Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
Cuñados, compadres y venganzas. La maraña tras la detención del “Bronco”
Gilberto de Hoyos Koloffon, fiscal especializado en delitos electorales de Nuevo León, mantuvo un perfil bajo desde su nombramiento en 2018, sin agitar las aguas. Hasta que los liderazgos locales del PRI le cobraron el favor de su nombramiento con la detención del “Bronco”, en las mismas condiciones que Rodrigo Medina.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
EMEEQUIS.–Mientras el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, sigue preso en Apodaca, continúan surgiendo las relaciones de amistad que enmarcaron su detención.
Gilberto de Hoyos Koloffon, fiscal especializado en delitos electorales de Nuevo León, mantuvo un perfil bajo durante los últimos cuatro años desde su nombramiento, sin acciones relevantes.
Hasta que, por encargo de su compadre y amigo, Rodrigo Todd Lozano, le piden hacer efectiva la razón por la cual lo recomendaron para ese nombramiento, de acuerdo con fuentes cercanas al caso.
Fue cuando se giró la orden de aprehensión contra “El Bronco”, quien lleva casi un mes preso, desde el 15 de marzo pasado.
Todd Lozano es cuñado de Francisco Cienfuegos Martínez, exdiputado local y expresidente municipal de Guadalupe, Nuevo León, de extracción priísta, quien a su vez mantiene estrecha relación con uno de los magistrados del Tribunal Electoral de Nuevo León.
Como se publicó en EMEEQUISen días pasados, trascendió que el encarcelamiento del “Bronco”, por instrucciones de la Fiscalía y con total conocimiento del actual gobernador Samuel García, se debió al cobro de la factura pendiente que tenía el PRI contra Rodríguez Calderón.
Al actual mandatario le conviene el acuerdo, dice la fuente, porque así podría gobernar con menores problemas en un Congreso local que es adverso a Movimiento Ciudadano (MC).
Cuando tomó posesión en 2018, Rodríguez Calderón, entonces gobernador independiente (aunque de pasado priísta), inició una investigación contra Rodrigo Medina, mandatario que le antecedió. Eso derivó en su detención y encarcelamiento por 19 horas, antes que un juzgado federal ordenara su liberación.
Los cargos que se le imputaron a Medina fueron desechados, pero circularon fotografías del exgobernador mientras era fichado y posteriormente con el uniforme naranja del penal.
Sería por eso que, a petición de una buena parte de los altos mandos priístas de la entidad, se le aplicaron a Rodríguez Calderón las mismas condiciones: se le detuvo y encarceló y se hicieron circular las fotografías durante su fichaje y con el uniforme del penal. “El Bronco” sigue preso en el penal de Apodaca.
La “operación venganza” fue coordinada por Francisco Cienfuegos, quien a través de su cuñado (hermano de su esposa Lucía), Rodrigo Todd Lozano, le exigieron al abogado De Hoyos Koloffon que hiciera efectiva la razón por la cual fue nombrado por recomendación de aquellos para el cargo que ocupa.
FISCAL CON POCA EXPERIENCIA
Durante toda la gestión del fiscal desde 2018, se había mantenido en silencio, sin llevar a cabo ninguna acción de relevancia, a pesar de las múltiples denuncias y reportes de las supuestas acciones de funcionarios de origen priísta que merecieron ser documentadas y perseguidas por su dependencia.
De Hoyos Koloffon es un abogado general, egresado del Tec de Monterrey, de 45 años de edad y cuya experiencia profesional anterior al cargo que ahora ostenta es sobre propiedad intelectual. Trabajaba en un despacho formado en 2006, en conjunto con su hermano menor, Hector Mauricio, egresado como licenciado en mercadotecnia por el mismo centro de estudios.
Esto a pesar de que la fracción III del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León obliga que el titular en delitos electorales cuente con experiencia o conocimientos en materia electoral, en el ámbito público o privado.
La realidad, de acuerdo con versiones recopiladas por EMEEQUIS, es que De Hoyos fue nombrado por recomendación de su compadre, Todd Lozano, porque nunca tuvo experiencia alguna en temas que tuvieran relación con el derecho electoral.
Pero aún así, sin ser su especialidad, es titular de una Fiscalía Especializada.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
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