Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
Katia Meave: desde Palacio Nacional a Jalisco para meter en cintura a Enrique Alfaro
El perfil de la nueva “superdelegada” en Jalisco, descrito como agresivo y porril por miembros de la sociedad civil campechana, donde ocupó el mismo encargo, augura un interesante enfrentamiento con el gobernador Enrique Alfaro, quien constantemente se queja de las políticas públicas de AMLO.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
EMEEQUIS.–Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, quien constantemente manifiesta su desacuerdo con las políticas públicas dictadas por la federación, especialmente en cuanto a la tributación, ya tiene marca personal enviada desde Palacio Nacional.
Se trata de Katia Meave Ferniza, quien fue trasladada con el mismo encargo de “superdelegada” a Jalisco, donde sustituye a Armando Zazueta, desde el pasado 17 de enero, siendo la tercera encargada de la federación en este estado. Al parecer la indicación que se cumplirá con el perfil de Katia, será que la federación gane espacios y logre mejor posicionamiento, ya que es pública la postura del gobernador Alfaro y su enfrentamiento con el presidente: incluso llevó a cabo un referéndum para preguntar a los ciudadanos de Jalisco si desean permanecer dentro del pacto fiscal con la federación.
El perfil de la nueva “superdelegada”, descrito como agresivo y porril por miembros de la sociedad civil campechana, donde ocupó el mismo encargo desde 2018, augura un interesante enfrentamiento con el gobernador Alfaro, quien mantiene vivas sus aspiraciones de lograr la nominación para la candidatura presidencial de su partido en 2024.
En su gestión en Campeche Meave acumuló enfrentamientos con agrupaciones que normalmente apoyan al presidente, por lo que fue acusada en varias ocasiones de no entender las necesidades y problemática del estado, lo que sumado a su pasado como una activista violenta que incluso estuvo detenida por vandalismo en los disturbios de la UNAM en el año 2000, lo que ocasionó que no pudiera concluir sus estudios profesionales; marcaron profundas diferencias en una sociedad que se destaca por su pacifismo y la relevancia que da a los usos y costumbres de sus pobladores.
Sus habilidades son del tipo que requiere Morena en un estado con un gobernador rebelde como lo es Jalisco.
La “superdelegada” de los programas federales en Campeche fue reasignada por la Presidencia al estado de Jalisco con el mismo encargo a partir de el 17 de enero pasado, atendiendo la solicitud que hiciera la nueva gobernadora campechana también de Morena Layda Sansores Sanromán.
En su lugar fue nombrado Carlos Martínez Ake, hombre de confianza de la gobernadora que había sido designado como secretario del bienestar del estado, pero debido a la petición de Sansores ahora ocupará el puesto de bienestar pero federal, sustituyendo a Meave.
La posición de Meave Ferniza no fue fácil en el estado de Campeche, que se caracteriza por ser muy cerrado y no simpatizar con quienes llegan de otras partes de la República que no sea la península yucateca.
A pesar de estas diferencias, la ahora ex delegada federal se movió entre la sociedad campechana para tratar de alcanzar la candidatura de Morena para la gubernatura del estado de Campeche en 2021, posición que al final se le otorgó a Layda Sansores, quien en un final que incluyó el recuento de la votación, derrotó por muy poco margen a Eliseo Fernández de MC.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
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