Con una sonrisa irónica, Claudia Sheinbaum aclara que los brigadistas del Ejército mexicano aún no despegan rumbo a Colombia porque el gobierno de ese país exige una “certificación”.
Si el proceso contra Aguirre Rivero se queda en una detención espectacular, Ayotzinapa volverá a ser usado políticamente. Si se convierte en una ruta seria hacia mandos, encubridores y redes criminales, puede ser el primer avance real en años. La opinión de @Odra__sir.
El avión llegó a Santa Lucía procedente del Aeropuerto de Matecaña, en la ciudad de Pereira, Colombia: todas las personas repatriadas se encuentran a salvo y en buen estado de salud.
Contraloría de Veracruz sale al rescate de Rocío Nahle, al considerar su declaración patrimonial “confidencial”, por contener datos personales, sin embargo, un análisis técnico obtenido por EMEEQUIS señala que el comité tomó la determinación ANTES de la solicitud de transparencia.
Con una sonrisa irónica, Claudia Sheinbaum aclara que los brigadistas del Ejército mexicano aún no despegan rumbo a Colombia porque el gobierno de ese país exige una “certificación”.
Si el proceso contra Aguirre Rivero se queda en una detención espectacular, Ayotzinapa volverá a ser usado políticamente. Si se convierte en una ruta seria hacia mandos, encubridores y redes criminales, puede ser el primer avance real en años. La opinión de @Odra__sir.
Con una sonrisa irónica, Claudia Sheinbaum aclara que los brigadistas del Ejército mexicano aún no despegan rumbo a Colombia porque el gobierno de ese país exige una “certificación”.
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*Por Odracir Ricardo Espinoza Valdez
EMEEQUIS.– La vinculación a proceso del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, no cierra el caso Ayotzinapa, ni siquiera de cerca; lo reabre en el lugar donde siempre debió estar, en la responsabilidad política y penal de quienes tenían mando, información y obligación de actuar. Un juez federal determinó que existen datos suficientes para procesarlo por desaparición forzada, bajo la hipótesis de que, como servidor público, habría ocultado información de alta relevancia sobre la desaparición de los 43 normalistas; permanecerá en prisión preventiva en el Altiplano y la FGR tendrá cuatro meses de investigación complementaria, veremos que más se detalla en esa parte de la investigación.
El punto clave es jurídico, sí, pero también es moral: si la Fiscalía sostiene que se ocultaron videos del autobús —el que habría sido interceptado por policías municipales y estatales en Iguala—, entonces no hablamos sólo de omisiones. Hablamos de una posible operación de encubrimiento desde el poder. La FGR ha dicho que el ocultamiento de grabaciones no fue un acto aislado, sino una operación “dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal”, fuerte y exhibe lo que siempre en vox populi se sostuvo el Poder detrás de las desapariciones.
Ayotzinapa siempre fue más que una desaparición. Fue la convergencia criminal que México se niega a mirar completa: policías locales, autoridades estatales, crimen organizado, mandos federales, ministerios públicos deficientes, tortura, fabricación de pruebas, expedientes manipulados y gobiernos administrando versiones, el ejército, el presidente municipal, etc. La propia Secretaría de Gobernación, desde la Comisión para la Verdad, llegó a definirlo como “crimen de Estado”, lo recuerdan, por la famosa negativa, ocultamiento y manipulación que hubo de las autoridades, y por la participación de agentes estatales con apoyo o consentimiento del Estado.
Por eso incomoda tanto que esta detención llegue casi 12 años después. No porque no deba ocurrir, sino porque exhibe el tamaño de la impunidad ramplona y vergonzosa que prevalece en nuestro país. Si había testimonios, registros telefónicos, cámaras, sábanas de llamadas, documentos y líneas pendientes, ¿por qué tardamos una década en llevar a proceso a quien gobernaba Guerrero la noche de Iguala? El caso Ayotzinapa es también un juicio contra la lentitud calculada y vaya estratégica del Estado mexicano.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el objetivo es “saber la verdad, hacer justicia y encontrar a los jóvenes”, y anticipó que nuevas líneas de investigación pueden derivar en más detenciones. Esa frase debe tomarse en serio, pero también debe ser exigida, no que se quede como pasa con otros temas, en el olvido del vaivén de problemas y escándalos que se suman día con día en nuestro país. La verdad no puede ser un eslogan sexenal ni una conferencia anunciada, debe convertirse en una justicia real e integral, ya basta.
La lectura jurídica es clara: la vinculación a proceso no es condena, apenas comienza. Ángel Aguirre conserva presunción de inocencia y la defensa podrá combatir la hipótesis de la Fiscalía. Pero la investigación complementaria debe servir para algo más que robustecer una imputación: debe abrir el mapa completo de responsabilidades, de desenmacarar a todos y cada uno de los involucrados, peguntémonos, ¿Quién recibió los videos? ¿Quién los sustrajo? ¿Quién ordenó destruirlos? ¿Qué funcionarios estatales participaron? ¿Qué autoridades federales supieron? ¿Qué vínculos existían con Guerreros Unidos? ¿Qué se ocultó después?
Los próximos pasos deben ser precisos: judicializar a todos los servidores públicos de primer nivel que participaron en la supuesta operación; garantizar acceso ordenado a las familias y sus representantes a la investigación por su derecho de víctimas; transparentar avances sin violar debido proceso y dar el resultado anhelado: justicia real e integral. El Gobierno de México informa que ha fortalecido la fiscalía especial y que da seguimiento a causas penales por delincuencia organizada y desaparición forzada; ahora debe demostrar que ese fortalecimiento no es burocracia, sino capacidad real y que demuestre que si existe la justicia en México.
Cierro con dos conclusiones.
Primera: si el proceso contra Aguirre se queda en una detención espectacular, Ayotzinapa volverá a ser usado políticamente. Si se convierte en una ruta seria hacia mandos, encubridores y redes criminales, puede ser el primer avance real en años.
Segunda: el Estado mexicano debe entender que la deuda no es sólo con 43 familias; es con un país entero que aprendió que la desaparición también puede ser administrada desde oficinas públicas. Y cuando el Estado oculta la verdad, no sólo desaparecen personas: desaparece la confianza en la justicia y la propia justicia se desvanece cada día que pasa.
“No estamos todos, nos faltan 43”.
*Mtro. Odracir Ricardo Espinoza Valdez.
Abogado Penalista, Académico, Primer Fiscal Anticorrupción del País y Ex asesor Legal del Departamento de Justicia de EU en México.
Con una sonrisa irónica, Claudia Sheinbaum aclara que los brigadistas del Ejército mexicano aún no despegan rumbo a Colombia porque el gobierno de ese país exige una “certificación”.
Si el proceso contra Aguirre Rivero se queda en una detención espectacular, Ayotzinapa volverá a ser usado políticamente. Si se convierte en una ruta seria hacia mandos, encubridores y redes criminales, puede ser el primer avance real en años. La opinión de @Odra__sir.
El avión llegó a Santa Lucía procedente del Aeropuerto de Matecaña, en la ciudad de Pereira, Colombia: todas las personas repatriadas se encuentran a salvo y en buen estado de salud.
Contraloría de Veracruz sale al rescate de Rocío Nahle, al considerar su declaración patrimonial “confidencial”, por contener datos personales, sin embargo, un análisis técnico obtenido por EMEEQUIS señala que el comité tomó la determinación ANTES de la solicitud de transparencia.
