Jorge Romero, Marko Cortés y otros evitan condenar los hechos de violencia en los que participó el alcalde de Metepec, Fernando Flores. El PAN estatal saca comunicado en el que pide no emitir "juicios anticipados". El presidente se disculpa... con un saco de 50 mil pesos.
El secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán en Nanchital, Veracruz, desnudó una vez más la extrema vulnerabilidad de la prensa local en México, un sector que hoy se encuentra atrapado bajo la doble pinza del crimen organizado y el hostigamiento judicial de los gobiernos estatales. Mientras la Fiscalía de Veracruz reporta el rastreo de rutas de búsqueda y la presidenta Claudia Sheinbaum promete coordinación federal tras ser increpada por la madre de la comunicadora en Coatzacoalcos, organizaciones internacionales como ARTICLE 19 y CPJ alertan que este caso no es aislado; por el contrario, se suma a un historial de 32 comunicadores asesinados en la entidad y coincide con una preocupante escalada de persecución penal contra el periodismo crítico en estados como San Luis Potosí, Puebla y Campeche, demostrando que sin la protección de las voces regionales la impunidad gana terreno frente al silencio informativo
Un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Ometepec, Guerrero, se sintió con claridad en la Ciudad de México la tarde de este viernes 5 de junio, provocando desalojos espontáneos en diversas demarcaciones ante el absoluto silencio de los altavoces del C5. Tras el descontento ciudadano por la falta de activación de la alerta sísmica, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, aclaró que el sistema no se detonó debido a que el movimiento ocurrió a más de 300 kilómetros de la capital y no superó el umbral de magnitud 6.0; en tanto, dependencias locales encabezadas por el secretario de seguridad, Pablo Vázquez, y el director del Metro, Adrián Rubalcava, reportaron saldo blanco y la operación normal de la infraestructura tras la ejecución inmediata de los protocolos de revisión
Bajo la persistente lluvia de Coatzacoalcos, la dolorosa realidad de la violencia contra la prensa interrumpió la gira presidencial cuando Rubicelia Hernández, madre de la periodista secuestrada Roxana Berenice Guzmán, logró llegar hasta la ventanilla del vehículo de Claudia Sheinbaum para suplicarle, entre lágrimas, que le devuelva a su hija con vida. En un emotivo instante que congeló el bullicio de los simpatizantes, la mandataria federal sostuvo las manos de la desesperada mujer y le pidió mantener la calma con la promesa de que la directora de Pulso Informativo del Sureste "va a aparecer", mientras a nivel institucional la Fiscalía del Estado, encabezada por Lizbeth Jiménez, enfoca sus esfuerzos tecnológicos en rastrear el vehículo con placas clonadas y analizar la grabación que la propia comunicadora logró activar segundos antes de ser privada de su libertad
Jorge Romero, Marko Cortés y otros evitan condenar los hechos de violencia en los que participó el alcalde de Metepec, Fernando Flores. El PAN estatal saca comunicado en el que pide no emitir "juicios anticipados". El presidente se disculpa... con un saco de 50 mil pesos.
Notifica UIF a bancos congelamiento de cuentas de Rocha e hijos, Inzunza y otros implicados
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sus hijos, el senador Enrique Inzunza Cázares y otros nueve implicados señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico en una Corte de Nueva York. La medida, enviada a bancos mediante la CNBV, contempla el congelamiento de activos y la suspensión de operaciones financieras, mientras autoridades estadounidenses impulsan solicitudes de detención con fines de extradición contra varios de los acusados.
Jorge Romero, Marko Cortés y otros evitan condenar los hechos de violencia en los que participó el alcalde de Metepec, Fernando Flores. El PAN estatal saca comunicado en el que pide no emitir "juicios anticipados". El presidente se disculpa... con un saco de 50 mil pesos.
UIF notifica a bancos el bloqueo de cuentas a Rocha Moya y Enrique Inzunza. (Imagen elaborada con IA en Gemini. Los documentos son originales y oficiales)
EMEEQUIS.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió una notificación formal a las instituciones financieras del país para el bloqueo inmediato de las cuentas bancarias pertenecientes al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sus hijos Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz, así como el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros 9 implicados qué son acusados por narcotráfico en una Corte de Nueva York.
Conforme al Acuerdo 156/2026 emitido por la UIF el pasado 06 de Mayo de 2026 al sector financiero a través de la CNBV, esta medida implica la suspensión total de cualquier operación bancaria y el congelamiento de sus activos dentro del sistema financiero mexicano.
Este acuerdo se puede consultar en el sistema SITI (Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información) de la CNBV, específicamente el Portal SITI PLD/FT.
Esta es una plataforma oficial donde le notifican a los oficiales de cumplimiento de todas las financieras sobre las personas bloqueadas. A partir de que aparecen en esta lista, las financieras tienen 10 días hábiles para bloquear las cuentas y suspender toda actividad con esas personas.
El bloqueo financiero ocurre en medio de una creciente presión de autoridades de Estados Unidos, luego de que fiscales federales en una Corte de Nueva York solicitaran órdenes de detención con fines de extradición contra varios de los implicados señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico y operaciones de protección a “Los Chapitos”.
De acuerdo con las acusaciones presentadas en territorio estadounidense, las investigaciones apuntan a una presunta red de protección política, financiera y policial que habría permitido la operación del grupo criminal en Sinaloa, incluyendo el tráfico de drogas hacia territorio norteamericano y el uso de estructuras gubernamentales para encubrir actividades ilícitas.
Hasta ahora, el Gobierno de México no ha confirmado públicamente la ejecución de órdenes de captura contra los señalados, aunque sí permitió el avance de medidas financieras como el congelamiento de cuentas a través de la UIF y la CNBV.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que cualquier procedimiento relacionado con extradiciones deberá apegarse a los mecanismos legales y a los tratados de cooperación bilateral vigentes entre ambos países, mientras las investigaciones continúan tanto en México como en Estados Unidos.
Rubén Rocha Moya (Gobernador de Sinaloa): Señalado por pactar apoyo electoral a cambio de impunidad. Habría prometido designar aliados de la organización en puestos clave para facilitar el tráfico de drogas y garantizar la protección de sus operaciones durante su mandato.
Enrique Inzunza Cázares (Senador y exsecretario General): Acusado de fungir como el enlace directo entre el gobierno estatal y “Los Chapitos”, negociando protección institucional a cambio de favores políticos.
Enrique Díaz Vega (Exsecretario de Administración y Finanzas): Identificado como el coordinador logístico que entregaba información sobre rivales políticos al cártel para su eliminación o presión electoral, además de ser puente entre el Gobernador y los líderes criminales.
SEGURIDAD PÚBLICA Y MANDOS POLICIALES
Este sector es señalado por recibir sobornos directos para filtrar información operativa y proteger la logística del cártel:
Gerardo Mérida Sánchez (Exsecretario de Seguridad Pública): Habría facilitado información anticipada sobre redadas, permitiendo el traslado de drogas y equipo antes de las intervenciones.
Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez (“Cholo”): Ambos exjefes de la Policía de Investigación. Presuntamente recibieron 16,000 USD mensuales cada uno por permitir la libre operación del grupo y liberar a miembros detenidos.
José Antonio Dionisio Hipólito (“Tornado”): Comandante de la Policía Estatal. Habría recibido hasta 6,000 USD mensuales por ubicar agentes leales en puntos estratégicos, vender munición a la organización y alertar sobre operativos.
PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y GOBIERNOS LOCALES
Dámaso Castro Zaavedra (Vicefiscal General): Acusado de recibir pagos mensuales de 11,000 USD para alertar sobre operativos contra laboratorios, permitiendo que la organización destruyera o moviera evidencia.
Juan de Dios Gámez Mendívil (Alcalde de Culiacán): Habría recibido más de 10,000 USD mensuales en efectivo para asegurar la protección del grupo y evitar cualquier interferencia gubernamental en el municipio.
Juan Valenzuela Millán (“Juanito”): Comandante de la Policía Municipal de Culiacán. Señalado por participar directamente en delitos de alto impacto como secuestros y homicidios, entregando víctimas a los sicarios del cártel.
FAMILIARES
Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz, Eneyda Rocha Ruiz, José de Jesús Rocha Ruiz, los hijos de Rocha Moya, tambien son parte de este bloqueo que puso la UIF.
La UIF ordenó el bloqueo inmediato de cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, sus hijos y otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El congelamiento financiero fue notificado al sistema bancario mediante el Acuerdo 156/2026 a través de la CNBV.
Entre los implicados aparecen el senador Enrique Inzunza Cázares, mandos policiacos, funcionarios estatales y municipales de Sinaloa.
Las acusaciones en una Corte de Nueva York señalan una presunta red de protección política, policial y financiera vinculada con “Los Chapitos”.
Autoridades estadounidenses solicitaron órdenes de detención con fines de extradición contra varios de los involucrados.
El Gobierno de México no ha confirmado órdenes de captura, pero sí avanzó con medidas financieras a través de la UIF.
La administración de Claudia Sheinbaum sostiene que cualquier extradición deberá seguir los mecanismos legales y tratados bilaterales vigentes.
Jorge Romero, Marko Cortés y otros evitan condenar los hechos de violencia en los que participó el alcalde de Metepec, Fernando Flores. El PAN estatal saca comunicado en el que pide no emitir "juicios anticipados". El presidente se disculpa... con un saco de 50 mil pesos.
El secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán en Nanchital, Veracruz, desnudó una vez más la extrema vulnerabilidad de la prensa local en México, un sector que hoy se encuentra atrapado bajo la doble pinza del crimen organizado y el hostigamiento judicial de los gobiernos estatales. Mientras la Fiscalía de Veracruz reporta el rastreo de rutas de búsqueda y la presidenta Claudia Sheinbaum promete coordinación federal tras ser increpada por la madre de la comunicadora en Coatzacoalcos, organizaciones internacionales como ARTICLE 19 y CPJ alertan que este caso no es aislado; por el contrario, se suma a un historial de 32 comunicadores asesinados en la entidad y coincide con una preocupante escalada de persecución penal contra el periodismo crítico en estados como San Luis Potosí, Puebla y Campeche, demostrando que sin la protección de las voces regionales la impunidad gana terreno frente al silencio informativo
Un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Ometepec, Guerrero, se sintió con claridad en la Ciudad de México la tarde de este viernes 5 de junio, provocando desalojos espontáneos en diversas demarcaciones ante el absoluto silencio de los altavoces del C5. Tras el descontento ciudadano por la falta de activación de la alerta sísmica, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, aclaró que el sistema no se detonó debido a que el movimiento ocurrió a más de 300 kilómetros de la capital y no superó el umbral de magnitud 6.0; en tanto, dependencias locales encabezadas por el secretario de seguridad, Pablo Vázquez, y el director del Metro, Adrián Rubalcava, reportaron saldo blanco y la operación normal de la infraestructura tras la ejecución inmediata de los protocolos de revisión
Bajo la persistente lluvia de Coatzacoalcos, la dolorosa realidad de la violencia contra la prensa interrumpió la gira presidencial cuando Rubicelia Hernández, madre de la periodista secuestrada Roxana Berenice Guzmán, logró llegar hasta la ventanilla del vehículo de Claudia Sheinbaum para suplicarle, entre lágrimas, que le devuelva a su hija con vida. En un emotivo instante que congeló el bullicio de los simpatizantes, la mandataria federal sostuvo las manos de la desesperada mujer y le pidió mantener la calma con la promesa de que la directora de Pulso Informativo del Sureste "va a aparecer", mientras a nivel institucional la Fiscalía del Estado, encabezada por Lizbeth Jiménez, enfoca sus esfuerzos tecnológicos en rastrear el vehículo con placas clonadas y analizar la grabación que la propia comunicadora logró activar segundos antes de ser privada de su libertad
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