Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
Odio jarocho. La Fiscalía de Cuitláhuac García se enreda en detenciones de políticos
En Veracruz parece que está en marcha una cacería de políticos orquestada por el gobernador Cuitláhuac García y la fiscal Verónica Hernández Giadáns. Se comenta que el mandatario decidió “fajarse los pantalones”, pero los últimos arrestos están marcados por irregularidades.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
EMEEQUIS.– Una cacería de políticos parece estar en marcha en el estado gobernado por Cuitláhuac García, bajo la ejecución de la fiscal general del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns.
En menos de una semana fueron detenidos en condiciones fuera de la ortodoxia el morenista Jorge Fabián Cárdenas Sosa, alcalde electo de Lerdo de Tejada, y el candidato a dirigencia estatal del PAN, Tito Delfín Cano.
Delfín Cano fue detenido la madrugada de este jueves a partir de una denuncia de 2012, cuando el panista era alcalde Tierra Blanca, y que revivió la Fiscalía. Los cargos no los dieron a conocer las instancias judiciales, sino el mismísimo gobernador García ante los medios. Otro de los “delitos” del aspirante es que, al parecer, le dijo dos veces no a García Jiménez cuando le ofreció subirse al carro cuatroteísta, en 2018 y en 2021.
La segunda aprehensión ocurrió la madrugada del jueves, y fue la del morenista Cárdenas Sosa, que tiene un abultado y conocido expediente de acusaciones y señalamientos, pero fue detenido bajo presunción de secuestro, apenas unas semanas después de que el propio gobernador Cuitláhuac lo visitara en Lerdo de Tejada. Hasta cargaron con una alta funcionaria de la Fiscalía que acompañaba al alcalde electo y que quiso interponerse. Los llevaron al penal de Pacho Viejo.
Lo que ocurre, según se comenta entre muros parlamentarios capitalinos, es que el gobernador García decidió “fajarse los pantalones” y “hacerse respetar”. Fue a finales de octubre, presuntamente, cuando se tomaron las trascendentales decisiones en el Palacio de Gobierno de Xalapa.
Supuestamente, el mandatario está decidido, y es tal el número de expedientes que puso en manos de la fiscal Hernández Giadáns, que ésta por poco tuvo que pedir un carrito del Wall Mart para llevárselos.
Fabián Cárdenas: de amigo a acusado. Foto: Facebook.
JORGE FABIÁN, PÁJARO DE CUENTA
A Jorge Fabián Cárdenas Sosa primero lo reclutaron, a pesar del abultado archivo de expedientes, señalamientos y procesos en su contra; luego lo aprobaron y lo hicieron candidato.
Y al final lo apresaron.
Es un empresario de 43 años, dueño del equipo de Atlético Sozca, de la Tercera División de Fútbol, y con inversiones inmobiliarias. Hasta hace poco era dueño del ingenio San Francisco El Naranjal, que quebró en 2012, cuyo cierre afectó a unas 500 familias que vivían de dicha unidad productiva. En marzo pasado lo recompró con otros socios.
Además de juicios laborales ha enfrentado otros de tipo civil. La prensa veracruzana ha dado cuenta de varios de ellos: tiene cuentas pendientes con, Chubb Fianzas Monterrey y Aseguradora de Caución SA de CV, Scotiabank Invertlat, Banco Finterra, Mexicana de Arroz, y muchos otros acreedores, además de juicios en Veracruz, Querétaro y Ciudad de México. Se le acusa de haber efectuado donaciones fraudulentas de sus propiedades, para evitar que sean embargadas.
Aún con ese limpísimo expediente, obtuvo la candidatura a la alcaldía, con el respaldo, sobre todo, del delegado de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, pero también de Juan Javier Gómez Cazarín, actual presidente de la Junta de Coordinación Política del congreso local.
Cuitláhuac parecía muy contento con la nominación. Incluso, después de que Sosa re-compró el ingenio de El Naranjo, por mil 600 millones de pesos, el gobernador acudió a la reinauguración. Se sacaron fotos juntos, Cuitláhuac y Cárdenas Sosa, y las postearon en redes.
Según el periódico Vanguardia, de Veracruz, las gestiones legales para la autorización de la reapertura del ingenio corrieron a cargo del propio diputado Juan Javier Gómez Cazarín.
Pero toda esa bonita amistad se ha terminado, ahora que la Fiscalía dio con otro delito de Cárdenas Sosa, el de plagio.
Y fue tal el furor del operativo para apresar a Fabián Cárdenas, que cargaron con todo y su acompañante al momento de la detención, Adriana Bichi, a quien de nada sirvió formar parte de la estructura de la fiscal Hernández Giadáns, pues también fue detenida por resistirse y por “ultrajes a la autoridad”. Bichi es (¿o era?) Jefa de la Unidad de Género de la Fiscalía.
Tito Delfín Cano fue detenido el pasado 27 de noviembre. Foto: Facebook.
QUERÍA UN DELFÍN AMAESTRADO
En el caso del panista Tito Delfín Cano, fue detenido el pasado 27 de noviembre, y llegó el día primero de diciembre y ni la familia ni la dirigencia estatal ni nacional albiazul habían sido satisfechos con la explicación sobre las razones por las que Delfín fue apresado y se mantiene tras las rejas. Nada importó que el senador albiazul Damián Zepeda y otros jerarcas azules denunciaran la arbitrariedad.
Fue hasta el lunes 30 cuando se enteraron. Fue el propio gobernador Cuitláhuac García quien, en funciones de oficial de ministerio público, informó sobre las imputaciones en una conferencia de prensa. Para detener a Delfin Cano, la Fiscalía veracruzana revivió una denuncia por fraude de 2012 contra la administración municipal de Tierra Blanca, que encabezó Delfín ¡entre 2011 y 2013!
Pero el panista tendría “delitos” más graves. Según ha trascendido, en 2017, cuando Cuitláhuac García andaba en campaña para la gubernatura, éste invitó al panista a unirse a su movimiento.
El intermediario fue en ambos casos Alejandro Vázquez Cuevas, expanista, posterior militante del PES, y operador y amigo personal Cuitláhuac. Que le dijo que lo iba a pensar, y lo siguió pensando por tres años.
En 2020 lo invitaron de nuevo, para el proceso 2021. Y don Tito les recetó el mismo jarabe.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
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