Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
Gómez Urrutia genera caos en Sonora con tal de quedarse los 54 millones de dólares
Operación lavado de imagen. El senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, se alía con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para obtener el apoyo de Palacio Nacional en la crisis minera de Cananea. ¿Y los trabajadores? siguen sin recibir sus 54 millones de dólares.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
EMEEQUIS.–Napoleón Gómez Urrutia, senador por Morena y líder del sindicato minero, avanza en su plan para generar crisis, al instalar un bloqueo de 250 mineros para cerrar carreteras y así seguir jugando con las esperanzas de una base social. Busca revivir por la vía política un conflicto que carece de sustento legal.
Todo para mantener en sus cuentas los 54 millones de dólares que nunca llegaron a los trabajadores.
La estrategia de Napo al parecer logró convencer al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien ya defiende las causas del líder minero, lo que está abonando en las gestiones para que el apoyo total sea decretado desde Palacio Nacional.
El camino trazado para mejorar la imagen de Gómez Urrutia incluye el respaldo de su versión de los hechos en la crisis minera de Cananea, para lo que han llegado desde la capital de la República dos reporteros de un diario de circulación nacional quienes, según fuentes dentro del propio sindicato minero, tienen la encomienda de producir reportajes que respalden la versión de Napoleón sobre la supuesta huelga, que ya ha sido declarada como inexistente por la SCJN.
Sin embargo, el líder minero se empeña en mantener vivo el conflicto político sustentado por las supuestas acciones contaminantes de la empresa que administra la mina.
Los periodistas apenas arribaron a Hermosillo el pasado 25 de enero. Fueron trasladados a Cananea por el delegado del Comité Nacional del Sindicato Minero, Heriberto Verdugo, y desde el jueves 27 estuvieron ya tomando notas y recogiendo imágenes de Cananea y sus alrededores, con el objetivo de limpiar la imagen del Senador por Morena y posicionarlo de nuevo en la agenda pública.
Dentro de las irregularidades y atropellos que han sido señalados por extrabajadores del sindicato, se encuentran las llamadas “listas negras” que habrían servido para que los afiliados a su sindicato no fueran contratados por los empleadores de la región.
Gómez Urrutia promovió el bloqueo en el que 250 mineros, quienes son aún fuerzas vivas leales a “Napito”, impusieron sobre la carretera Ímuris – Cananea por cuatro días y noches, causando severas afectaciones a la industria, a la economía y la vida cotidiana de los pobladores de esa región.
El sindicato que encabeza Gómez Urrutia justifica sus acciones con un oficio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que supuestamente se ordena al Estado mexicano para resolver el conflicto mediante el diálogo.
Pero, en realidad, se trata de una referencia a la figura de la solución amistosa que el organismo internacional siempre ofrece a quienes presentan alguna queja, para que se arreglen con sus contrapartes con base en la buena voluntad.
La razón de fondo es que Napoleón pretende que el conflicto se extienda para no pagar a los extrabajadores de la mina de Cananea los casi 54 millones de dólares que la empresa que la compró depositó para ellos, por concepto del 5% del valor de las acciones a inicios de la década de los noventa.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
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