Almanza se mantiene en su postura de inocencia y de negativa a entregarse a Estados Unidos. Se queda en dos la cifra de procesados en EU.
El cerco judicial estadounidense sobre la estructura de seguridad de Sinaloa sumó un nuevo eslabón con la entrega voluntaria de Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación del estado, quien es señalado por el Departamento de Justicia de EE. UU. de mantener presuntos nexos y facilitar el intercambio de información táctica con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. El movimiento del exjefe policiaco representa un giro radical en su estrategia legal, ya que días antes había comparecido ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán para rechazar categóricamente las acusaciones y asegurar que no se presentaría ante las cortes norteamericanas
El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, comparecerá este lunes 1 de junio de 2026 ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, marcando el primer careo formal de alto nivel dentro del llamado caso Rocha Moya. El exfuncionario de 66 años, quien se entregó voluntariamente en Arizona el pasado 11 de mayo, ya se declaró "no culpable" de cargos federales por conspiración para importar narcóticos y posesión de armamento; sin embargo, el Departamento de Justicia de EE.UU. sostiene que aprovechó su posición estratégica para recibir pagos ilícitos y realizar filtraciones sistemáticas de información confidencial para proteger a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa
En una proeza de velocidad que desafía cualquier ley de la física y la lectura comprensiva, los congresos estatales operaron a la velocidad de la luz para otorgar rango constitucional al polémico blindaje electoral de Morena y sus aliados en menos de 11 horas. Con el voto aprobatorio ultra exprés de 17 legislaturas locales para la reforma judicial electoral y 18 para la nulidad por intervención extranjera, el bloque oficialista consumó un agresivo rediseño del sistema político mexicano —que incluye el generoso "regalazo" de hasta 18 años en el cargo para los magistrados del TEPJF—, dejando listo el terreno para la declaratoria oficial en el Congreso de la Unión sin que los diputados locales se vieran en la penosa y tardada necesidad de leer las minutas
Almanza se mantiene en su postura de inocencia y de negativa a entregarse a Estados Unidos. Se queda en dos la cifra de procesados en EU.
El monto máximo otorgado por el gobierno a Minsa, mediante adjudicación directa, es de 346 millones 175 mil 400 pesos. Altagracia Gómez Sierra, consultora empresarial de Sheinbaum, preside el Consejo de Administración.
Almanza se mantiene en su postura de inocencia y de negativa a entregarse a Estados Unidos. Se queda en dos la cifra de procesados en EU.
.svg){kind=small}
La consultora estrella de Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro.com.
EMEEQUIS.- Minsa, empresa propiedad de la familia de Altagracia Gómez, la asesora empresarial de Claudia Sheinbaum, recibió un contrato de 346 millones de pesos del gobierno federal para el periodo de marzo a diciembre de 2025, mientras campesinos cierran carreteras en busca de un mejor precio por tonelada.
La presidenta Sheinbaum suele repetir como frase de batalla: “Sin maíz, no hay país”.
El contrato fue otorgado por la Dirección Comercial de Alimentación para el Bienestar (DICONSA) con el concepto de “Servicio Integral de Transformación de Maíz de DICONSA en Harina de Maíz Nixtamalizada Marca Propia, Así como su Empaque y Suministro, para cumplir con el Objetivo del Programa de Abasto Rural en su Componente Maíz para Todos” a través de un procedimiento de adjudicación directa.
El componente Maíz para Todos del Programa de Abasto Rural, cuyas Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2025 se publicaron el 24 de enero de 2025, tiene como objetivo abastecer de maíz en grano y/o harina por debajo del precio de mercado a personas productoras de tortilla en 3,500 localidades de 13 estados de la República con población mayoritariamente indígena y afromexicana.
La urgencia en la obtención de la harina para operar el programa y su objetivo de beneficiar a la población más vulnerable fueron los factores clave para determinar la contratación mediante adjudicación directa, fundamentada en el Artículo 41, Fracción XII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
El proveedor seleccionado tras el análisis de cotizaciones fue Minsa, empresa propiedad de la familia de Altagracia Gómez. El servicio de transformación se prestará hasta el 31 de diciembre de 2025 y el Costo Unitario del Servicio está compuesto por el flete, la maquila y el empaque. El costo fijo de Maquila es de $3,962.96 y el de Empaque es de $249.90 para todas las unidades operativas.
El Monto Máximo Total Adjudicado (sin IVA) a Minsa Comercial, S.A. de C.V. es de $346,175,400.00, para lo cual la empresa debe garantizar el cumplimiento con una póliza de garantía o cheque certificado por el 10%, equivalente a $34,617,540.00.
Altagracia Gómez Sierra es presidenta del Consejo de Administración (o Chairwoman of the Board) en Grupo Minsa S.A.B. de C.V. Grupo Minsa es una empresa líder en la producción de harina de maíz nixtamalizado, subsidiaria de Promotora Empresarial de Occidente (PEO).
El pasado 24 de noviembre escalaron las protestas de los campesinos que exigen el cumplimiento del compromiso de garantizar mercado a 700 mil toneladas de maíz blanco, además de mejores precios.
En Sinaloa, a días de iniciar la siembra otoño-invierno, los productores advierten que “no es negocio”. Los harineros pagan poco más de 4 pesos el kilo de maíz. Venden la tortilla a 27 el kilo.
No hay apoyos, no hay certidumbre de precio y la inseguridad disparó la caída de producción casi 50% respecto a 2022. Ejidatarios amenazan con no sembrar este ciclo.
En Jalisco, un campesino le hizo a la mesa del gobierno el siguiente reclamo: “Por qué subieron la tortilla a 25, 30 pesos cuando pagan el maíz a cuatro pesos? Y con un kilo de maíz ya es 1 kilo y 700 gramos de tortilla. ¿A quién están protegiendo, chingada madre? Tengamos vergüenza, compañeros. Es una vergüenza lo que están haciendo con nosotros. ¿Dónde están los empresarios? ¿Por qué se están burlando de nosotros? Vean lo que no tenemos para comer, para comprar medicinas, para pagar doctores. Esto es privilegio de ustedes, de los funcionarios, que van a la escuela a sus hijos, universidades caras en otro país, carros del año, teléfonos de lujo, computadoras carísimas. Y los campesinos, ni para mal vestidos, mal calzados, mal comidos, bien trabajados. ¿Qué chingada madre nos queda, por favor?”.
@jorgegogdl
Almanza se mantiene en su postura de inocencia y de negativa a entregarse a Estados Unidos. Se queda en dos la cifra de procesados en EU.
El cerco judicial estadounidense sobre la estructura de seguridad de Sinaloa sumó un nuevo eslabón con la entrega voluntaria de Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación del estado, quien es señalado por el Departamento de Justicia de EE. UU. de mantener presuntos nexos y facilitar el intercambio de información táctica con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. El movimiento del exjefe policiaco representa un giro radical en su estrategia legal, ya que días antes había comparecido ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán para rechazar categóricamente las acusaciones y asegurar que no se presentaría ante las cortes norteamericanas
El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, comparecerá este lunes 1 de junio de 2026 ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, marcando el primer careo formal de alto nivel dentro del llamado caso Rocha Moya. El exfuncionario de 66 años, quien se entregó voluntariamente en Arizona el pasado 11 de mayo, ya se declaró "no culpable" de cargos federales por conspiración para importar narcóticos y posesión de armamento; sin embargo, el Departamento de Justicia de EE.UU. sostiene que aprovechó su posición estratégica para recibir pagos ilícitos y realizar filtraciones sistemáticas de información confidencial para proteger a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa
En una proeza de velocidad que desafía cualquier ley de la física y la lectura comprensiva, los congresos estatales operaron a la velocidad de la luz para otorgar rango constitucional al polémico blindaje electoral de Morena y sus aliados en menos de 11 horas. Con el voto aprobatorio ultra exprés de 17 legislaturas locales para la reforma judicial electoral y 18 para la nulidad por intervención extranjera, el bloque oficialista consumó un agresivo rediseño del sistema político mexicano —que incluye el generoso "regalazo" de hasta 18 años en el cargo para los magistrados del TEPJF—, dejando listo el terreno para la declaratoria oficial en el Congreso de la Unión sin que los diputados locales se vieran en la penosa y tardada necesidad de leer las minutas
