Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La guerra de Napito. Por sacudirse deuda, le agita Sonora a Durazo
Ya ni Luisa María Alcalde lo aguanta. En su afán de sacudirse la histórica deuda de 55 millones dólares con los trabajadores mineros, Napoleón Gómez Urrutia está reactivando antiguos conflictos laborales. El gobernador Alfonso Durazo ya se habría quejado en la federación.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
EMEEQUIS.–En su afán de sacudirse la histórica deuda de 55 millones dólares con los trabajadores mineros, la estrella sindical del obradorismo, Napoleón Gómez Urrutia, está reactivando antiguos conflictos laborales e inventándose nuevos con la idea de crear un distractor suficientemente poderoso que además pueda reportarle dinero fresco para paliar la ira de sus agremiados.
Al menos es lo que se comenta en circuitos sindicales y juntas de conciliación, pero sobre todo en Sonora, donde justos y distraídos están pagando ya por las movilizaciones impulsadas por el controvertido heredero del sindicato minero.
Su correligionario, el gobernador morenista de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, al parecer ya se quejó “con la federación” para que le quiten esa ponzoña de su estado. Pero si al mandatario estatal está irritado con el latoso dirigente gremial, dos rayitas arriba quedó la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alclade.
Y es que a la funcionaria la idea de trabajar ya le resulta bastante salvaje, pero eso de aguantar a Napito ya está en otro nivel.
ACUMULA VÍCTIMAS
Y es que el junior sindical viene asolando a Fertinal, Teksid Hierro, ArcelorMittal y El Boleo, por mencionar a las empresas más conocidas que recientemente han padecido las presiones del senador.
Napito tiene una de las trincheras de su guerra en la United Steelworkers de Canadá y EUA, organización que parece haberle dado las claves para aprovechar, como instrumento de amago, el llamado mecanismo de respuestas del T-MEC.
Apenas en agosto, Napito causó una gran irritación y caos por mandar a sus agremiados a cerrar la carretera Cananea – Imuris, donde ahorcaron por alrededor de siete horas el tránsito de tráfico pesado que mueve buena parte de la economía de la región.
Pues Napito logró con su argüende que el representante de la Secretaría de Gobernación (SG), Máximo Moscoso, se comprometiera por lo menos a mantener el diálogo con esa, la sección 65 del Sindicato Minero, y de hecho fueran recibidos por el propio Adán Agusto López Hernández este mes.
CONTRA DURAZO
El que no quedó nada contento con la negociación fue el gobernador Alfonso Durazo, pues Napito amenazó con revivir huelgas declaradas inexistentes hace más de tres lustros contra minas que operan en aquella entidad, y de hecho ya comenzó.
La secretaria Luisa María Alcalde resolvió conforme a sus protocolos de actuación es casos de conflicto: les dijo, ahí me avisan en qué quedan.
El caso es que Napito trae apergollados a estos funcionarios, con la esperanza de mantener en vilo la entrega de los 55 millones de dólares que debe a los mineros de Cananea, muchos de los cuales murieron sin ver ni un billete verde.
Hay que recordar que la Junta de Conciliación y Arbitraje le ordenó pagar esa cantidad a 226 extrabajadores de mineros, más intereses, pero el pícaro dirigente dijo que no tenía idea sobre el tema al que se referían con eso de los 55 millones, porque él no debe nada.
El laudo fue emitido el 28 de enero de 2021, pero el poderoso senador morenista lo tomó a broma. dijo en una entrevista: “No le debo a nadie, se les pagó 22 millones de dólares a 5 mil miembros en Cananea, ni siquiera son 55 millones”.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
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