Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
Santiago Nieto prepara golpe contra mafia de padrotes del Hotel Sagitario
Trazos de una investigación sobre los movimientos, identidades y modus operandi del tráfico sexual del corredor Tlaxcala-Nueva York yacen en uno de los pizarrones del zar anticorrupción. Reportaje de EMEEQUIS reactivó el expediente.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
EMEEQUIS.– El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, ya prepara un golpe en seco contra los tratantes tlaxcaltecas.
Desde que arrancó el año, su equipo comenzó a trazar en un pizarrón la ruta para vigilar a decenas de familias de padrotes, rodearlos y atacarlos en sus finanzas. Ese operativo se ha acelerado tras la publicación del reportaje “Bienvenidos al Hotel Sagitario: Aquí te mata el SIDA o te mata el COVID”, que narra cómo una banda conocida como “Los Motos” mantuvo abierto durante la Fase 3 de la pandemia un motel de paso donde eran explotadas mujeres que habían sido traídas desde Nueva York hasta Tlaxcala por las mafias de padrotes.
“La investigación que se está haciendo es una de las más completas y complejas que ha hecho la UIF desde que llegó Santiago Nieto. Es una bomba”, contó una fuente cercana a las pesquisas. “Y es ahora o nunca”.
El equipo de Santiago Nieto busca capitalizar el reciente enojo social que han percibido agentes de investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en Tlaxcala contra los tratantes. En el pasado, los padrotes eran protegidos por los habitantes de los pueblos porque les regalaban dinero, pagaban las fiestas patronales o cumplían con las tareas que los gobiernos municipales o estatales no hacían. Sin embargo, ese matrimonio parece haber terminado durante la pandemia del coronavirus.
Los tlaxaltecas de municipios como San Pablo del Monte, Tenancingo, Papalotla, San Cosme Mazatecochco, y más, están molestos porque el regreso de unos 50 padrotes, con las mujeres que mantenían secuestradas en Nueva York, causó un alza en el número de contagios de coronavirus. Su irresponsabilidad, dicen, ha sido mortal.
Cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al COVID-19 como pandemia el pasado 11 de marzo, y los padrotes seguían en Nueva York, Tlaxcala no tenía un solo contagio. Y durante semanas, mientras en otros estados crecían las cifras de infecciones y fallecidos, el estado más pequeño del país parecía estar a salvo.
Sin embargo, el 25 de marzo, el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, dio a conocer en su cuenta de Twitter el primer caso en la entidad: una mujer… que había regresado de Nueva York.
El gobernador de Tlaxcala dio a conocer en Twitter el primer caso de COVID-19.
Para el 8 de abril, el gobernador comunicó el primer fallecido, un hombre de 52 años, a quien el gobierno estatal le pagó los gastos funerarios. Hoy la SEIDO investiga si ese hombre estaría relacionado con alguna red de explotación sexual, ya sea como integrante o como cliente.
La Vía Corta, cerca del Hotel Sagitario.
“Además de la investigación de la UIF –adscrita a la SHCP– hay una investigación paralela en SEIDO que también está buscando cuál fue el rol de los tratantes en el pico de muertes por coronavirus”, comentó la fuente consultada. “Hasta ahora, van 22 muertos, ¿qué responsabilidad tienen los padrotes en esto?”.
El enojo entre los habitantes por la irresponsabilidad de los tratantes es la coyuntura que la UIF necesita para obtener información sobre sus movimientos, identidades y modus operandi para detenerlos e, incluso, usar la Ley de Extinción de Dominio para confiscar propiedades y bienes y rematarlos para equipar el sistema de salud del estado, ese que hoy libra una lucha intensa por salvar la vida de quienes adquirieron el coronavirus.
MOTEL CLAUSURADO
Por lo pronto, el Hotel Sagitario fue cerrado por las autoridades de la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala y la policía del estado, quienes realizaron un operativo en el que confirmaron que el inmueble no contaba con las normas mínimas de seguridad para su funcionamiento, por lo que colocaron sellos de suspensión de actividades.
La clausura ocurrió horas después de que se publicó el reportaje en EMEEQUIS. Sin agua ni jabón, el hotel funcionaba con la tolerancia de las autoridades municipales de Acuamanala de Miguel Hidalgo, Tlaxcala, probablemente coludidas con “Los Motos”, una banda dedicada a la trata de personas encabezada por tres hermanos que presionaban a las mujeres para colocarlas en situación de prostitución.
En marzo de 2014, el motel había sido clausurado durante un operativo en el que la Policía Federal encontró a presuntos delincuentes “en flagrancia del delito de trata de personas”.
A medidados de marzo pasado, Marco Antonio Mena Rodríguez, gobernador de Tlaxcala, sostuvo una reunión con Santiago Nieto, con quien acordó iniciar el proceso de creación de la Unidad de Inteligencia Financiera en Tlaxcala.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
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