Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
Manuel Espino quiere la candidatura de Morena en Durango… pero deja tiradero en el SPF
Cientos de graduados a quienes se les ha negado el empleo prometido, bajísimos sueldos, quejas por abusos de autoridad… es la herencia en el Servicio de Protección Federal que deja el expanista Manuel Espino, quien anhela ser candidato de Morena en Durango.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
EMEEQUIS.– Manuel Espino vuelve a “chapulinear”. El expresidente nacional del PAN convertido en flamante burócrata de la llamada Cuarta Transformación pidió licencia para separarse del cargo de comisionado del Servicio de Protección Federal para competir en Morena por una candidatura al gobierno de Durango.
Su sonrisa durante las entrevistas en las que anuncia su afiliación al partido del presidente López Obrador es todo lo opuesto al gesto que hacen los integrantes de ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana: “el jefe” deja la institución hecha un desastre.
Por ejemplo, desde agosto del 2020, unos 600 cadetes que ya egresaron de la Academia de Formación, Capacitación y Profesionalización del Servicio de Protección Federal tocan las puertas del Servicio de Protección Federal, pero nadie les abre.
Hace meses que concluyeron su formación y están deseosos de cuidar instituciones estratégicas para el país y a funcionarios de alto rango vulnerables ante el crimen organizado, pero no hay plazas para ellos.
Mientras esperan el trabajo que les prometió la dependencia que abandona Manuel Espino, otros más están a punto de graduarse con el miedo de que, al salir, deban formarse hasta el final de una larga línea de desempleados.
La falta de contrataciones, y el exceso de graduados de esa academia ubicada en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, ya tiene efectos visibles en la institución, pues varios de los alumnos que van a la mitad del plan de estudios ya han abandonado el plantel.
En el “mejor” de los casos esos cadetes que dejan su preparación trunca se unirán al empleo informal o al autoempleo, como vendedores en vía pública o choferes para aplicaciones móviles.
En el peor, podrían usar los conocimientos que adquirieron para colaborar con la delincuencia.
EN EL PEOR MOMENTO…
La situación en el país no está como para que Manuel Espino haya dejado la puerta cerrada en el Servicio de Protección Federal.
Por ejemplo, ahora que se discute la Reforma Eléctrica y la importancia de las minas de litio como una palanca para el desarrollo nacional, hasta el despacho de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, llegó una alarmante cifra: hay menos de 30 elementos del Servicio de Protección Federal cuidando todas las minas del país.
Tampoco hay suficientes elementos para proteger otras instalaciones cruciales para la seguridad nacional, como ductos de petróleo y gas, plantas de energía o presas. Y faltan integrantes para cuidar a personas clave para la impartición de justicia, como magistrados y jueces.
Otro programa que sufre con la falta de contrataciones es el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, que emplea a los cadetes recién egresados para asignarlos como escolta de reporteras y reporteros amenazados y activistas en riesgo.
Dicho programa es especialmente importante en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador por la presión internacional que enfrenta cada vez que ocurre el asesinato de periodistas o defensores de derechos humanos: 141 personas dedicadas a esos oficios han sido asesinadas desde diciembre de 2018 hasta la fecha.
SUELDITOS PARA ENORMES RIESGOS
Pero no sólo la falta de contrataciones en empleos ya prometidos es parte del mal legado que deja Manuel Espino: otro que tiene muy molesto a los uniformados es la promesa rota de que sus salarios aumentarían antes del 2022.
La asociación civil Ciudadanos Uniformados ha detectado que hay elementos que reciben mil 500 pesos quincenales, mientras que muchos otros reciben menos de 4 mil pesos al mes por labores que ponen en riesgo su vida, como custodiar servidores públicos amenazados por cárteles.
Manuel Espino se había comprometido a igualar, al menos, los salarios del personal del Servicio de Protección Federal con otras policías locales bien pagadas del país, como las de Escobedo, Nuevo León, o Nezahualcóyotl, Estado de México, pero con su salida ese compromiso se ha esfumado.
Los uniformados tampoco saben qué pasará con la promesa de eliminar el “arresto” –la privación de la libertad como una sanción que imponen superiores a subalternos– como un castigo y con las múltiples quejas de abuso de autoridad que coleccionan inspectores y oficiales.
Además, cuentan, Manuel Espino ha optado por dejar el cargo en la peor temporada, pues en noviembre y diciembre es cuando se acumulan las peticiones de personal desplegado en el país para poder regresar a sus estados de origen y pasar las fiestas navideñas con sus familias.
Con la institución acéfala, muchos se preguntan ¿qué pasará ahora? ¿Por qué Manuel Espino se va sin avisar y dejando tantos pendientes? ¿A poco en Morena le van a premiar su desaseo con una candidatura a gobernador?
ESPINO CONTRA LOS PUROS DE MORENA
Para todas esas preguntas, el empresario oriundo de Victoria de Durango tiene una misma respuesta: quiere afiliarse a Morena para ganar el voto de las bases en una contienda interna y competir en una elección donde, desde ahora, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador se perfila como favorito para ganar.
Las palabras indiscretas del presidente de Acción Nacional, Marko Cortés, acerca de que los blanquiazules y la oposición sólo tienen posibilidad de triunfo el próximo año en Aguascalientes han entusiasmado a Manuel Espino para convertirse en mandatario local entre el 2022 y el 2028.
Sin embargo, muchos en Morena no están dispuestos a olvidar su pasado como aliado de Felipe Calderón en la apretada elección presidencial de 2006 y que él mismo palomeó la frase “López Obrador es un peligro para México”, aunque hoy se quiera deslindar de ella.
Por ejemplo, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, ya adelantó que está inconforme con la idea de que su partido le abra las puertas al duranguense de 61 años y deje fuera de la candidatura a un morenista de cepa.
“Algo que no le gusta a la ciudadanía de los partidos es el pragmatismo electoral extremo. Como dice @lopezobrador_: la política es el equilibrio entre principios y eficacia.
“Hay que ser eficaces sin cruzar límites; me acusarán de sectaria pero yo no estoy de acuerdo con esto”, tuiteó la segunda al mando en Morena sobre la noticia de las intenciones del expanista de ponerse la casaca guinda.
Al disgusto de cientos en Morena por las aspiraciones de Manuel Espino hay que sumar otros cientos de enfadados: los hombres y mujeres de uniforme azul y armamento pesado que le han dado la espalda a su exjefe.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
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