Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
Colectivos acusan intereses de Álvarez Icaza en Glorieta de los Desaparecidos
Un quiebre entre colectivos y activistas pone en riesgo que se establezca el antimonumento en la Glorieta de la Palma, ya que se percibe la intervención política del senador independiente Emilio Álvarez Icaza, a quien ven interesado en usar a familiares de desaparecidos para su campaña.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
EMEEQUIS.– Con muros de metal el gobierno de la Ciudad de México impidió a familias de personas víctimas de desaparición utilizar la que fuera emblemática Glorieta de la Palma para convertirla en un antimonumento que llevaría el nombre de Glorieta de las y los Desaparecidos.
Al igual que en Jalisco, uno de los estados con más desapariciones forzadas en el país, donde activistas y familiares tomaron en 2018 la Glorieta de los Niños Héroes para hacer hacer un memorial a los desaparecidos, en la Ciudad de México también se buscó colocar un espacio para visibilizar y dignificar a las cerca de 100 mil personas sin ubicar en el país.
Pese a la prohibición, este fin de semana colectivos, madres y familiares, montaron sobre vallas los rostros en fotografías y nombres de sus desaparecidos, para hacer visible la crisis de derechos humanos que existe en el país y que las autoridades no olviden que detrás de ello hay familias quebradas en búsqueda de sus seres queridos.
“Claudia, escucha la Glorieta es nuestra lucha”, fueron las consignas que gritaron mujeres y hombres que buscan a sus familiares, refiriéndose a la postura que ha tomado la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, al impedir la colocación del memorial.
Sin embargo, un quiebre entre colectivos y activistas pone en riesgo que se establezca el antimonumento, ya que se percibe la intervención política del senador independiente Emilio Álvarez Icaza.
De acuerdo con agrupaciones y colectivos que pertenecen al Movimiento por Nuestros Desaparecidos, el senador sin partido pudiera estar interviniendo en la toma de la Glorieta para utilizarla como “base de clientelismo político” de familiares que necesitan justicia por sus desaparecidos. Esto con miras a tener una candidatura en 2024.
FUERA CLIENTELISMO POLÍTICO DE CAUSAS JUSTAS: FAMILIAS
El quiebre entre colectivos de desaparecidos por la toma de la Glorieta se percibe por la injerencia de grupos políticos principalmente de oposición. Primero fueron los panistas, ahora se advierte la intervención de iniciativas políticas a cargo del senador Álvarez Icaza.
Los colectivos ponen en duda por qué no se propuso la intervención de la Glorieta cuando el gobierno capitalino sugirió propuestas de árboles para suplir a la Palma. Por el contrario, se tomó el espacio hasta que ya había un resolutivo después de una encuesta social, lo cual generó una aparente acción de choque con el gobierno en turno. Aprovechada posteriormente, por grupos políticos contrarios a los que están en el gobierno.
Miembros de colectivos explican en corto que, cuando se dio la convocatoria, muchos de los grupos de familiares de personas desaparecidos y activistas que siguen el tema “empezamos a ver manifestaciones públicas de diputados del PAN, vemos que algunas personas que lo empezaron a promover son personas que están todo el tiempo haciendo base ciudadana de iniciativas de Álvarez Icaza”, afirman.
Colectivos resaltan como una “casualidad muy sospechosa” la sobrerrepresentación de Álvarez Icaza en el movimiento social por los desaparecidos y el surgimiento de la intención por tomar la Glorieta de la Palma, al tiempo en que su grupo político trata de colocarse a nivel nacional.
“Empezamos a ver detrás de esta acción intereses políticos. Más ahora que Emilio anda por todo el país con su iniciativa, junto con el PRD y varios políticos para lanzar un candidato único para 2024”, cuentan.
La muestra más contundente, donde perciben la operación de grupos políticos, fue la convocatoria a una reunión para el viernes 13 de mayo, que formó parte de la agenda del secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, en relación con el nombramiento de la Glorieta de Personas Desaparecidas.
Convocatoria a una reunión para el viernes 13 de mayo.
La cita se hizo a nombre de “Unión de Familiares Residentes de Desaparecidos” Martha Muñoz, sin embargo, refieren que podría tratarse de convocatoria de utilidad política, porque no se consultó con todo el Movimiento por Nuestros Desaparecidos.
El colectivo consultado por EMEEQUIS afirma que hay un desconocimiento sobre quiénes concertaron el acercamiento con el gobierno, ya que no todas las organizaciones fueron consultadas ni convocadas. “Se tomaron decisiones unilaterales sin consensuar con el amplio de los colectivos”, afirman, pero reconocen que no se oponen a la toma del espacio, sino a que se intentó hacer un quiebre entre las familias.
Resaltan que si bien la toma de la Glorieta es una muestra justa, transparente y necesaria para que las autoridades atiendan la crisis de desaparecidos en el país, piden que se evite el clientelismo político utilizando a familiares que buscan verdad y justicia.
“Hay una necesidad nacional de que se visibilice el fenómeno de la desaparición y de que se tomen todos los espacios públicos que se pueda para que ciudadanía voltee a ver que es un fenómeno que está vivo y está devorando cada día más personas, y que todas las familias tienen el derecho de tomar los espacios que quieran y que las autoridades los volteen a ver para atenderlo”.
LOS PASOS DE ÁLVAREZ ICAZA CON MIRAS A 2024
Pese a que aún tiene el cargo de senador, Emilio Álvarez Icaza ha iniciado la conformación de una candidatura única para 2024, bajo la instalación del Frente Cívico Nacional, al cual han mostrado apoyo algunos ex políticos como Guadalupe Acosta, exdirigente nacional del PRD y el ex diputado Fernando Belaunzarán.
Afirman que el objetivo es que la candidatura sea resultado de una elección primaria, que cuente con carácter de legitimidad y unidad de quienes conforman el Frente; por ello se promoverán bajo una iniciativa ciudadana o que el INE organice un proceso interno entre partidos políticos que buscan la integración de una coalición presidencial.
Bajo estas intenciones políticas, a los colectivos de desaparecidos, la participación insistente de Emilio Álvarez Icaza en intervenir la Glorieta de los Desaparecidos, no resulta anormal ya que, principalmente en los últimos meses, ha buscado el respaldo de familias.
Los colectivos refieren que el trabajo de Álvarez Icaza por afianzarse en el discurso social y político inició con una base ciudadana victimal desde 2011. Denuncian que el ahora senador utilizó al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad para catapultarse como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en agosto de 2012.
“No se volvió a acordar de las victimas de México hasta que se le acabó la chamba, cuatro años después regresa y empieza con la iniciativa de ‘Ahora’ donde se lanzaba como candidato presidencial ciudadano”, relatan activistas a EMEEQUIS,
En los últimos meses, los colectivos han identificado que el senador, junto a la exdiputada Eliana García Laguna, lanzaron una iniciativa para modificar la Ley General de Víctimas, por la cual han vuelto a buscar a algunos familiares de desaparecidos que los respalden.
Sin embargo, ahora son las familias y colectivos de desaparecidos quienes buscan proteger que el movimiento no tenga intereses políticos, ni sea utilizado por estas figuras.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
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