Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
Remember Medina. Cárcel al “Bronco”, una revancha pendiente del PRI
El encarcelamiento de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, exgobernador de Nuevo León, habría sido por cuentas pendientes con su expartido, el PRI, además de una negociación para que Samuel García gobierne con un Congreso dócil. ¿Recuerda la detención de Rodrigo Medina? ¿La filtración de fotos con su uniforme naranja?
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
EMEEQUIS.– La detención y encarcelamiento del “Bronco” en Nuevo León habría sido consecuencia del cobro de cuentas pendientes por acciones similares que llevó a cabo cuando asumió la gubernatura, al perseguir y encarcelar por unas horas al exgobernador de extracción priísta, Rodrigo Medina, cuyas fotos en uniforme naranja también se “filtraron”.
Igualito que las del “Bronco” sólo que en camiseta.
La cuenta estaba abierta y por cobrar desde enero de 2017, cuando el entonces gobernador independiente Jaime Rodríguez Calderón encarceló por 19 horas a su antecesor en el penal de Topo Chico y permitió que se filtraran las fotografías del político en el overol naranja que usan los reos.
Medina fue denunciado por irregularidades en su gestión por más de 3 mil 600 millones de pesos, principalmente relacionadas con presuntos actos irregulares para la instalación de la planta armadora de automóviles de la marca coreana Kia Motors.
En su momento, la detención de Medina fue considerada una puesta en escena para cumplir una promesa de campaña del “Bronco”, ya que el exfuncionario contaba con un amparo vigente otorgado por un juez federal que impedía su detención, por lo que unas horas después un juzgado federal ordenó su liberación inmediata.
Dos años más tarde, en 2019, el exmandatario fue exonerado de todos los cargos.
El exgobernador Rodrigo Medina acude a un juzgado por el caso que lo llevó unas horas a la cárcel. Foto: Cuartoscuro.com.
ACUERDO CON EL PRI
De acuerdo con fuentes cercanas al gobernador Samuel García, la detención del exgobernador forma parte de los arreglos con el PRI para mantener la gobernabilidad en el estado norteño, ya que el partido del actual gobernador, Movimiento Ciudadano, únicamente obtuvo ocho puestos en el Congreso local, contra 16 del PAN y 14 del Revolucionario.
Adicionalmente, la cúpula priísta nuevoleonesa buscó mantener a salvo al exalcalde de Monterrey, Adrián de La Garza Santos, cuyas fallas administrativas en su gestión al frente de la capital del estado comenzarían a ser investigadas por la Fiscalía.
Pero tuvo la suerte de formar parte del “paquete de negociaciones” entre el PRI y el gobernador, para que el Congreso del estado resulte más amigable a las medidas que el gobierno de Samuel García pretende tomar para apuntalar su gestión.
Las gestiones del PRI para lograr el encarcelamiento del político independiente relacionaron también a Francisco Cienfuegos Martínez, exdiputado local y expresidente municipal de Guadalupe, Nuevo León, de extracción priísta, quien mantiene estrecha relación con uno de los magistrados del Tribunal Electoral de Nuevo León.
Cienfuegos habría sido fundamental para la justificación legal en la detención de Rodríguez Calderón, derivada de la denuncia que interpuso en 2018 el actual gobernador García, cuando fungía como senador de la República, ante las instancias locales.
“El Bronco” fue militante del PRI durante gran parte de su carrera política. Bajo sus siglas, ocupó el cargo de diputado local y federal, así como alcalde del municipio de García, donde sufrió dos atentados contra su vida, presuntamente perpetrados por el Cártel de los Zetas, que estaba infiltrado en la policía de ese municipio. Renunció a su militancia y en 2015 se convirtió en el primer gobernador electo sin partido en México.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
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