Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
Busca gobierno de Durazo en Sonora documentar quebranto millonario de Pavlovich
El equipo del nuevo gobernador morenista enfoca sus baterías en evidenciar presunto quebranto financiero en las secretarias de Seguridad Pública y de Desarrollo Urbano, así como en el ISSSTESON. El posible daño al erario alcanzaría la cifra de 4 mil millones de pesos.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
EMEEQUIS.– Tan pronto como asumió el cargo de gobernador de Sonora, el equipo de Alfonso Durazo Montaño documenta un posible quebranto financiero contra la administración de su antecesora Claudia Pavlovich Arellano, por un monto cercano a los 4 mil millones de pesos.
Una fuente al interior de la actual administración asegura que se revisan anomalías en cuanto al manejo de recursos, específicamente en la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura y el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sonora (ISSSTESON).
Entre los nombres que sobresalen en la indagatoria, se encuentran los de Sergio Torres Ibarra, esposo de la exgobernadora, y Miguel Ernesto Pompa Corella, exsecretario de Gobierno, además de marido de una prima de Pavlovich.
La fuente agregó que para la misión de documentar las irregularidades se seleccionó a dos personajes clave de toda confianza del gobernador, ello para guardar absoluta secrecía, pues genera desconfianza que todavía quedan en la actual administración funcionarios del gobierno anterior, sobre todo en cargos de dirección.
Informes de la Secretaría de Relaciones Exteriores indican que se habría negociado un consulado en Europa para Claudia Pavlovich, pero ello no la eximiría de enfrentar una posible denuncia.
Como es de esperarse, los detalles de la indagatoria se mantienen bajo gran seguridad y hermetismo, pero existen antecedentes ya ampliamente difundidos sobre irregularidades tras investigaciones periodísticas y de organizaciones no gubernamentales, aunque sin consecuencias legales todavía.
Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) descubrió que 4 empresas y otras 8 vinculadas, recibieron en 2016 transferencias equivalentes aquel año a 36 millones de dólares de los gobiernos priístas de Chihuahua, Durango, Sonora, y Colima, así como del Congreso de Morelos y de la delegación Milpa Alta, en la Ciudad de México para la “Operación Safiro”, nombre que operadores del PRI asignaron al mecanismo para el desvío de fondos públicos.
En reportes financieros y otros documentos consultados por MCCI se encontró evidencia de que el Gobierno de Sonora transfirió en 2016 más de 140 millones de pesos a 7 empresas en las que figuran como supuestos dueños el ex agente del CUSAEM arrestado por robo y cuatro miembros de su familia.
Sin embargo, la administración de Pavlovich respondió a peticiones de información con reportes en el sentido de que solamente realizó cuatro pagos por apenas 580 mil pesos a 2 firmas de la red fantasma.
En una publicación del diario Vanguardia de diciembre de 2019, se establece otra posible línea posible de investigación que involucra a la firma Servicio Integral de Seguridad Privada de Sonora S.A. de C.V. (SISPS), la cual fue una de las más beneficiadas en la prestación de servicios de seguridad durante la administración de Pavlovich con 97 millones de pesos.
La empresa SISPS en ese entonces era representada por Michelle Marie Salido Huerta, esposa de Luis René Ibarra McLaurin, quien es primo directo de Sergio Torres Ibarra, esposo de la exgobernadora de Sonora.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
.svg){kind=small}
