Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
Alito, estrella fulgurante de la 4T y un demonio difícil de exorcizar del PRI
Contrarios a Alito Moreno dentro del mismo PRI ya estarían preparando la argumentación jurídica para una eventual remoción del campechano de la presidencia del partido. La idea es blindar el proceso a prueba de apelaciones. No le perdonan que se una al obradorismo en la militarización de la seguridad.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
EMEEQUIS.– Alejandro Moreno Cárdenas, alias “Alito”, ha transitado, en sólo una semana, de demonio del morenismo, a estrella obradorista. Así ocurrió tras la entrega de los votos de su tribu tricolor de San Lázaro a la coalición legislativa encabezada por Morena.
Dicha entrega era indispensable para que el oficialismo lograra la mayoría constitucional necesaria para aprobar el decreto que otorga poderes especiales al Presidente de la República sobre las fuerzas armadas, hasta 2028.
El habilidoso personaje se sacudió así la amenaza de Morena de desaforarlo y presentarlo en tribunales para juzgarlo por una larga lista de latrocinios que se le imputan desde su desaforada juventud hasta su cuestionada gubernatura en Campeche.
Pero en la salvación de su carrera, Moreno Cárdenas ha empeñado nada menos que la condición republicana de México, según se comenta en las cúpulas de los partidos opositores.
Agregan que la salvación de la alianza Va por México y de su competitividad electoral para las elecciones de 2023 en Edomex puede ser el dique ante el proyecto transexenal al que apunta la cúpula en el poder. Pero Alito está en medio.
Lo que es considerado como “traición” de Alito y su grupo ya era prevista desde semanas antes en los partidos opositores. En especial dentro del PRI, se había planteado la salida del campechano de la dirigencia.
Según se ha colado a la redacción de EMEEQUIS, hay ya un equipo que prepara la argumentación jurídica para que la remoción del campechano de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor no tenga margen de error, y pueda surcar sin problemas una eventual judicialización del proceso de destitución.
Se considera, además, que la traición de Moreno Cárdenas al PRI, a la alianza, al régimen constitucional y a la plataforma registrada y suscrita ante el INE, no fue perpetrada en solitario, sino con ayuda de varios personajes priístas y la diputada Yolanda de la Torre.
Lo que dicen es que el primer paso es contener el trancazo militarista en el Senado, la próxima semana. El segundo, el cerco legal a Moreno Cárdenas.
COMPLEJA REMOCIÓN
Desde las horas previas a la votación del decreto militarista se multiplicaron los pronunciamientos contra Moreno Cárdenas, en especial entre los senadores: Miguel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes, se pronunciaron por el relevo en la dirigencia.
Ya en junio intentaron remover al campechano de la oficina de Insurgentes Norte. Quince exgobernadores tricolores se pronunciaron por la remoción, y hasta el excandidato presidencial Francisco Labastida Ochoa salió a pintar de cuerpo entero el perfil oscuro del campechano.
Por entonces, Osorio Chong había dicho: “Vamos a pedirlo con seriedad, con oficio en las próximas semanas, ya sabemos su contestación, pero lo que queremos es que legalmente, con la obligación de los estatutos, pueda llamarse a elecciones antes de agosto para la renovación, si es que no quiere salirse ahora”.
Pero no pudieron. Esta vez tampoco será sencillo. El problema es que la reglamentación interna del tricolor le facilita la resistencia a Moreno Cárdenas.
La liana de la que se sostiene Alito en la presidencia nacional del PRI es el Artículo 46 del Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos, que dice: “Toda convocatoria, previo a su expedición, contará con el Acuerdo de autorización del Comité Ejecutivo Nacional, y para este efecto se ajustará a los criterios aplicables establecidos en el artículo 11 del presente ordenamiento”.
Fuera de la secretaria general, Claudia Ruiz Massieu, todo el comité es fiel a Alito. La autorización de la convocatoria tendrá que ser “rodeada” por el equipo legal. De ahí lo contrario, todo podría acabar en un largo litigio que tendría que revisar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Mientras corre el tiempo hacia 2023 y hacia 2024, desde luego…
LA TRAICIÓN DE ALITO Y SU TRIBU A LOS ELECTORES
Aquellos que insisten en torcer y retorcer el espíritu de los compromisos suscritos por el PR, con el PAN y con el PRD, pero sobre todo con los electores, pueden simplemente revisar la plataforma electoral registrada por el tricolor, con rúbrica de Alejandro Moreno Cardenas, ante el INE en 2021.
En dicha plataforma los diputados se comprometen claramente a dejar fuera de la ecuación Seguridad – Guardia Nacional, al titular del Poder Ejecutivo. Pero ya se les olvidó.
El documento dice: “El gobierno promovió una reforma constitucional a fin de crear la Guardia Nacional, lo que fue aprobado considerando que las fuerzas armadas puedan formar parte de ella, pero estableciendo cinco características: extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
Ante ello: “El PRI plantea la necesidad de cumplir la ley en sus términos, estableciendo de forma rigurosa la observancia de las características antes señaladas, respecto de la participación de cuerpos militares y de la armada. Conforme a lo antes expuesto, el PRI promoverá en el Congreso de la Unión la elaboración de una ley secundaria en materia de seguridad, respecto de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional; ello a fin de lograr congruencia entre la ley fundamental y la ley reglamentaria, garantizando el cumplimiento de los requisitos considerados para la incorporación de las fuerzas armadas en ese órgano”.
Pero sobre todo, se compromete a no dar poderes mayores en el ámbito militar, al presidente: “Uno de los temas centrales para impulsar el estado de derecho y la actuación de los órganos autónomos, se refiere a presentar una iniciativa de ley general en la materia, a fin de homologar sus características de operación, de conformación de instancias de gobierno y, de manera muy enfática, la independencia real para integrar su presupuesto y elegir sus órganos de dirección y mando, sin la intromisión del poder Ejecutivo”.
Lo que han hecho Alejandro Moreno, Rubén Moreira y Yolanda de la Torre, es exactamente lo contrario. Su alianza, dicen los impulsores de la salida de Moreno, es con un proyecto más sintonizado con un cálculo electoral, sucesorio y transexenal, que con el combate a la inseguridad.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
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