a estar sectorizados dentro de las secretarías del ramo, ya que no pueden desaparecerse directamente por instrucción del Ejecutivo federal.
DESCONCENTRADOS TAMBIÉN
Además de las instituciones de ley, también desaparecen otros organismos desconcentrados a propuesta del Ejecutivo. Estos institutos son: La Secretaría General del Consejo Nacional de Población, la Coordinación General de la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas.
La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, los Servicios de Información Agroalimentaria y Pesquera, el Servicio de Inspección y Certificación de Semillas, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el Instituto Nacional de la Economía Social y el Instituto Nacional de Desarrollo Social.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
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