Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
Cabildeo oficial acelerado para romper el “bloque de contención” del Senado
Con el fin de sumar a senadores priístas para aprobar la ampliación de la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el subsecretario César Yáñez encabezaron el cabildeo
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
EMEEQUIS. Una amplia operación oficial fue desplegada durante el “puente patrio” para intentar romper el “bloque de contención” del Senado, frente a la votación del decreto que amplía la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, y que otorga poderes extraordinarios sobre las mismas al presidente de la República.
Dicho bloque está formado, como se sabe, por las fracciones parlamentarias opositoras, pero el flanco elegido por los operadores obradoristas fue el del PRI, al que consideran la hebra más delgada.
Se trató de una maniobra ejecutada con toda celeridad, pues la instrucción de Palacio es aterrizar la votación esta misma semana, a más tardar el miércoles, y aprovechar el “efecto Alito”: es decir, la fractura ocasionada por la contribución del diputado y presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, alias “Alito”, a la aprobación del mismo decreto en la Cámara de Diputados, la semana pasada.
Según confiaron a EMEEQUIS fuentes del grupo tricolor, en ese tenor se inscribe la reunión que desde el mismo miércoles 14 apresuraron el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el subsecretario César Yáñez, con el senador priísta Carlos Aceves del Olmo.
Otro encuentro del titular de Gobernación habría ocurrido, en días recientes, con el senador guerrerense del tricolor Manuel Añorve, más allá de los saludos que ambos personajes intercambiaron en el pleno. Pero no fueron las únicas reuniones que buscaron, o por lo menos “las peticiones estuvieron a la orden del día”.
Y es que el obradorismo se encuentra a sólo 11 votos de lograr la mayoría constitucional. Su cálculo es persuadir a algunos tricolores de “tomarse el día” cuando se verifique la votación.
Sin embargo, las prisas no han sido las mejores aliadas de cabilderos, y al parecer el bloque sigue completo y el tricolor mayoritariamente unido en su rechazo al decreto que, insisten los opositores, tiene más cálculos transexenales que de combate al crimen.
EVASIVA MAYORÍA
En las pizarras de Bucareli no terminan de borrar y reescribir, “haciendo” números sobre los votos necesarios para lograr los objetivos presidenciales en el Congreso de la Unión.
El bloque de la 4T (Morena, PVEM, PT y PES) sumaría 74 votos. Es decir, le faltaría 11 para poder alcanzar 85, el número mágico de los dos tercios requeridos para la mayoría constitucional en el Senado.
Por su parte, el bloque de contención suma 54: 36 sufragios de PAN, PRD, MC; 13 del PRI (quien posee 13 senadores) y cinco del Grupo Plural.
En busca de la cifra prodigiosa, los operadores oficiales descuidaron las formalidades parlamentarias: primero, el jueves pasado, habían citado para mañana a la Comisión de Puntos Constitucionales a sesionar en solitario para procesar el decreto en cuestión.
Fue hasta la tarde de hoy cuando corrigieron, y citaron para la tarde de este lunes a reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado. Y es que las modificaciones constitucionales exigen procesamiento conjunto de estas dos instancias.
La idea, según señalan, es que la votación se efectúe el martes o más tardar la mañana del miércoles, aunque también depende del éxito de la operación.
Cabe recordar que gran parte del aparato legislativo del PRI en el Senado se ha mostrado en contra de la iniciativa. Inclusive, el mismo Ricardo Monreal, senador de Morena, comentó, sobre las labores de convencimiento a los opositores: “no puedo adelantar vísperas ni tampoco puedo, en un desbordado optimismo, señalar que ya está. Estamos batallando y vamos a ver”.
Ante este escenario, la cacería de votos y convencimiento de la 4T está a todo motor, pero no están claros sus resultados. Inclusive, la misma cuenta oficial de la Secretaría de Gobernación publicó fotografías del encuentro que el jueves sostuvieron los funcionarios de la dependencia con el priista y líder obrero Carlos Aceves del Olmo, como para dar la impresión de que el cabildeo iba por buen camino. Pero no hubo más fotos.
Lo cierto es que la senadora Lilly Téllez, en una entrevista con Brozo, acusó al secretario de Gobernación Adán Augusto López de andar “muy movido” intentando “persuadir” a los opositores para que voten a favor del decreto que impulsó la diputada priista Yolanda de la Torre.
RESISTENCIA
Desde el pasado 6 de septiembre el grupo parlamentario de este partido publicó un comunicado titulado “GPPRI en el Senado expresa su rechazo absoluto y unánime a la iniciativa que amplía el plazo para la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública hasta 2028”.
Además, senadores como Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruíz Massieu, Verónica Martínez, Nuvia Mayorga, Beatriz Paredes, Jorge Carlos Ramírez, han ratificado su voto en contra de la iniciativa, en posturas compartidas en sus cuentas redes sociales.
Quienes no han tenido expresiones tan enfáticas son precisamente senadores como Carlos Aceves del Olmo, Sylvana Beltrones, Ángel García Yáñez o Claudia Anaya, entre otros.
Como sea, parece prevalecer una expectativa sobre un eventual rechazo de todo el “bloque de contención”.
El mismo Ricardo Monreal dijo sobre los senadores opositores y la efectividad de las labores de cabildeo: “Ahora siento que están más en su papel de oposición, más cerrados, o más decididos en una posición, por no decirles cerrados; más decididos en asumir una posición que ellos creen que es la correcta”.
Y es que parte del rechazo de este grupo parlamentario se fundamenta en la molestia contra el presidente del comité nacional priísta, Alejandro Moreno Cárdenas, quien ha puesto en vilo la viabilidad de la coalición opositora “Va Por México”, al capitular ante el obradorismo en el proceso legislativo para evitar problemas con la ley.
Asimismo, ha existido un fuerte impulso en redes sociales por parte de la sociedad civil mexicana para que las diferentes bancadas de la oposición y del PRI se mantengan firmes en evitar que dicha iniciativa se apruebe, dado los riesgos que implica contra la República.
La propia senadora Lilly Téllez ha señalado que la lógica del decreto no tiene nada que ver con la seguridad, sino que tiene fines electorales.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
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